Bolsonaro fortalecido Por Eric Nepomuceno / | Diario Página/12, Argentina

El mes empezó siendo de vital importancia para el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro, al que le quedan dos años de mandato: es que el 1 de febrero fueron elegidos los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

Un puesto clave para Bolsonaro es la presidencia de la Cámara: de su titular depende, entre muchas otras cosas, la pauta de votaciones. Y, en especial, la decisión de poner en votación uno – solamente uno – de los 64 pedidos para abrir un proceso de destitución por la cantidad de crímenes de responsabilidad comprobadamente cometidos por el mandatario, principalmente durante la pandemia que mató a más de 235 mil brasileños.

Para hacerse con un aliado en puesto de semejante importancia, Bolsonaro no midió esfuerzos: quemó alrededor de 700 millones de dólares atendiendo a enmiendas de diputados, valor destinado a sus corrales electorales.

Es tradición en Brasil, desde la retomada de la democracia en 1985, que los presidentes negocien con el grueso del Congreso – diputados o inexpresivos, puras nulidades, pero que se agrupan – liberación de recursos a cambio de votos. A lo largo de los últimos 46 años ningún presidente logró eludir ese juego.

Algunos, como Fernando Henrique Cardoso, más. Otros, como Lula da Silva, menos. Y quien intentó eludir o al menos dominar ese sistema, la ex mandataria Dilma Rousseff, terminó por ser catapultada de la presidencia por un golpe institucional en el Congreso.

Pese a la insistencia en mencionar su condición de militar retirado, Bolsonaro pasó escasos siete años en el Ejército, y salió muy mal. Pasó, por otro lado, 28 años como diputado. Un diputado obscuro, inoperante, que no hizo más que atender a los pedidos de su base electoral –policías, militares de bajo rango, grupos de sediciosos– y aceptó toda y cualquier brecha para encontrar beneficios al margen de la ley. Así que conoce no solo de cerca, sino desde adentro cómo funciona la cuestión de compra de respaldo de diputados por parte del gobierno.

Ahora mismo, logró elegir a su candidato, Arthur Lira, para presidir la Cámara. Es un par suyo: enjuiciado por corrupción, apropiación de recursos públicos y hasta de agresión física a su entonces esposa.

En las primeras propuestas entregadas por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en el inicio de la nueva gestión, se destacan la liberación total de la compra y uso de armas de fuego, limitaciones en la ley de aborto, licencia para que policías y militares maten a sospechosos sin enfrentar la Justicia, liberación de minería en tierras indígenas, limitación de control ambiental.

Bolsonaro y el círculo más íntimo de seguidores creen que, al comprar votos suficientes para elegir un presidente confortable para la Cámara de Diputados, se fortalecieron para llegar a 2022 con ventaja en la disputa de las elecciones presidenciales. Quizá se olvidan de un punto esencial: no es justo decir que la mayor parte de los diputados se venden. En realidad, se alquilan: piden algo, reciben, votan de manera favorable. Luego piden más, y si no reciben, se transforman en oposición.

Bolsonaro debería saberlo: por casi tres décadas, ha sido uno de los más dignos representantes de esa clase abyecta de diputado. Mientras, el país sigue sumergido en la pandemia, sin que haya ninguna acción coordinada por el ministro de Salud, un general activo que además de haber esparcido uniformados por puestos antes ocupados por médicos e investigadores, no hace más que cumplir lo que dictamina el presidente desorbitado.

El ingreso de Brasil en la OCDE, capilla principal del capitalismo global, se ve amenazado por la devastación ambiental. Varias multinacionales de peso del sector de alimentos fueron expurgadas de países europeos por sospecha de complicidad con acciones de devastación forestal.

Más que nunca, Brasil es un paria en el mundo. Más que nunca, Bolsonaro parece fortalecido en el Congreso. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe: todo dependerá del precio de alquiler de los diputados tan infames como el actual presidente supo ser en sus tiempos de parlamentario.

El papel de los militares

Por Jeferson Miola, Brasil 247. Traducido para Rebelón por Alfredo Iglesias Diéguez

La actividad criminal del gobierno de Bolsonaro en la masacre de Manaus volvió a poner el papel de los militares en el gobierno en el centro del debate político. Además, el hecho de que el ministro de Salud sea un general en activo en el ejército brasileño provoca más preocupación al respecto.

El debate público sobre la cuestión militar pone de relieve la incomprensión [o negación] imperante en la esfera de la política e intelectual sobre el papel que desempeñaron los militares en la génesis, primero, y en la evolución del momento histórico actual, después.

Esta incomprensión/negación y también la renuencia -sin argumentos plausibles ni referencias empíricas- a admitir el liderazgo y la responsabilidad central de los militares en este brutal proceso de devastación del país, es notable.

Es sobradamente conocida la participación de altos funcionarios: 1) en la desestabilización del entorno político y la conspiración que derrocó a Dilma, 2) en el ‘empaderamiento’ de la Corte Suprema y en la protección de las instituciones para mantener a Lula preso e inhabilitado electoralmente, 3) en la elección de Bolsonaro a la presidencia de la República y 4) en los ataques perpetrados contra el estado de derecho.

El mito de la profesionalidad de los militares, nacionalistas, patriotas, desarrollistas y leales a la Constitución, sigue siendo una fuente fructífera de ilusiones y autoengaños en el mundo civil.

Muchos analistas, líderes políticos e incluso ex ministros de Estado, eximen a los militares de la responsabilidad del desastre. Prefieren, de alguna manera, victimizarlos, como si fueran “profesionales” bien intencionados, de abnegado espíritu público, que, desafortunadamente, fueron “engañados” por el ex capitán que se habría vuelto loco y que no es posible hacer que vuelva al redil.

Esta teoría es contraproducente. Bolsonaro es un viejo conocido de los altos mandos y una figura identificada con la tropa, especialmente con el ejército y con la policía militar. Además, es compañero de la mayoría de los generales salidos de la academia militar de Agulhas Negras (AMAN), que surgidos de las entrañas de la dictadura, hoy comandan las Fuerzas Armadas, el gobierno y controlan el poder.

La intervención federal en Río en 2018 [GLO (decreto de Garantía de la Ley y el Orden), decretado por Temer], además, les proporcionó la posibilidad de sumergirse en el submundo de los negocios y los propósitos del clan Bolsonaro.

El general Braga Netto, cuando fue representante del gobierno federal en Río cuándo Temer decretó la intervención en la seguridad de ese estado, “se ganó la reputación de tener el CPF, el nombre y la dirección de cada militar destinado en Río”. Sería muy extraño, por lo tanto, que Braga Netto no supiera nada sobre as conexiones de Bolsonaro con Queiroz y con los militares Adriano da Nóbrega y Ronnie Lessa, quién, casualmente, es el asesino de la concejala Marielle Franco y, también otra casual coincidencia, vecino de Bolsonaro en la finca Vivendas da Barra, en el lujoso y exclusivo barrio de Río, Barra da Tijuca.

A la luz de los hechos actualmente conocidos y de la literatura actualizada por historiadores y especialistas en la cuestión militar [por ejemplo, el libro “O Brasil no espectro de uma guerra híbrida “, de Piero Leirner], es necesario asumir el hecho de que no es Bolsonaro quien está al mando del proceso histórico y político nacional, sino los militares.

Incluso después del final de la dictadura militar (1964-1985), la politización y la ideologización siguieron en los cuarteles con un sesgo marcadamente anticomunista y neoliberal. Además, por supuesto, de la demonización del enemigo interno permanente, es decir, el PT y la izquierda.

Los militares siempre abrigaron el deseo de volver al poder… y Bolsonaro fue funcional en la implementación de ese plan, garantizando lo que no los militares tendrían difícil obtener: voto y popularidad.

Bolsonaro, en este sentido, es la máquina electoral del “Partido Militar”. Su candidatura a la presidencia fue lanzada, sintomáticamente, en el patio de AMAN el 29 de noviembre de 2014, cuatro años antes de las elecciones de 2018, adonde acudió con motivo del acto de graduación de cadetes de Agulhas Negras, que fue presidido, irónicamente, por la entonces ministra de Defensa del gobierno de Lula: Dilma Rousseff, quien no detectó la flagrante ilegalidad e indisciplina de ese acto político.

Una vez anunciada esa candidatura, los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la maquinaria conspirativa. Hoy se conocen, por ejemplo, las reuniones secretas de Temer con los generales conspiradores Villas Bôas y Sérgio Etchegoyen en 2015, un año antes de la farsa del impeachment que golpeó a Dilma, que había nombrado a esos traidores para el alto mando del ejército.

Durante el breve gobierno del usurpador Temer (del Movimiento Democrático Brasileño, MDB), los militares pusieron en marcha la reestructuración de los órganos de inteligencia, información y espionaje e iniciaron la colonización del Estado por parte del “Partido Militar”.

En el actual gobierno, este proceso ha avanzado exponencialmente. Más de 11.000 militares están copando diversos puestos de gestión en el sector público. No obstante, en la gran mayoría de los casos, están absolutamente incapacitados para ejercer las funciones civiles que se les asignaron; véase, en particular, lo que acontece en el ministerio de Salud, convertido en un cuartel por el ministro-general de la muerte, Eduardo Pazuello.

La campaña presidencial de Bolsonaro fue coordinada por personal militar en activo y en la reserva de alto rango. Sin embargo, algunos empiezan a disentir del monstruo que ayudaron a crear, pero no con el régimen y las directrices del gobierno militar en curso.

El general Fernando Azevedo e Silva, con funciones ejecutivas en la campaña de Bolsonaro, fue designado en septiembre de 2018 por el general Villas Bôas para actuar como asesor del entonces presidente del STF , Dias Toffoli.

De hecho, unos días antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2018, reuniéndose apresuradamente con los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), ” Toffoli describió un escenario sombrío. Recordó que el entonces comandante del ejército, el general Villas Bôas, contaba con 300.000 hombres armados que en su mayoría apoyaban la candidatura de Jair Bolsonaro. A su vez, el candidato y sus seguidores, incluidos los militares, pusieron bajo sospecha la credibilidad del proceso electoral, especialmente de las urnas electrónicas” [tomado del libro Os Onze, de Felipe Recondo y Luiz Weber, p. 16-17].

El mismo Villas Bôas, en una inaceptable actitud de intromisión en el escenario político, que en un régimen democrático provocaría su renuncia inmediata del cargo, inundó el muro del STF con tuits amenazantes. Como posteriormente se encargó de confirmar la realidad, esa amenaza fue plenamente efectiva en su misión de intimidar a un Tribunal Supremo comprometido con el estado de excepción, acobardado y empequeñecido ante la Historia.

Bolsonaro mostró su gratitud por el compromiso golpista del mando militar: “General Villas Boas, todo de lo que hablamos quedará entre nosotros. Eres uno de los responsables de que yo esté aquí”.

Una vez en el gobierno, los mandos militares mantuvieron un peligroso silencio ante los ataques de Bolsonaro y la horda fascista que le rodea al estado de derecho, como ocurrió el 19 de abril, cuando defendió el cierre del STF y del Congreso frente a la cuartel general del ejército brasileño.

Los militares se jactan de que, esta vez, regresaron al poder por la vía democrático-electoral y no tienen pensado renunciar a ese poder conquistado “legítimamente”, lo que plantea una inquietante incógnita con respecto al horizonte que se abre de aquí al año 2022.

El eventual impeachment contra Bolsonaro podría ser una válvula de escape para continuar saqueando al país y para contener la crisis de legitimidad del gobierno militar. La caída de Bolsonaro, sin embargo, a pesar de no sacudir el proyecto de poder de los militares, le quita la fuerza electoral y popularidad que le aseguraría al “Partido Militar” en 2022.

Con el general Mourão, el régimen uniformado puede incluso simular una apariencia menos dantesca. Pero esto está lejos de representar un cambio en el proyecto genocida, antinacional y de devastación en curso. Son ellos, los militares, y no Bolsonaro, quienes mandan y controlan las riendas de este terrible proceso que arrojó a Brasil al precipicio fascista.