Costa Rica: derechas en conflicto y tensión popular Por Nery Chaves García | Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

Costa Rica: derechas en conflicto y tensión popular Por Nery Chaves García | Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
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Costa Rica transita una crisis política general, acelerada por la pandemia de Covid-19, pero que expresa el acumulado de descontentos sociales hacia las políticas económicas emanadas de las administraciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), liderado hoy por el presidente Carlos Alvarado Quesada.

Huelgas, cortes de ruta, protestas sociales y represión de las fuerzas del Estado han sido parte del escenario cotidiano en las últimas semanas del país centroamericano.

El detonante de la crisis

En 2014, el triunfo del Partido Acción Ciudadana (PAC) significó una alternativa política al bipartidismo reinante en Costa Rica desde la década de los años 80, protagonizado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. En 2018, bajo el liderazgo de Alvarado Quesada, es reelegido el PAC en segunda vuelta, sobre el candidato neopentecostal, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN).

El detonante de la actual crisis fue la noticia de un segundo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), esta vez por $1,750 millones (el primero fue a través de un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por la suma de $508 millones). El descontento frente al nuevo préstamo ha sido amplio, al nivel de abarcar tanto sectores de la izquierda, como de la derecha y la ultraderecha, y llevando al país a una situación límite de gobernabilidad.

Los puntos del préstamo que han causado más críticas son: i) impuestos sobre bienes inmuebles, sin el reconocimiento de tramos diferenciados; ii) impuestos a las transacciones electrónicas, sin ninguna especificidad a las grandes transacciones monetarias; iii) impuesto sobre la renta, considerando tramos de la clase medida y iv) venta de activos del Estado: tierras, la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

Sin embargo, el descontento con el Partido Acción Ciudadana desde los sectores más cercanos a la izquierda y el progresismo viene consolidándose desde antes. En septiembre de 2018, la segunda administración del PAC impulsó una reforma fiscal profundamente regresiva: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida popularmente como “Combo Fiscal” gravó la canasta básica al 1%, los medicamentos al 4%, estableció el IVA al 13%, gravó los insumos agrícolas, desestimó el presupuesto a instituciones sociales y estableció límites a la negociación de convenios colectivos. Estas medidas generaron protestas y huelgas, sin embargo, la respuesta del PAC en 2020 fue la aprobación de una ley que norma e incluso podría ilegalizar las huelgas como medida de presión.

Aunado a ello, la situación económica ha venido desmejorando sistemáticamente llegando a una contracción del PIB del 3,6%, lo que ha mantenido la economía del país en estado de agudización permanente por las medidas de confinamiento y el auge de la pandemia de Covid-19.

Al 10 de noviembre, Costa Rica está lejos de superar la pandemia, con una población poco mayor a los 5 millones de personas, lleva 118,566 de casos confirmados y 1,502 personas fallecidas.

Cifras de la crisis

En este contexto, las cifras económicas son alarmantes:

► Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tasa de desempleo alcanzó la histórica cifra de 20,1 %.

► La caída en las exportaciones es de -5,3 % y en el consumo de los hogares de -0,9 %.

► Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2020 (INEC), la pobreza aumentó en 5.2 puntos porcentuales mientras que la pobreza extrema alcanzó el 7,0 %.

► Además, el ingreso promedio de los hogares presenta una fuerte caída. En la zona urbana disminuyó 13,7 % y en la rural 5,7 %.

► Según el Ministerio de Hacienda el déficit fiscal en 2020 alcanzó el 9,3 % del PIB y la deuda pública el 70 % del PIB.

Sobre este mapa de contracción económica, el Ejecutivo anunció la reapertura de comercios (incluyendo bares y restaurantes) durante el pico más alto de la pandemia, y presentó el primer borrador del préstamo al FMI, lo que desencadenó la ruptura con diversos sectores aliados y la acentuación del conflicto con sectores de izquierda y la ciudadanía en general.

Alvarado acorralado

Las tensiones se reflejan en la imagen presidencial: según una encuesta realizada antes de la crisis por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, un 50% valora negativamente la gestión de Alvarado, mientras que un 26% da valoraciones positivas y un 22% expresa valoraciones neutras; esta imagen se ha mantenido, con un ligero cambio a favor durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, que luego volvió a descender.

El ambiente de bloqueos, huelgas y protestas de calle se pronunció durante mediados de octubre, a pesar de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 que no parece menguar desde junio. Bajo estas condiciones, el presidente ha realizado varios llamados al diálogo, sobre todo con el sector empresarial y con los partidos políticos tradicionales. Actualmente se llevan a cabo unas nuevas mesas de diálogo multisectorial, convocadas en conjunto con el Poder Legislativo, dirigido por el pastor pentecostal Eduardo Cruickshank, luego del fracaso de la primera mesa de diálogo convocada a mediados de octubre.

Entre los sectores conservadores que han protestado contra el acuerdo del Gobierno con el FMI está la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), que se declaró en contra bajo la consigna “no más impuestos”. La UCCAEP alberga 49 cámaras privadas. Antes de esta coyuntura, su relación con el Gobierno de Carlos Alvarado había sido cercana.

Bajo esa misma consigna también se ubica el Movimiento Rescate Nacional, dirigido por políticos tradicionales del histórico bipartidismo imperante en Costa Rica. Este movimiento ha sido central en la convocatoria a los cortes de ruta y las movilizaciones. Sin embargo, los acontecimientos han dividido al Movimiento Rescate Nacional al punto de que uno de sus líderes, José Miguel Corrales, llamó a deponer las movilizaciones debido a “la presencia del narcotráfico” en los bloqueos, mientras que el también líder de la organización, Célimo Guido, pidió no detener las movilizaciones.

Al día de hoy, luego de suspender el primer borrador del acuerdo con el FMI −más no las negociaciones−, y de varios intentos fallidos de diálogo, se lleva a cabo una nueva mesa de diálogo multisectorial, donde se han sumado finalmente más de 70 sectores. Sin embargo, el Gobierno sigue sin convocar al Movimiento Rescate Nacional, el cual ha mantenido un espacio paralelo de diálogo convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

El sector empresarial también se ha dividido en torno al conflicto, pues la Cámara Costarricense de la Construcción y la Cámara de Comercio de Costa Rica, entre otros, se han manifestado en desacuerdo con la posición de la UCCAEP.

A todas luces, el conflicto se ha concentrado en las élites económicas y políticas del país, desplazando las demandas sociales de sectores populares y de la izquierda, quienes vienen exigiendo justicia fiscal desde 2018 ante la implementación del “Combo Fiscal”, lo que echa por la borda la imagen de estabilidad con la que se suele caracterizar a Costa Rica.

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