El Ecuador y la trama del fraude en una democracia sitiada Por Rafael Quintero López | Revista Correos Del Alba

“Quizás el rasgo diferenciador básico de un orden democrático radique en la expresión de opciones reales para las masas en los procesos electorales”. V.O. Key, Jr.

“La lucha nacional es plenamente realizable bajo el imperialismo, incluso se robustece pues éste no detiene el desarrollo del capitalismo ni el crecimiento de las tendencias democráticas, sino que agudiza el antagonismo entre estas aspiraciones democráticas y las tendencias antidemocráticas de los trusts”. V.I. Lenin.

I. Introducción

Toda elección se realiza en un escenario político, socio-económico nacional e internacional cambiante y así exhibe su particularidad y, a veces, su unicidad, al ser casi incomparable con otros comicios. Los de febrero de 2021 en Ecuador (presidenciales, de parlamentarios nacionales, provinciales y andinos) estuvieron precedidos por la triple proscripción de la organización del expresidente Correa, por decisión de las autoridades electorales del CNE; y cuando tras ese permanente acoso, el partido de la Lista 1 le abrió su registro al movimiento Revolución Ciudadana, y él fue postulado a Vicepresidente en la papeleta con Andrés Arauz, intervino como relámpago el aparato judicial para responder a todos los recursos de casación interpuestos en la defensa del acusado, y en 17 días se apuró una sentencia fraudulenta a fin de impedir su candidatura.

El hostigamiento y agresiones políticas por parte de actores políticos y de algunas institucionales estatales, –del gobierno central de su hoy declarado archienemigo (Moreno), de los medios de comunicación, que han sido medios de agresión a la cultura electoral democrática del pueblo, del evanescente Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía, acolitada incluso por la grotesca intervención de un Fiscal colombiano que fraguó una última calumnia contra el candidato Arauz, acusándolo de haber recibido un préstamo para financiar su campaña por parte de la guerrilla del ELN–, continuaron durante la campaña, con el fin de evitar el triunfo de la opción preferencial en la primera vuelta, según todas las encuestadoras, incluida la empresa contratada por el mayor contendor, el banquero Guillermo Lasso. En Ecuador, se gana en la primera vuelta al obtener 40% de los votos y una diferencia de al menos 10% con el inmediato contendor. Todas las encuestas señalaban ese triunfo, y algunas llegaron a dar una preferencia del 45% a favor del binomio de UNES.

Ya ante la imposibilidad de anular las candidaturas de Arauz-Rabascal, –por cierto de un progresismo muy moderado, pero que sin duda constituye la única opción democrática–, entró en acción otro recurso ya a todas luces inconfesable: la actuación desde dentro del sistema electoral ecuatoriano a cargo de actores político partidistas e institucionales para restarle posibilidades de acceso al sufragio a los electores, –a hombres y mujeres que componen el cuerpo electoral– a sabiendas de la alta preferencia que exhibían las candidaturas progresistas, llegándose a cometer un conjunto de actos contrarios a la democracia ecuatoriana que analizamos en este artículo.

Así, actuando bajo la última ratio de una elección: el de mermar la votación en activo de todo un pueblo, –ahí donde las circunstancias lo permitieran–, con el supuesto cierto de que de ese modo mermaban la probabilidad de que el binomio de UNES aumente su votación y llegue al margen de ganar en la primera vuelta, redujeron el electorado posible, por doquier, desorganizando el proceso comicial, administrándolo en desventaja de una efectiva participación electoral, trastrocando los horarios de las juntas receptoras del voto, anulando votos a granel e impidiendo el acceso a los recintos electorales, y forzando a los votantes permanecer en las calles (a la intemperie) fraguarían su cometido. Ya veremos si sus aparatos pulsaron todos esos mecanismos.

No me cabe la menor duda de que estas acciones antidemocráticas contra el binomio de UNES (Unión Nacional por la Esperanza) fueron también orquestadas por sus socios de Washington, capital de la inefable OEA y del gobierno que ultraja nuestra soberanía nacional, a su antojo. No me explico de otro modo los diversos viajes de altos funcionarios del gobierno de Moreno a los EEUU y a la OEA, días antes del proceso y durante la campaña. Pues, además de intentar derrumbar a la única opción progresista de estos comicios, la primera vuelta presidencial de febrero, tuvo otras cargas de agresiones, en las sobre–determinaciones por parte de quienes los miraron como realizadas en su “patio trasero”, e interfirieron impúdicamente en ellos, como lo hizo el gobierno de EEUU, a través de su embajador en Quito, Michael J. Fitzpatrick, con el afán de torcer sus resultados, con una tercera carta: la de desestabilizar todo el proceso, como ya lo hicieron en Bolivia en 2018 contra Evo Morales, según su política imperial de tratar –a toda costa– de impedir el triunfo del binomio Arauz-Rabascal.

Para ello, tendrían como operador central a un candidato de alquiler. Veamos pues, las consecuencias de estas dos consideraciones. Fitzpatrick fue nombrado por Donald Trump, llegó al país el 19 de junio del 2019 y asume el cargo habiendo cumplido misiones en Colombia, Filipinas, Kenia, Paraguay y Perú. En agosto de 2018 Donald Trump ya anunció su intención de nombrarlo su embajador en Quito a este diplomático oriundo del estado de Virginia.

II. ¿Qué varió entonces en esta elección comparada con otras?

En la primera vuelta se escogían Presidente y Vicepresidente, de entre 16 binomios; a 15 Asambleístas Nacionales de entre 17 listas presentadas, de sus respectivas organizaciones; a 116 Asambleístas provinciales de un total de 24 provincias ecuatorianas, propuestos por un número variable de organizaciones políticas provinciales que son también nacionales, o en su defecto solo son organizaciones provinciales; y a 6 Asambleístas del Exterior elegidos por los migrantes ecuatorianos agrupados en tres “regiones” (Europa, Asia y Oceanía; EEUU y Canadá; y América Latina, El Caribe y África), y propuestos por 15 organizaciones políticas; y a 5 Parlamentarios Andinos, propuestos por 15 organizaciones políticas.

Mucho varió en esta primera vuelta comparada con otras, y aquí evidenciado, en el contexto de la variabilidad de este proceso electoral.

1) Variaron los actores –partidos, movimientos, directivos de organizaciones políticas, candidatos con diverso tipo de liderazgos y personalidades, –y su número que se duplicó respecto a 2017, cuando hubo 8 binomios–, el cuerpo electoral, observadores interesados y corporaciones de todo tipo, e incluso esas “cantantes calvas” llamadas “organizaciones no-gubernamentales (ONG)”, que aparecen por doquier, con financiamiento local o internacional y que reemplazan con frecuencia a los partidos políticos como como acompañantes de campañas y escrutadores de los procesos en las urnas. Y, todo ello cambia de una lección a otra. Los actores cambian, incluso en número, claro está, entre la primera y la segunda vuelta electoral del mismo proceso. Al referirme a los actores, valga separar las cuatro candidaturas que tuvieron una votación competitiva y que se posicionaron en la escena política: las de Arauz-Rabascal, con 32.72% de los votos válidos (de aquí en adelante VV); la de Lasso-Borrero, que, al llegar segunda en la lid de febrero, iría al balotaje con 19.74% de los VV; la de Pérez-Cedeño, con 19.38 de los VV; y la de Hervas-Jijón, con 15.68% de los VV. Veamos cual es el perfil del plan de gobierno de cada una.

Los binomios encabezados por Guillermo Lasso y Xavier Hervas, el primero de la alianza conformada por el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) con el Partido Social Cristiano; y el segundo candidato de la Izquierda Democrática, respectivamente, se alinean ambos con un sinnúmero de propuestas asistencialistas neoliberales, aceptan el statu quo en las relaciones internacionales del país en el continente, no proponen ningún cambio estructural en la economía capitalista, ni de redistribución de la riqueza, ni siquiera por la vía fiscal, y que, en el caso de Hervas desdice de su apelativo de pertenecer a un partido supuestamente “socialdemócrata”. Ambos son adherentes al neoliberalismo y contrarios a los gobiernos progresistas de Nuestra América Meridional.

El binomio Arauz-Rabascal, es candidato de Unión por la Esperanza (UNES) (una alianza conformada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, de orientación social y liberal demócratas, apoyadas por diversas organizaciones de izquierda, entre ellas el PCE y diversos colectivos de izquierda como Resistencia Socialista, ex-PSE que dio un giro hacia la derecha).

El binomio se plantea retomar –con énfasis en la solución inmediata de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica– un proyecto progresista que el pueblo escogió durante 15 años, pero que fue defraudado por la traición de Moreno. Este binomio, en la primera vuelta recoge una “justicia de-colonial, plurinacional e intercultural” que interpela a los pueblos indígenas originarios del país, y tuvo candidatos del movimiento indígena (de varias organizaciones, incluyendo a un ex-vicepresidente de la CONAIE, y al presidente actual de la FEI) evidenciando un compromiso de participación real con un sector importante del movimiento indígena.

Y más allá de “reconocer que los agricultores y campesinos subsidian el bienestar de los ciudadanos urbanos” y de plantear que “en este marco es necesario pagar la deuda histórica que tiene el país con el agro”, surge la expectativa de que se avance hacia la tan proclamada Revolución Agraria, y ésta deje de ser una suerte de bête noire para el progresismo ecuatoriano. Aceptemos operacionalmente entenderlo como propone Ollantay Itzamna como “a las diferentes tendencias ideológico políticas que en las últimas décadas emergieron, fueron y son gobierno en algunos países de Abya Yala. Sus apuestas son: post neoliberalismo vía revisión de contratos de privatizaciones y fortalecimiento de los estados, redistribución social de excedentes económicos, repulsa a la presencia imperial norteamericana en la región, y apuesta por la integración regional”.

La propuesta del binomio Arauz-Rabascall, el único Plan que combina el progresismo con las propuestas nacional-populares del movimiento indígena en esta campaña.

El Plan de Gobierno de Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, el MPD y otros grupos menores, es el más corto entregado al CNE. Eso ayuda a que sea muy general, y ha sido calificado de “misterioso” por algunos y como “un folclorismo multi-culturalista” por otros. Se explica por ello que Guillermo Lasso, el jefe del neoliberalismo económico en esta campaña, cuando Pérez tenía posibilidades de entrar al balotaje, no dudó en afirmar que lo apoyaría en contra del progresismo, pues Pérez ha proporcionado amplias muestras de tener una posición contraria a toda reforma.

De ahí sus ataques muy conocidos contra los progresismos de Nuestra América Meridional, desde su posición de ser un cercano amigo del gobierno de EEUU. Tampoco el plan de Pérez explica cómo se abandonaría el esquema del Estado-nacional criollo centralista y como se implementaría el Estado Plurinacional, otro gran punto pendiente de la reforma anticolonial. Nada dice tampoco de una reforma agraria tan esperada por los centenares de miles de pobres del campo, y por los pueblos originarios, que no pueden seguir esperando que las empresas extranjeras vengan a llevarse la riqueza de la Madre Tierra, que Pérez propone mantener bajo tierra y agua. ¿Es acaso posible ejercer autodeterminación indígena en estados centralistas, o estados naciones criollos? Claro que no.

En la Constitución vigente promulgada en 2008 en Montecristi, se declaró al Estado ecuatoriano como plurinacional pero no se dio a las nacionalidades y pueblos originarios el poder para lograr auto-determinar ese carácter del Estado en territorios originarios, como si se lo hizo en Bolivia. Tal proclama fue entendida como una proclama favorable a la interculturalidad, que tuve efectos progresistas muy limitados, también examinados en esa obra. Según varios analistas, con los que estoy de acuerdo, una simple mirada al programa de Pérez, indicaría “que la “narrativa” eco comunitarista del candidato presidencial de PACHAKUTIK no es más que un “Caballo de Troya” que, ahora, los neoliberales traen hacia Ecuador para endilgar/distraer/desmovilizar a los pueblos originarios que luchan por su emancipación como pueblos. Y lo hacen mediante sus agentes de cooperación internacional y sus muletillas discursivas Pachamama fashion o neoindígena fashion”.

Por lo demás, los otros doce binomios tuvieron un total del 13.46% de los VV, promediando entre ellos un bajo 1.12% de ese electorado11. Entre ellos, la votación gobiernista dura, enemiga acérrima del progresismo, representada por tres binomios puestos en escena por el círculo del presidente Lenin Moreno, con gentes provenientes del antiguo movimiento de acción electoral recibido por Moreno en 2017–entre esas, una encabezada por la única mujer candidata a la Presidencia en esta campaña–, solo alcanzó el 2.76% de los VV, y con seguridad apoyará al voto contrincante al binomio Arauz-Rabascal en la incierta II vuelta. El resto fueron candidaturas, destinadas a diseminar la votación que podría acumular el binomio Arauz-Rabascal. Todas, por separado, con poca repercusión política.

2) De igual modo, cambian de una campaña y elección a otra, las instituciones “nacionales” que circunscriben o contextualizan normativamente al proceso electoral: los gobiernos centrales y los descentralizados, las cortes (incluidas las constitucionales y las de control), las fiscalías (hoy tan lanzadas al ruedo con su práctica del lawfare), las fuerzas públicas, los parlamentos, los tribunales electorales –nacionales y provinciales–, que pueden directamente “organizar” los procesos electrónicos de cómputos en los cuales se puede, ya sea, respetar o tergiversar los resultados (y hacer fraude) a favor de los candidatos perdedores en perjuicio de legítimos ganadores. Es en este terreno donde mayor experiencia histórica tiene el fraude.

Recordemos que el mayor ejemplo histórico de estas circunstancias en nuestro continente fue la actuación de los gobiernos de los once Estados Confederados en los EEUU de América que prácticamente despojaron a los afro-estadounidenses, a los indígenas y a los blancos pobres del derecho al sufragio en el Sur de ese país, hasta fines del siglo XIX; o, aquellos actores e instituciones que en el siglo XX y en nuestros tiempos pueden torcer la voluntad de los votantes, y permitir el triunfo de un solo partido en 70 años, como sucedía con el PRI mejicano; y las “fuerzas del orden” que modifican sus orientaciones políticas y sus posiciones, y acosan a los procesos electorales con amenazas de golpes de Estado, como ha estado ocurriendo en el Ecuador durante la campaña de primera vuelta, y luego de oficializarse la entrega pública de los resultados. En efecto, hubo pronunciamientos llamando a una intervención militar por parte de un militar en servicio pasivo. Fue un hecho aislado, pero existió. Pero, no fue aislado ese activismo de varias instituciones estatales tratando de evitar el llamado a una Segunda Vuelta Electoral y proponiendo intervenir directamente en procesos de exclusiva competencia del CNE.

3) Asimismo cambian las constituciones, leyes, reglamentos y planes o propuestas de campaña que pueden ser más o menos inclusivos y que regulan las elecciones y muchas veces se modifican, a conveniencia de unos y en perjuicio de otros. En Ecuador, fue desde la Revolución Liberal de 1895 cuando surgió un interés público por normar los derechos ciudadanos (y aun así era sólo para varones de 18 o 21 años, y solo para alfabetos en castellano) y ya se expresó entonces la preocupación por las garantías del sufragio a una reducida minoría de la población, destinadas a evitar el fraude electoral, muchas veces cometido con el acarreo de soldados. Cuando en 1931 el país tenía 2,010,029 habitantes, la población apta para votar ascendía a 587,540 mayores de 18 años alfabetos/as, pero hubo solamente 127.127 inscritos/as (el 17%), de los/as cuales el 91% eran hombres y el 9% eran mujeres. Los/as sufragaron llegaron a ser solo 62,117 personas, es decir que este país andino exhibía un bajísimo coeficiente de participación electoral (del 3.1).

Todas las constituciones ecuatorianas promulgadas desde entonces al presente –es decir, las constituciones de 1946, 1968, 1987, y 2008 que lo llama Consejo Nacional Electoral– han ratificado la creación y funcionamiento de una función electoral, que se supone independiente de otras funciones estatales y poderes del Estado. Por ello, resultó grave que el gobierno de Moreno, mediante una convocatoria a Consulta Popular en 2018, propusiera echar abajo al Consejo de Participación y Control Social, que había nombrado constitucionalmente a los órganos del Quinto Poder del Estado (el ciudadano), incluido un Consejo Nacional Electoral, no contaminado por inclinaciones partidistas.

4) Por otra parte, concurren con sus diferencias, de una elección a otra, las condiciones nacionales, en las que se lleva a cabo cada una de las elecciones organizadas por un poder público nacional relativo a lo electoral. ¿Garantizó éste, es decir el actual CNE, los derechos a la igualdad, a la efectiva participación y a la asociación de todos los actores políticos y se rigió por los principios de imparcialidad, transparencia, facilidad del acto electoral en el territorio nacional y en el extranjero, celeridad del acto de sufragio y la proclamación de resultados de los escrutinios en aras de preservar la voluntad popular?

Al observar lo acontecido durante este proceso, mi respuesta es negativa. Dado lo observado, el CNE, no solo no cumplió con respetar la extensión de la jornada electoral, sino que tampoco propició un ambiente nacional favorable a respetar los derechos de la ciudadanía. No solo que malogró, mediante decisiones discriminatorias la inscripción del nuevo partido que buscó tener un expresidente de la República –luego de perder la organización “Alianza PAIS Lista 35” dejada en manos de su impredecible sucesor, Lenin Moreno–, sino que le negó tres veces dicha inscripción, para luego de haberse postulado candidaturas en otra tienda política que las acogió, intentó bloquear su calificación e inscripción y, demoró varios meses en hacerlo.

Pero, así y todo, inscrito el binomio por UNES Lista 1-5, el día de las elecciones –es decir el 7 de febrero de 2021–, tampoco se dieron las garantías que deben prevalecer para amparar el ejercicio libre del sufragio respetando el cronograma electoral. Así, ocurrió que, en un alto porcentaje de recintos electorales, –en el territorio nacional y en el extranjero– la población de electores no fue siempre atendida, por falta de mesas electorales, o debido a una deficiente distribución de ellas, ni tampoco comenzó el proceso de votación como se tenía anunciado, es decir desde las 7am, sino más tarde, prorrogándose ese proceso de manera desorganizada, con retrasos nunca antes vistos y que a todas luces buscaba reducir la masa de electores.

Esto ocurrió en el territorio ecuatoriano y en el exterior, afectando también a los electores migrantes en sus derechos al sufragio; lo cual se complementó con el cierre del proceso a las 5 pm, aun cuando en muchos lugares de votación había centenares de filas con electores esperando su turno para votar, y en lugar de incluirlos en la práctica democrática, pues habían estado presentes horas antes, se les marginó del proceso.

En efecto, la masa de electores de los migrantes ecuatorianos que participaron en la elección de febrero 2021, disminuyó y bordeó el 29%, mientras hace 4 años había alcanzado un 35%. Ello no puede atribuirse en su totalidad a la pandemia. Según un medio periodístico nacional, la analista electoral, Dayana León, efectivamente “cree que es preocupante el alto nivel de ausentismo en el exterior. Considera que pesó el hecho que el sufragio sea facultativo y también las restricciones por la pandemia. Además, dice que faltó una campaña de sensibilización sobre el proceso electoral orientada a los migrantes”.

No se buscó, como había sido realizado antes en muchos comicios, el facilitar todos los medios que permitan a los electores agotar felizmente su derecho a votar, medidas que implican la prórroga del lapso de votación, cuando hay votantes que han esperado y no alcanzaron a hacerlo antes de las 5pm, debido a razones ajenas a su voluntad. En Ecuador, como en otros países, el órgano rector de elecciones ha estado siempre dotado de amplias facultades para garantizar al máximo la voluntad del electorado. Pero en estas elecciones hizo lo contrario. Actuó tratando de impedir que todos votasen. Lo peor ocurrió, cuando dos candidatos presidenciales compactados, ante sí y porque sí, fueron recibidos por el CNE y sin cumplir con las normas exigidas por la Ley, reclamaron la nulidad de los escrutinios de la mitad del proceso electoral del 7 de febrero y ellos, ante un público ecuatoriano atónito, afirmaron que se debía hacer “otro recuento electoral”, algo fuera de toda norma y escandalosamente desestabilizador de todo el proceso.

5) Por añadidura, pero no menos importante, de una elección a otra pueden mudar los aires y las corrientes del ambiente internacional, y las condiciones en que participaron en el proceso nuestros emigrantes en el exterior. Aquí hay varios frentes. En el frente diplomático, por ejemplo, la misma noche de la elección, el embajador de EEUU, oficiando como si fuera autoridad electoral y felicitó como segundo ganador para la primera vuelta al candidato de sus simpatías, el señor Pérez, muy relacionado con esa embajada por muchos años21, interfiriendo groseramente en nuestras elecciones.

Y, en el frente fronterizo tuvimos la interferencia de la fiscalía de la vecina Colombia, haciéndose parte de la trama desestabilizadora del proceso electoral de nuestro país, intentando “avalar” la calumniosa acusación de una revista ligada al “uribismo” contra el candidato Andrés Arauz, de haber recibido financiamiento del ENL para la campaña electoral. Hasta del otro mundo nos envían actores, por lo fácil que resulta. O, ¿no hemos oído ya qué un guerrillero del FNL, ya muerto, habría según se inventan, apoyado financieramente, al candidato progresista del Ecuador, para que llegue primero en las elecciones presidenciales? Para ello disfrazaron de guerrilleros a unos campesinos en la selva cercana con el Perú, y mandaron el video urbi et orbe con una proclama ofreciendo a favor del candidato.

Ello ha sido revelado como una patraña infectada de “falsos positivos”, de montajes de la CIA de los EEUU, y del gobierno de Duque y de Moreno, al que responde agenciosamente la Fiscalía ecuatoriana. Tocará sin duda, observar el entorno en el que se desenvolverá la primera vuelta –cuando un CNE, vuelto ya totalmente parte de una “democracia disciplinaria”–, como la llamara Pablo Dávalos—y un gobierno obediente al imperio–, se muestren dispuestos a todo y permitan en el proceso electoral, todas las interferencias de organismos internacionales como la OEA, la OTAN, la UE, y claro está, la CIA, y otros mecanismos de agencias extranjeras de inteligencia que operan en nuestro país, con total impunidad23.

6) Por último, estas condiciones nacionales estuvieron, en este caso, también agravadas por su contexto general. La grave situación económica y financiera de las campañas, los niveles de pobreza o insolvencia económica de los electores (pues ir a las urnas a ejercer el voto tiene un costo, de dinero y tiempo, agravado por el desempleo gestado en el desastroso gobierno de Moreno), y, más ampliamente en lo referido a la situación social, la sanitaria, con una pandemia del Covid-19 frente a la cual nada ha hecho este gobierno durante un año en el que las cifras del contagio se han elevado exorbitantemente y no hay una decisión para enfrentarla, aumentaron el ausentismo inducido.

En tales condiciones, en unas elecciones realizadas así, hasta puede interferir el clima, y no me refiero a los huracanes que en algún país centroamericano afectaron los resultados electorales, sino a condiciones menores pudiendo ser superadas por la organización logística del proceso de sufragio, evitan a los ciudadanos votantes protegerse de la intemperie. Al menos hay muchas evidencias de que en las elecciones del 7 de febrero a los ecuatorianos migrantes en New York, New Jersey y Milán24, se les obligó a hacer colas de hasta 4 horas bajo una nevada, para que les dejen entrar al recinto de votación. En muchos casos, al no poder aguantar el frio, se les obligó a retirarse sin votar25. Naturalmente, a más del ambiente físico, varía también, claro está, el ambiente ético y moral de las campañas, expresado entre otros actores, particularmente en esas empresas, compañías o instituciones que hacen “predicciones electorales”, es decir las encuestadoras y los todopoderosos medios de comunicación, entre los cuales hay de todo. Por ventura, en nuestro país no se ha dado, como en el distante Chicago de Al Capone y en la vecina Colombia, el crimen organizado contra el derecho a participar políticamente a muchos candidatos, separados de la escena por la muerte, aunque no puede la conciencia nacional olvidar que algo parecido ocurrió en tiempos del nefasto gobierno de León Febres Cordero cuando se asesinó a más de cien jóvenes de Alfaro Vive Carajo.

Por todos estos factores y variables, y otras posibles casusas concurrentes y siempre posibles en un proceso electoral, ninguna elección es comparable a otra. Pero…

III. ¿Por qué ocurre esto?

Muy simple. Porque los grupos dominantes –banqueros, grandes propietarios de tierras, empresas, industrias y comercios, etc., representado por el actual gobierno y que son los verdaderos rectores del proceso electoral–, saben que en las elecciones hay algo que aborrecen y que no quisieran que exista en la sociedad. A saber: la posible igualdad de cada elector/a con otros/as electores, indistintamente de su posición socioeconómica, política, educativa y cultural, pues cada ciudadano/a vale un voto. Es decir, las docenas de banqueros, digamos los 300 más ricos banqueros del país, odian tener el mismo número de votos que los 300 obreros del sindicato de una fábrica, o de los 300 trabajadores/as de la Empresa Municipal de Aseo de Calles de Quito, Guayaquil, o Portoviejo. En breve: detestan el sufragio universal.

Y como odian o desprecian a la democracia –basada en la igualdad de todo el universo de votantes–, recurren a los mecanismos de eliminación del sufragio igualitario: las amenazas de golpe de Estado, el acoso a las instituciones democráticas del país, al ablandamiento del voto con sus clientelas, y al fraude, existentes en casi todas las elecciones, en menor, mínima o en mayor y una decisiva escala. Fraude no es impedir legalmente el voto universal para que todo el pueblo elija a su presidente, como ocurre hasta hoy en EEUU, con su Colegio Electoral. Eso no es fraude, sino solo una gran limitación antidemocrática a los procesos electorales en ese país, que produce el sistema que ellos tienen y sus élites les imponen: una plutocracia. Por lo que se hace necesario plantear que fraude puede entenderse o definirse como ese conjunto de mañas y esfuerzos de corrupción política consistente en actos ilegales, ilícitos y secretos, violentos o pacíficos, empleados para modificar los resultados electorales. No es siempre fácilmente detectable, y por ello ya hay quienes hablan de “la etnografía del fraude electoral” sin dejar de reconocer que puede haber aprestos violentos del tipo Toral Zalamea en Guayaquil, de por medio. Vamos, entonces, a avistar cómo se hizo un fraude contra el progresismo en la Primera Vuelta de las elecciones del 7 de febrero en Ecuador, para la cual todas las encuestas serias predecían el triunfo seguro del binomio Arauz-Rabascal, Lista 1, con una votación superior al 40% y una diferencia con Guillermo Lasso de más de 10 puntos.

III. El fraude sistémico en las elecciones de 2021

Las formas de hacer fraude son innumerables, groseras y sofisticadas, pacíficas y violentas, y van desde la práctica del gerrymandering en EEUU, hasta la corrupción electoral directa: el pago por el voto señalado y fotografiado, o el “paquetazo” o la metida de muchas papeletas en las urnas27. Y claro está, surgen nuevas maneras de intentar burlar la decisión democrática de un pueblo, como la que vamos estamos a revelando en este corto artículo. Tal como sucede en el Ecuador en estos días, como decía Fabrice Lehoucq, “el fraude adopta una panoplia de formas… se despliega desde las violaciones procedimentales de las leyes electorales (que pueden o no intentar distorsionar los resultados) al abierto uso de la violencia contra los votantes. Por otra parte, aun cuando el equipo de arrastre de votos sea una parte integral de la competencia electoral, éste no es frecuentemente decisivo. Sin embargo, el fraude socava estabilidad política porque, en campañas muy cerradas, puede ser crucial. Por último, la competencia política moldea el ritmo y la naturaleza del fraude electoral. Los esfuerzos de robarse una elección aumentan con la desigualdad, pero la competitividad –que las instituciones ayudan a formar– determinan las estrategias del equipo de arrastre de votos que los partidos”.

Otra noción de fraude la dio en 2002, el ponente Rafael Hernández Uzcátegui, definiéndolo “como el engaño grave por medio de maniobras, es decir doloso, que durante específicas fases del proceso electoral…tiene por objeto menoscabar la libre manifestación de voluntad del electorado. Se destaca entonces la similitud de lo que ocurre en un ilícito penal, pues se describe una acción humana, antijurídica y culpable, dirigida a engañar al electorado durante la formación del Registro Electoral, las votaciones o los escrutinios y cuyo efecto es la nulidad de las elecciones de que se trate”.

Pero el fraude del que tratamos aquí es un fraude sistémico. Para organizarlo se operó desde un conjunto de actores, locales e internacionales, instituciones, locales y extranjeras y en consonancia no con las leyes que rigen los procesos electorales nuestros, sino por códigos dictados por la colonialidad interiorizada en el Estado y la sociedad civil del país.

Al saber –por todas, absolutamente todas las encuestas realizadas– que el binomio Arauz-Rabascal, de la corriente inequívocamente progresista, tenía una alta probabilidad de ganar en la primera vuelta, los diversos actores de este fraude habrían montado un operativo destinado a rebajar significativamente los contingentes de votantes que iban a ejercer su derecho al voto. Al parecer, algunos lo daban una segunda vuelta, por descontado. Incluso, un miembro del CNE. Así, ante la no impresión de las papeletas electorales de candidatos a Parlamentarios Andinos, a una semana de las elecciones, una autoridad electoral llegó a decir qué si no se alcanza a imprimir esas papeletas, éstos serían electos “en la II vuelta”, prevaricando, pero también descubriendo su complicidad con el cometido de evitar que no haya un balotaje, de ganar Arauz-Rabascal en la primera ronda.

Para esto actuaron desde fuera y desde dentro del sistema electoral, y desde dentro y fuera del Ecuador. Eso lo lograron desorganizando ex profesamente los procesos en el interior y exterior del país; iniciando tarde la instalación miles de Mesas Electorales, no permitiendo que sufraguen quienes estaban insertos en el proceso electoral (haciendo filas y esperando varias horas para sufragar), y cerraron las urnas a la 5 pm, cuando lo que se cierra a esa hora ha sido siempre el acceso a la fila de votantes en espera de sufragar, y no se despide a los ciudadanos que han ido, a veces con varias horas de antelación, al proceso, y están esperando votar. Estas “operaciones” son en verdad violaciones a los procedimientos de votación: abrir tarde y cerrar temprano el recinto y no dejar ingresar a los votantes a los recintos y dejarlos en la calle es inducir a la reducción del electorado. Eso es fraude, pues dichas acciones cambian los resultados electorales.

Otro conjunto de “operaciones” consistió en hacer que aumenten las cantidades de votos nulos y blancos, con la intervención agenciosa de aparentes funcionarios del proceso electoral, pero en verdad ajenos al protocolo del votante, pero no al proceso, que se encontraban dentro de los recintos –supuestos funcionarios, miembros de la fuerza pública, en un por demás desorganizado proceso comicial en el que muchos pedían ayuda, información y auxilio. Aparecieron, así como “votos nulos” emitidos por sufragantes una cifra astronómica, o como “votos en blanco”, otra cifra muy alta, cuando la tendencia histórica de votantes en blanco y votantes que anulaban el voto desde las elecciones de 2006 al presente, era a la baja durante los últimos años. En un ambiente político de polarización de fuerzas, acompañado del total desprestigio de un gobierno lumpen que no goza sino del 4% de respaldo de la población, y que, por lo tanto, casi todo un país quiere “que se vaya”, resulta por demás disonante esa votación pasiva de votar nulo o en blanco, que expresa queimportismo, apatía y desinterés. La sanción por no votar es de 44.80 dólares, a lo que se suma el costo de la especie que vale $8 adicionales. Volveremos sobre este punto.

Se disminuyó así significativamente la cantidad de electores potencialmente válidos, escogiendo –claro está– hacer esta operación en los distritos previamente identificados de todo el país en donde conocían que Arauz-Rabascal gozaba de la preferencia de los votantes. Si esto fue hecho así, tendríamos un aumento significativo de votos nulos y “en blanco”, paralelo a la disminución de los sufragantes válidos. Para mostrar esta realidad hemos comparado la elección presidencial de la primera vuelta del 7 de febrero con las anteriores 5 elecciones presidenciales (las de 2006, 2009, 2013 y 2017). He aquí los resultados:

En una lectura de este cuadro podemos evidenciar lo siguiente.

La población del país aumentó entre 2006 y 2021 en 4´402.528 habitantes, es decir en un 24.7%. Por su parte, el número de inscritos, registrados de modo regular incorporando al padrón electoral a los mayores de edad, y dando de baja a los fallecidos, aumentó en esos años en 3´934.025 electores potenciales, dándonos un significante aumento del 30.03%. Esa participación fue espoleada también por la constitución de Montecristi de 2008 que facultó el voto juvenil no obligatorio desde 16 a 18 años, y que fomentó la participación al incorporar a los más jóvenes, aunque en esos comicios los jóvenes de entre 16 y 18 años que votaron, sin duda asimismo aumentaron el número de votos en blanco, como muestran los datos.

En segundo lugar, en esos tres lustros crecieron los inscritos y los votantes en cada elección presidencial, lo cual produjo sistémicamente una cada vez mayor “participación”, como muestran las cifras de las elecciones de 2006, 2009, 2013 y 2017. Participación que, curiosamente parece haberse aumentado solo en 142,866 votantes para los comicios aquí examinados, es decir los actuales de 2021, que marcan en los datos proporcionados por el CNE una disminución porcentual respecto a los votantes efectivos en relación a los inscritos. En efecto, entre las elecciones de 2017 y las de 2021 aumentó la inscripción en 282,169 potenciales electores, pero los votantes efectivos disminuyeron en 146,833 votantes, o un 2,88%, siendo la única vez que esto ocurre en 15 años. Eso podría atribuirse a los temores del contagio de inscritos que no fueron a votar, o de mayores de 65 años para quienes tampoco el voto es obligatorio. Sin embargo, debe considerarse el carácter competitivo y polarizado del actual proceso electoral que hizo que, muy a pesar de la pandemia, no disminuyera la concurrencia a las urnas, como nos lo revela el mismo cuadro.

32 A diferencia de otros países de Nuestra América como Venezuela, en donde el sufragio es un derecho optativo para cada ciudadano, en Ecuador el sufragio ha sido un deber y es susceptible de ser exigido por una multa (de $40,00), por lo cual todo inscrito (de entre 18 y 65 años de edad) está por ley obligado a votar. Esto explica, en parte, el alto porcentaje de inscritos que efectivamente votan. Los jóvenes de 16 y 17 años, así como los adultos mayores de 65 años, solo ejercen el sufragio como un derecho y son libres de ejercer o no tal derecho.

Si atendemos a las cuatro elecciones anteriores que exhibieron, respecto de su precedente, una tasa de incremento distintos, pero siempre ascendente (entre el 3.1; el 5.78 y el 0.61) se podría haber esperado un aumento promedio del 3.2%, del electorado con nuevos votantes en activo respecto de la elección de 2017, es decir, contar con un electorado de 13 millones 107 mil votantes que al menos mantenga su tasa de participación. Pero no ocurrió así, y ella disminuyó, contrario a la tendencia histórica observada en tres lustros. Eso es inconsistente, estadísticamente, pues el electorado tiende, socialmente, a subir, sobre todo si hay una polarización política en la escena; o en su defecto, si hay más candidaturas, como fue el caso de febrero 2021, con 16 binomios para la presidencia-vicepresidencia, asambleístas nacionales y provinciales y parlamentarios andinos. Por lo que resulta, estadísticamente, una disonancia por todas esas causales.

En tercer lugar, otra disonancia estadística relevante y que sorprende, se refiere a las cifras de votos “Blancos” y “Nulos” de ciudadanas/os que sí fueron a las urnas, en tiempos de pandemia, esperaron su turno en largas filas para votar y que sorpresivamente –contrariando la tendencia de las cuatro elecciones anteriores de reducción constante del voto nulo, y la mayoritaria (salvo del año 2009) de disminución del voto en blanco–, habrían incrementado los nulos en 276,319 voluntades alcanzando 1´013,062 votos, mientras los blancos registraron un aumento de 43.234, contabilizando un total de 329,303 votos. Esta es una anomalía que solo podemos observarla, en esta elección –contra toda la tendencia de aumento del voto válido–, pues también bajó en un tercio de millón de votos la cuenta del “Válidos”.

En síntesis, el 7 de febrero de 2021, dos millones 494,324 mil votantes inscritos no pudieron votar. Esta es la elección con la menor participación desde 2013. Según estas cifras, la participación habría sido la más baja de las últimas tres elecciones, a pesar de haber tenido la campaña una polarización más acentuada.

1. Conclusiones

El Ecuador es un país tropo-andino del Pacífico y de la Amazonia, con derechos en la Antártica por ser ribereño de un océano y dueño del Archipiélago de Galápagos, que, por esa integralidad, posee más climas distintos todo el año que ningún otro país del mundo, pero cuya belleza natural diversa es opacada ante las gilipolleces de su política estatal. En diez años de reformas y cambios substantivos llevados a cabo durante la revolución ciudadana (RC) de los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), se propuso pero no se logró desbloquear lo que hace 40 años llamara “la democracia sitiada ecuatoriana”33.

Ese régimen de una democracia sitiada, en la forma democrática del Estado capitalista exhibe como tendencia la apropiación estatal de los partidos políticos y de los órganos de representación y sistemas electorales, y no la apropiación de aquellos por parte de la sociedad civil. Las elecciones a las que hemos echado un vistazo, revelan que ese régimen aun sobrevive y sigue acosando al sistema electoral que no acaba de conformarse como una respetada función “independiente” del Estado ecuatoriano. Y todo mundo quiere intervenir en ella. Hasta llevarle la contabilidad y contar sus votos. No extrañe entonces que entre las “presiones políticas” que recibe del resto de los aparatos y órganos de poder del Estado, y la preparación sistémica, y poco advertida, de un fraude electoral solo haya una línea muy endeble, y a veces ni percibida por sus propias autoridades. Es el “poder” o “función” boba del Estado.

Esa falta de autoridad por parte de ese CNE que, al ser nombrado por el entramado del gobierno de Moreno, lo cual at nativitem le restó prestigio, se debe también al hecho de no contar entre sus miembros con ningún político destacado ni con personalidades de probada imparcialidad, lo cual por lo general ha sido la trajinada tradición de dichos organismos en el pasado, salvo excepciones que si las hubo. Al contrario, sus miembros son identificados por la ciudadanía con tal o cual tienda política, y a veces la confusión no atina sino a remarcar la complicidad de varios partidos en su pacto contra el progresismo. Así, por ejemplo, sucede con la confusión existente de identificar a la señora presidenta de ese organismo con un nombramiento propuesto por el MPP-NP Listas 18, cuando en realidad fue promovida por el PSC de Jaime Nebot. Lo que a la postre, resultó lo mismo, dadas preferencias ideológicas del candidato Pérez de esa tienda política, y sus las alianzas derechistas que tanto lo han singularizado, en sus votaciones en la AN, y en la búsqueda de cargos y canonjías en varias partes del Estado.

Así, escapados a los cambios, todos los partidos electorales de la reforma, los anteriores y los actuales, clientes en ese organismo hoy llamado Consejo Nacional Electoral, se estatalizan y tienden a asimilar el conservadorismo del sistema. Aquel con el cual se identificaban y hacen lo propio hoy las nuevas y viejas élites del poder. Bajo este movimiento estatal del poder, se tiende a corporativizar la representación de los intereses en pugna, lo cual pone en crisis de representación permanente al sistema de partidos que proliferan, y que son reemplazado por gremios de todo tipo y por la conversión de las FF.AA. en otro centro de poder dentro del Estado, de bajo perfil, pero neurálgico, en ese régimen. Es decir, en otro organismo de representación dentro del Estado, y activo gestor de un modelo de su desarrollo económico, pues aún conserva incluso su aparato económico en activo. En todos estos años, esa institucionalidad corporativa no fue menguada ni vuelta obediente a la norma suprema.

Sin duda, durante esos años, se avanzó y la Constitución de Montecristi y tantas medidas progresistas constituyeron un serio jalón para poder dejar inactivos a los rezagos de la sociedad arcaica. Pero, el fraude sistémico evidenciado en el sinnúmero de mecanismos orientados a restringir la participación electoral, se desplegó –disminuyendo el número de votantes y aumentando el número de votos blanco y nulos que juntos podrían llegar a un millón 500 mil electores, de los cuales el binomio Arauz-Rabascal fácilmente hubiese alcanzado 450 mil votos adicionales para completar el 40% de la votación en la primera vuelta.

Esto, sin duda, cambiaba los resultados electorales sin perjudicar al binomio de UNES, no robándole sus votos, sino poniendo cortapisas en los caminos de sus simpatizantes que iban a tributarle electoralmente. Así, se evitó que éste solo logre su victoria en esos comicios de primera vuelta, tal como se pronosticaba en los resultados de todas las encuestas, salvo la contratada por el principal contendor.

Así, los resultados muestran el triunfo del binomio conformado por el bolivarense Andrés Arauz y el guayaquileño Carlos Rabascal con un 32.72%, apoyado por el progresismo y una pequeña izquierda existente en el país. Esta última tendencia, en realidad, poco visibilizada pues, por primera vez en 14 años, carece de un partido político propio en el Ecuador de hoy. El único partido de izquierda que tenía el país hasta mediados de 2020 –el PSE–, fue ilegítimamente entregado a un sector que traicionó sus Principios e hizo alianzas con la derecha, y postuló a César Montufar, de la organización Concertación para las elecciones de 7 de febrero. Pero la militancia socialista rechazó esa candidatura. Juntos obtuvieron el 0.62% del electorado. La mayoría de ese partido se salió y conformó un colectivo llamado Resistencia Socialista que apoyó a Arauz-Rabascal. Calculo que esa fracción aportó al menos el 3% de la votación obtenida por el binomio de UNES.

En todo caso ese binomio lideró las votaciones en las 7 provincias de la región Costa donde alcanzó promedios porcentuales mucho mayor del nacional imputado, al final del escrutinio.