Haití: la ocupación interminable Por Lautaro Rivara | Agencia ALAI, Ecuador
Una periodista de una importante agencia internacional de prensa pregunta, con aparente buena fe: “¿y quién crees que debe resolver los problemas de los haitianos?”. Recuerdo entonces un viejo ejercicio lógico, que recomienda trasponer los términos o los sujetos de una afirmación para ponderar su razonabilidad.
Echando mano de él, me doy cuenta de que la pregunta, en sí misma, revela su inveterada ridiculez con tan solo aplicarla a cualquier otro país: ¿quién debe solucionar los problemas de los Estados Unidos, por ejemplo, país que vio su Capitolio asaltado por hordas trumpistas que no reconocían los resultados electorales que les fueron esquivos a su candidato? ¿Y quién debería solucionar los problemas de Francia, sacudida por las manifestaciones espasmódicas y multitudinarias de los llamados “chalecos amarillos” desde octubre de 2018, con una participación estimada, a la fecha, de más de 3 millones de personas? ¿O los de Inglaterra, cuyo tumultuoso proyecto de desconexión europea, incluyó, entre otros sinsabores, la clausura del aparentemente ejemplar Parlamento británico en agosto de 2019, por decisión del Primer Ministro Boris Johnson?
Sin dudas, podríamos convenir en que los responsables de solucionar todos esos (y aún otros más graves) problemas nacionales son, respectivamente, los estadounidenses, los franceses y los británicos. ¿Por qué extraña razón, entonces, no podemos responder con la misma naturalidad cada vez que Haití entra, excepcionalmente, en la agenda global? ¿Por qué es necesario afirmar y reafirmar lo obvio, más aún considerando que se trata de un pueblo independiente desde hace 217 años?
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Haití ostenta varios récords en términos de intervencionismo. De todas las operaciones coloniales de reconquista sobre las nacientes repúblicas latinoamericanas y caribeñas que obtuvieron su independencia a comienzo del siglo XIX, ninguna fue tan masiva como aquella organizada en 1801 por Napoleón Bonaparte y su cuñado Emmanuel Leclerc, al mando de más de 43 mil hombres y la flota más grande de la época. Se trataba, en ese entonces, de recuperar la sublevada “Perla de las Antillas”, cuya economía esclavista de plantación significaba a la metrópolis francesa cerca de un tercio de sus ingresos. Aquella porción de isla era presa en ese entonces del fervor revolucionario que daría lugar, en 1804, al nacimiento de la República de Haití.
Como correlato de aquella libertad pionera, Haití también tendría el triste privilegio de haber sufrido el primer endeudamiento externo, impuesto por una flota de guerra francesa anclada en la Bahía de Puerto Príncipe el 17 de abril de 1825. En una de esas típicas escenas “patas arriba”, como gustaría de decir don Eduardo Galeano, los esclavistas exigían a los ex esclavos una indemnización por daños y perjuicios, obligando a la nación a pagar una suma, escandalosa para la época, de 150 millones de francos.
Pero no todos estos “récords” tendrían a Francia como protagonista. De los cientos de ocupaciones, invasiones, desembarcos y actos de piratería norteamericanos en este hemisferio -incluyendo la conquista de buena parte de su propio y actual territorio, arrebatado a México entre 1846 y 1848-, ninguna fue tan extensa como la ocupación de Estados Unidos, presente en Haití con sus marines los 19 largos años comprendidos entre 1915 y 1934.
Pero podemos nombrar también la participación de organismos supranacionales. De todos los países intervenidos por misiones civiles, policiales o militares de las Naciones Unidas, ninguno ha visto a tantos contingentes extranjeros tocar territorio nacional, al menos en las últimas décadas: un total de 9 misiones de distinto signo se han sucedido en los últimos 28 años. Es más, en ese lapso, Haití sólo ha pasado dos años (el 2002 y el 2003) sin presencia formal extranjera, la que se prolonga incluso hasta la actualidad, a través de la presencia de la BINUH (la Oficina Internacional de las Naciones Unidas en Haití, por sus siglas en francés) y por la aún no perimida aplicación a Haití del Artículo VII de la Carta de la ONU que rige, presuntamente, en casos de “amenazas para la paz” o “actos de agresión” y señala al Consejo de Seguridad como una especie de autoridad última en el país.
Pero es preciso aún mencionar otro caso de intervención extranjera que suele pasar desapercibida: el oenegeismo colonial. Según diversos estudios se estima en unas 12 mil las ONGs presentes en Haití, alcanzando la república caribeña la mayor concentración per cápita del mundo, lo que le ha valido el risueño apodo de “república de las ONGs” o, peor aún, “HaitONG”. La inmensa mayoría de estas organizaciones son, por supuesto, de origen foráneo, o cuando no simples subsidiarias locales de las grandes agencias de cooperación internacionales como la Comisión Europea o la USAID norteamericana. La suplantación del estado y sus funciones, la cooptación de líderes y lideresas locales de las organizaciones territoriales, y la difusión de todo tipo de teorías culpabilizadoras y coloniales son algunas de sus más notorias resultantes.
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El día 23 de noviembre del año 2018, tuvimos el triste privilegio de toparnos con el último despliegue operativo de la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), sucesora de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (la mucho más conocida MINUSTAH).
Bloqueados e incomunicados en Puerto Príncipe e imposibilitados de volver a nuestra localidad rural en Montrouis, literalmente nos chocamos con los Cascos Azules a apenas dos cuadras de la casa en donde una generosa familia nos alojaba mientras acompañábamos las movilizaciones y pasaban las turbulencias que tenían bloqueada la ciudad capital. Se trataba de ecos de la insurrección popular de julio de 2018 contra la “recomendación” del Fondo Monetario Internacional de eliminar los subsidios a los combustibles.
Difícilmente podríamos hacer justicia a aquella escena. En un año como aquel, convulso, dramático, heroico, en que el pueblo haitiano tomaba las calles de manera casi cotidiana de a cientos de miles de personas, las fuerzas pretorianas del orden internacional venían a coartar el legítimo derecho a la rebelión de este pueblo que siempre tiene una última palabra, un último gesto, una última revuelta sacada del fondo de unas reservas morales aparentemente inagotables.
Imaginen la avenida más importante o emblemática de la ciudad capital de cada uno de sus países. Ahora imagínenla en toda la extensión de sus varios cientos de metros, ocupada, en cada esquina, por un retén de un contingente militar de un país diferente. Así, podrían identificar allí la esquina de los pakistaníes, la de los brasileros, la de los nepalíes, la de los croatas, la de los filipinos, la de los argentinos, la de los norteamericanos, la de los franceses. Todo bien armados y pertrechados, acompañados de vehículos blindados y carros hidrantes, frente a un pueblo conmocionado, con los ojos bien abiertos, pegado a las fachadas de los edificios como si de un boxeador contra las cuerdas se tratase.
Cuenten ahora 23 esquinas, porque 23 países fueron los que llegaron a ocupar, en simultáneo, a un pueblo pacífico y desarmado, carente de fuerzas militares y sin ningún tipo de historial de agresiones a terceras repúblicas -muy por el contrario, con un largo historial de solidaridad y gestos desinteresados hacia países tan distintos como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos o la Argentina-. Esto mismo sucedió, no una, sino cientos de veces en la Avenida de Delmas, el equivalente exacto, en Haití, de cada una de aquellas anchas avenidas capitales: una calle que corta longitudinalmente la zona metropolitana, desde la Bahía de Puerto Príncipe hasta el distrito de Pétionville, convertida en la trinchera interminable de fuerzas de ocupación multilaterales.
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Fácil es rebatir los argumentos intervencionistas, cuando buscan justificarse echando mano del arsenal conceptual del viejo colonialismo que todos conocemos. Cuando refieren al “salvajismo” de tribus “bárbaras”; al carácter “pre-lógico” de las mentalidades no occidentales; al “paganismo” de pueblos “animistas” y “fetichistas” que deben ser evangelizados a punta de cruces y espadas; a la “animalidad” irreductible de las negritudes y las afrodescendencias que acaso tengan alma; a la “ociosidad” y la “pereza congénitas” de sujetos que languidecen bajo el sol de los trópicos; a la “ingobernabilidad” y la necesidad de tutela de sociedades “recién” nacidas a la vida independiente; a las “ventajas comparativas” de quienes parecen condenados por la providencia a vender géneros alimenticios y minerales para importar vehículos y satélites. Pero es mucho más difícil hacer frente a los argumentos intervencionistas contemporáneos, tanto más elaborados y sofisticados, que prescinden ya de la apelación cínica pero sincera a las prerrogativas del más fuerte y el derecho de conquista.
Tanto la MINUJUSTH como la MINUSTAH fueron justificadas a su tiempo mediante una serie de pleonasmos que, aunque ya harían reír al más inventivo de nuestros escritores, no dejaron por eso de ser menos eficaces: el “intervencionismo humanitario”, la “responsabilidad de proteger”, el “principio de no indiferencia”, o “la salvaguarda de la seguridad nacional de los Estados Unidos” fueron algunas de sus coartadas. 15 años permanecieron estas fuerzas de ocupación en territorio nacional, el equivalente a tres mandatos presidenciales completos. Completamente abolidos quedaron los viejos y presuntos pilares del orden jurídico internacional, a saber, el principio de soberanía y el derecho a la autodeterminación de las naciones.
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Sería extenso y también ocioso hacer un balance completo del saldo de aquella intervención: periodistas, académicos, organizaciones de víctimas, movimientos de mujeres y feministas, ya lo han hecho de manera brillante y rotunda. Pero acaso podríamos mencionar: políticas sistemáticas de violencia sexual, que incluyeron abusos, pedofilia, violaciones y la participación de los Cascos Azules en redes de prostitución y trata. La perpetración de varias masacres en algunos de los barrios más populosos de la zona metropolitana, como aquella, mundialmente conocida, ocurrida en Cité Soleil: el saldo de estas escaramuzas fue el asesinato de cientos de jóvenes, la aniquilación de organizaciones enteras y la desmovilización de bastiones de resistencia popular y organización comunitaria en donde ahora florecen las organizaciones criminales, las bandas armadas y un incipiente narcotráfico. Y, por supuesto, uno de los mayores crímenes de estos más de dos siglos de intervencionismo occidental en Haití: la introducción de una epidemia de cólera mediante el vertido de la MINUSTAH de un camión de residuos fecales con el vibrión de la enfermedad en un afluente del principal río del país, lo que ocasionó varios miles de víctimas fatales y más de 800 mil infectados. Los pedidos de reparación y justicia por parte de las víctimas chocaron contra la inconsistencia de unas Naciones Unidas que leyeron su supra-nacionalidad como una supra-legalidad, asumiendo su “culpabilidad” pero no su “responsabilidad” en términos jurídicos.
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Mientras escribimos esto, un nuevo terremoto político sacude al país: el magnicidio del presidente de facto Jovenel Moïse en la madrugada del 7 de julio en su residencia privada en Pèlerin 5. Nuevamente, con una realidad nacional sobredeterminada desde el exterior, y con un crimen, internacionalizado, que involucra a 28 mercenarios y paramilitares de nacionalidad estadounidense y colombiana.
Frente al vacío de poder generado, e inducido por el propio Occidente mediante al apoyo a un régimen como el de Moïse que hacía año y medio había consumado la ruptura del orden democrático -sin Parlamento, sin elecciones, sin Primeros Ministros legales y con su mandato constitucional vencido-, diversas potencias y organismos se posicionan ahora en la misma senda del intervencionismo interminable.
La Colombia de Iván Duque, participe en el propio magnicidio con militares retirados de sus Fuerzas Armadas, conmina a la Organización de Estados Americanos a intervenir de manera perentoria en la isla. El presidente norteamericano Joe Biden se manifiesta dispuesto a “ir en ayuda de Haití”, mientras el Departamento de Estado confirma el envío de agentes del FBI y de la Agencia Nacional de Seguridad. El presidente de la vecina República Dominicana, Luis Abinader, acelera los planes para construir un muro fronterizo que parta en dos la isla La Española. A la vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne, a puertas cerradas, con Haití y su crisis como el punto central de dio su temario.
¿Volverá la llamada “comunidad internacional” a tropezar con la misma piedra del humanismo que niega a los seres humanos, de la justicia a control remoto y de la paz de los cementarios? ¿Asumirá esta vez, ante una nueva y eventual intervención, su responsabilidad en el exterminio a cuentagotas, el caos inducido, la violencia sexual sistemática y la propagación de epidemias? ¿Apoyarán los Estados miembro de la ONU y de su Consejo de Seguridad, bajo cálculos mezquinos o cándidos argumentos, una nueva guerra unilateral de este tipo o cualquiera de sus variantes concebibles?
Una vez más, y por enésima vez, la espada de Damocles de la ocupación interminable pende en el aire.
La trama del magnicidio
La última conferencia de prensa oficial, encabezada por Claude Joseph -autodesignado presidente interino de Haití- y por Léon Charles, director de la Policía Nacional, precisó por fin el número total de implicados en el asesinato del presidente de facto Jovenel Moïse. Se trata de 28 sujetos, dos norteamericanos -James Solages y Joseph Vincent- y 26 colombianos, militares retirados de las fuerzas armadas de Colombia, según confirmó ayer el Ministerio de Defensa de ese país.
7 de los paramilitares fueron abatidos durante enfrentamientos sucedidos con las fuerzas de seguridad. Por otro lado,15 de ellos han sido capturados: la mayoría por la policía, pero otras por el propio accionar de la propia población civil, que tras capturar a al menos dos de ellos en Jalouzi, en una zona próxima a la de la residencia de Moïse en Pelerin, decidieron entregarlos a las autoridades. Del resto se desconoce aún su paradero.
Mercenarios y paramilitares
La infiltración de mercenariosy paramilitares, en particular de nacionalidad norteamericana, no es nueva en el país. En febrero de 2019, ocho personas fueron capturadas en el centro de Puerto Príncipe, en las inmediaciones del Banco Nacional de Crédito. A bordo de dos camionetas sin matrícula, llevaban consigo rifles automáticos, pistolas, drones, teléfonos satelitales, un telescopio y chalecos antibalas, según lo informó entonces el propio Miami Herald. Al ser detenidos, adujeron estar en “misión gubernamental”. De qué gobierno, nunca lo aclararon. De los ocho, dos eran de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, y uno un ex Marine. Había también otros dos ciudadanos norteamericanos, dos serbios –uno residente en EEUU– y un haitiano.
Con la salvedad de este último, ninguno fue citado a declarar ni compareció ante juez o autoridad policial alguna. Ante el desconocimiento del propio Primer Ministro de Haití, fueron llevados rápidamente a los Estados Unidos, siendo escoltados, sin esposas, por el propio personal de su embajada. Incluso tuvieron acceso a la sala diplomática VIP del aeropuerto. Negado a Haití el ejercicio de sus propios procedimientos judiciales, hasta la fecha no se les ha imputado cargo alguno en su propio país.
Pocos meses después, el 12 de noviembre del 2019, Jacques Yves Sébastien Duroseau, de 33 años, otro ex Marine, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture cargando tres estuches con pistolas, rifles de asalto, municiones y pertrechos militares. Su viaje había sido legal y estaba autorizado por American Airlines. Pese a haber sido trasladado a la Dirección Central de la Policía Judicial, tampoco fue interrogado, y fue retirado expeditivamente del país con dirección a los Estados Unidos.
Estos dos casos, aparentemente aislados, constituyen situaciones quizás no tan excepcionales, si consideramos, en primer lugar, que se trató de infiltraciones descubiertas de manera prácticamente accidental, por agentes rasos de las fuerzas de seguridadque cumplían sus tareas de manera rutinaria. En segundo lugar, que ambas se produjeron en medio un ciclo de movilización social y protestas masivas antigubernamentales que buscaban forzar la dimisión de Jovenel Moïse, estrecho aliado de los Estados Unidos, lo que llevó a que organismos locales de derechos humanos consideraran que se trataba de mercenarios que venían a apuntalar la represión selectiva de opositores y manifestantes. En tercer lugar, que quizás la infiltración de mercenarios y ex marines no detectadas, puedan explicar por qué el tráfico de armas de manufactura norteamericana se duplicó en apenas 5 años hasta alcanzar un número cercano a las 500 mil, según datos de la propia Policía Nacional y la Comisión Nacional de Desarme.
¿Una conexión norteamericana?
El otro dato de impacto del día de ayer, provino de las declaraciones de Clément Noël al periódico haitiano Le Nouvelliste. Noël, juez de paz de Pétionville, fue el encargado de la indagatoria a los dos mercenarios norteamericanos de origen haitiano. Según ellos, la “misión” era arrestar al presidente y no asesinarlo. Se negaron, sin embargo, a declarar quién habría preparado y patrocinado el operativo,aunque su presentación en la residencia de Moïse como “agentes de la DEA” otorga más pistas que conducen a la participación de los propios Estados Unidos, o al menos a alguna fracción del establishment.
Como fuera, no sería la primera vez en la historia haitiana que un presidente -desde los aliados hasta los díscolos- fuera capturado y evacuado por los Estados Unidos. Así sucedió con el cura salesiano Jean Bertrand Aristide, quien, consumado el golpe del año 2004, fue secuestrado en un avión y forzado al exilio en la República Centroafricana.
Por otro lado, crecen las sospechas en torno a la eventual complicidad del propio entorno de Moïse en su asesinato. Bajo la lupa de la investigación están ahora Dimitri Hérad y Jean Laguel Civil, responsables de la seguridad en la residencia presidencial. Además, crecen las sospechas sobre Magalie Habitant, integrante del PHTK, el mismo partido de Moïse, y ex directora del Servicio Metropolitano de Recolección de Residuos Sólidos. Una casa de su propiedad en la localidad de Thomassin habría sido utilizada por los paramilitares para preparar la operación, aunque Habitant afirmó a Radio Mega que había entregado la custodia de la casa a su abogado tres meses atrás.
El círculo del drama
El caso de Habitant podría reflejar rupturas más amplias que las del propio partido en el poder,considerando las disensiones internas entre distintos sectores de la oligarquía y la burguesía importadora local. Es sabido que algunos de sus más conspicuos representantes como el Director Ejecutivo de la empresa eléctrica SOGENER, Dimitri Vorbe, y el empresario Pierre Reginald Boulos, no solo revistaban en el vasto campo de la oposición a Moïse, sino que disputaban con él privilegio de ser ungidos como favoritos por el establishment norteamericano.
Lo que es claro es que el círculo del drama comienza a cerrarse en torno a esos tres grandes actores: los paramilitares y grupos delincuenciales infiltrados y estimulados desde hace años en el país; los Estados Unidos y su omnipresencia en la escena política haitiana -y también en sus más oscuros entretelones-; y las fracciones rivales de las clases dominantes del país, algunas de las cuales consideraban ya hace tiempo que Moïse era un fusible quemado, y que era tiempo de reemplazarlo por otro que pudiera asegurar sus intereses de una forma más estable y duradera.
(*) Lautaro Rivara es sociólogo, periodista y analista internacional.