Puerto Rico: tramo final hacia la independencia Por Fernando Martín García | Rebelión

Puerto Rico: tramo final hacia la independencia Por Fernando Martín García | Rebelión
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I

Al cumplirse setenta y cinco años de la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño el país entero contempla la implosión del experimento de reformismo colonial llamado Estado Libre Asociado. Aunque esta fórmula –fraudulenta hasta en su título- no se constituyó formalmente hasta 1952, la fundación del PIP seis años antes había sido precisamente como respuesta al abandono por parte del ya hegemónico Partido Popular Democrático de sus orígenes independentistas.

La implosión del ELA no es solamente política sino que también alcanza y arropa la práctica totalidad de la sociedad puertorriqueña. La bancarrota financiera del gobierno de Puerto Rico y la degradación de sus instituciones –desde la universidad del estado hasta los servicios públicos esenciales– son las manifestaciones más elocuentes de la implosión del régimen colonial.

Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la tan anticipada “culminación” del ELA que prometían sus promotores resultó ser la ley federal Promesa de 2016. Esta ley impuso una Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Presidente de Estados Unidos como síndica y tutora del gobierno de Puerto Rico, con facultades omnímodas e inapelables que la convierten en la última palabra sobre cualquier asunto remotamente relacionado con la economía del país. Ello incluye el poder para anular cualquier decisión tomada por cualquiera de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico. La asamblea legislativa de Puerto Rico bajo el ELA actual tiene ahora menos autoridad que la vieja Cámara de Delegados de la Ley Foraker de principios del siglo pasado.

En lo que pudiera llamarse la dimensión ideológica el Congreso de Estados Unidos, al aprobar en el 2016 la ley Promesa (con amplio apoyo bipartita y la firma del Presidente Obama) hizo alarde público de su poder irrestricto sobre su principal colonia caribeña. De un plumazo Promesa convirtió en un mamarracho patético el ámbito de gobierno propio que alegadamente se le había reconocido a Puerto Rico bajo el ELA como parte de lo que Luis Muñoz Marín y su progenie política llamaba un “convenio bilateral que no puede ser alterado salvo por consentimiento mutuo”.

Para despejar cualquier duda, el mismo día en que la Cámara de Representantes en Washington D.C. aprobaba la ley Promesa el Tribunal Supremo federal anunciaba su decisión en el caso de Sánchez Valle endosando sin reservas la doctrina de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico y confirmando que la condición de nuestro país – como lo había denunciado siempre el PIP – seguía siendo la de un mero territorio no incorporado, una posesión colonial carente de soberanía propia alguna.

Esta “pre-autorización” judicial al ejercicio del poder plenario del Congreso fue luego ratificada por el Tribunal Supremo federal cuando ante una impugnación del poder del Congreso para autorizar al Presidente a designar los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal a través de un método distinto al requerido por la Constitución de Estados Unidos para ciertos nombramientos presidenciales, el tribunal sostuvo la constitucionalidad de la Ley promesa como un ejercicio del poder plenario del Congreso bajo la cláusula territorial.

A la luz de todo lo anterior no debe extrañarle a nadie que el Partido Popular Democrático (PPD), representante y promotor del estadolibrismo, se encuentre en un estado de descomposición política. A ese resultado ha contribuido enormemente también el descrédito que le ha ganado su lastimosa gestión pública desde hace varias décadas, y su estrecha vinculación con la corrupción pública y con la sumisión de sus gobiernos a los grandes intereses económicos que lo dominan.

Pero tampoco tiene el PPD posibilidad de recuperar un proyecto político viable mientras se mantenga aferrado a la teoría de que el futuro está en un nuevo ciclo de reformismo colonial. No es posible, primero, porque las condiciones económicas y geopolíticas que hicieron posible el crecimiento económico y la modernización de Puerto Rico en la década del 50 y 60 han desaparecido para siempre y son irrecuperables.

Además, en segundo lugar, es evidente que el abrazo entusiasta a la política de promoción de la dependencia como gancho electorero ha generado una estructura económica que sólo se puede mantener –en la colonia– con más dependencia; por eso el esfuerzo desesperado por la inclusión paritaria de Puerto Rico en todos los programas de beneficencia federal. La promoción de condiciones que permitan el desarrollo de una economía más productiva y autosuficiente en vez de una economía de “mantengo” ha sido descartada.

Para colmar la copa de la desgracia política de los estadolibristas “autonomistas” tanto la Casa Blanca como el Congreso y el Tribunal Supremo federal se han esmerado en los últimos años en dejar meridianamente claro no sólo que el actual estatus de Puerto Rico es meramente territorial y sujeto al poder plenario del Congreso sino que esa realidad no puede cambiar a menos que el Congreso disponga del territorio ya sea independizándolo o convirtiéndolo en un estado. El estadolibrismo por lo tanto no sólo está en la unidad de cuidados intensivos sino que ya ha entrado en la fase agónica. Su hundimiento es parejo en todas sus dimensiones.

II

Pero ¿y la estadidad? ¿No será ese el futuro inexorable y el próximo capítulo de nuestra historia? Después de todo, al fin parecería indudable que tiene apoyo mayoritario en Puerto Rico, y ciertamente más seguidores que la independencia. Como cuestión de hecho, ha triunfado (por primera vez) con el 52% en una votación de estadidad sí o no llevada a cabo el día de las elecciones generales de 2020. La Comisionada Residente ha radicado en el Congreso un proyecto de ley mediante el cual el Congreso aprobaría la celebración de un referéndum en Puerto Rico para ratificar la votación del “sí” a la estadidad disponiendo que de prevalecer el “sí” la estadidad se obtendría un año más tarde. Han elegido además a seis cabilderos pagados con fondos públicos para que promuevan la estadidad en el Congreso “a nombre del pueblo de Puerto Rico”. Pareciera estar servida la mesa para la estadidad.

Ha ocurrido, sin embargo, lo inevitable. El proyecto estadista no ha podido avanzar en el Congreso, mientras que el Presidente Biden acaba de lavarse las manos del asunto refiriéndole el tema al Congreso como quien se deshace de una papa caliente. Pero no sólo es que el proyecto de ley no avanza (aunque siempre hay quien dice apoyarlo en la certeza de que al final no se lograrán los votos suficientes), sino que algunos senadores claves como Shumer de Nueva York o Booker de New Jersey, quienes por ser demócratas liberales y representar a cientos de miles de puertorriqueños en sus estados se contaban como aliados, se opusieron al proyecto de inmediato alegando que el apoyo electoral a la estadidad en Puerto Rico era insuficiente.

En Washington DC los residentes son estadounidenses con lenguaje y cultura indistinguibles de sus vecinos en Maryland y en Virginia, pagan más contribuciones sobre ingreso per cápita que ningún otro estado, y favorecen la estadidad abrumadoramente. A pesar de ello se da por descontado que no serán aceptados como estado porque un grupo de senadores republicanos y racistas pueden bloquear la admisión. Imagínese el debate sobre Puerto Rico donde más de dos terceras partes de la población no habla inglés, donde no se pagan contribuciones federales sobre ingresos, y donde apenas la mitad dice favorecer la estadidad. Ahí nada más hay más que suficientes excusas y pretextos para hacer inalcanzable la estadidad.

Los estadistas han quedado estupefactos al tomar conciencia de la circunstancia en que se encuentran. Habiendo logrado la mayoría que les habían dicho era el boleto de entrada a la estadidad ahora resulta que sólo es el principio de un calvario interminable pues será cada vez más obvio que la razón subyacente del rechazo radica en la contradicción insalvable de aceptar como estado de la unión a una nación latinoamericana. ¡Cuántas veces no lo había dicho y explicado el PIP a lo largo de los años!

Como en tantos enigmas históricos las claves para su esclarecimiento y solución están en los orígenes.

La decisión de Estados Unidos de conquistar a Puerto Rico y luego permanecer indefinidamente como potencia colonial responde fundamentalmente a dos factores: uno es de carácter geopolítico y el otro de política interna.

El primero tenía que ver con posición geográfica de Puerto Rico, su importancia militar como “llave de las indias” y bastión estratégico para la defensa de lo que sería el Canal de Panamá. Había pues que asegurar su dominio sobre Puerto Rico impidiendo así, además, que no fuera a parar en manos de alguna otra potencia rival.

El interés geopolítico fue el dominante hasta tiempos muy recientes en que la salida de la Marina de Vieques y Roosevelt Roads, provocada por las luchas del pueblo, reflejaron hasta qué punto Puerto Rico había perdido su importancia como baluarte militar. El nuevo posicionamiento militar de Estados Unidos, el final de la guerra fría, y los saltos tecnológicos ya no hacían necesario –y mucho menos indispensable– el dominio sobre Puerto Rico.

El factor geopolítico ha resultado ser –como lo tiene que ser por naturaleza– un factor cambiable. Lo que hoy es útil quizás mañana ya no lo es. Un siglo tomó en disiparse la fuerza del motivo geopolítico que fue uno de los dos factores decisivos en la decisión de retenernos como colonia luego de la conquista de 1898.

El segundo factor ha resultado ser el determinante porque se trata no de una consideración pasajera sino de una consideración permanente. El factor de política interna que determina el resultado colonial para Puerto Rico a partir del 1898 es el reconocimiento por parte de Estados Unidos de que Puerto Rico es una nación distinta; un país caribeño y latinoamericano que no puede por ello ser candidato a la anexión como estado ni a la anexión a plazos (como los territorios del oeste americano). Si no hubiese sido porque Estados Unidos era consciente de que Puerto Rico siempre sería una nación distinta, su utilidad geopolítica lo hubiera hecho entonces candidato a la anexión, como pasó en Hawaii donde ya los estadounidenses eran dominantes y los nativos una minoría, y donde la mano de obra adicional necesaria podría ser traída de otros países y fácilmente asimilada, como en efecto ocurrió.

No deja de ser pues una gran ironía que la decisión de Estados Unidos de que Puerto Rico fuera “un territorio no incorporado sujeto al poder plenario del Congreso”, es decir una mera posesión, sea la clave que explica tanto el fracaso del proyecto histórico del estadolibrismo autonomista como del proyecto de estadidad.

El autonomismo estadolibrista no tiene futuro porque Estados Unidos, al no tener ya un interés geopolítico vital, no tiene porqué estimular y proteger un simulacro de gobierno propio ampliado o de soberanía compartida, ni porqué comprometerse a no ejercer sus poderes plenarios para generar la ilusión de una relación entre pares. Mucho menos cuando, además, la colonia está insolvente, disfuncional económicamente, y cada vez más costosa para el fisco federal.

El proyecto estadista por su parte ha resultado fatalmente golpeado por partida doble. Por un lado la pérdida de valor geopolítico hace a Puerto Rico menos útil o atractivo de por si, y además, queda finalmente al descubierto el segundo factor que explica el colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico: que la nacionalidad puertorriqueña es un obstáculo insalvable a la estadidad hoy, como lo fue a la anexión en 1898. Mientras los estadistas no fueran mayoría y la solicitaran, el Congreso no tenía por qué tomar cartas en el asunto. Allá, además, vivían contentos con la colonia. Hoy es distinto. La quiebra política y económica de la colonia y el “triunfo” estadista en el referéndum obligan al Congreso a expresarse, aunque sea por omisión (es decir, no aprobando el proyecto pro estadidad).

Mientras a Estados Unidos le convino amamantó y estimuló al colonialismo y al autonomismo colonial sin tener que desautorizar el sentimiento anexionista en Puerto Rico puesto que este no dejaba de ser una expresión de lealtad y sumisión incondicional que fortalecía el apoyo al dominio estadounidense.

III

Al final del camino, sin embargo, como cualquier otra nación, nuestro destino es la independencia. La manifestación política de una nacionalidad madura es su reclamo de pleno gobierno propio y de su personalidad internacional soberana en el concierto de las naciones. En Puerto Rico ese reclamo, sobre el cual había ya signos claros hacia fines del siglo 19 a pesar de la represión y el dominio colonial español, fue dura y exitosamente combatido por la nueva y poderosa potencia colonial.

La absorción de nuestro mercado en el mercado de Estados Unidos, particularmente al principio con relación al azúcar, selló el apoyo de los sectores dominantes a la búsqueda de un “acomodo” con Estados Unidos y a un abandono o postergación a largo plazo del ideal de independencia. Para las grandes mayorías el temor a la ruina y al aislamiento, y la eficaz propaganda de los partidos coloniales surtieron su inevitable efecto.

La represión y la persecución al independentismo resultaron también decisivas, al igual que, luego de la segunda guerra mundial, el espejismo de cierto gobierno propio y el advenimiento de los signos de la modernidad impedían que el país pudiera aquilatar adecuadamente la necesidad de la independencia.

En estas circunstancias tuvimos que esperar a que las contradicciones del proyecto histórico colonial fueran revelándose y se fueran desgastando los modelos alternos de autonomía y anexión que se habían instalado en el imaginario de la mayoría de los puertorriqueños.

En los últimos años ese proceso se ha acelerado rápidamente tanto en el caso del estadolibrismo por la implosión del proyecto del reformismo colonial, como en el caso de estadidad por el rechazo y la indiferencia de Estados Unidos ante el resultado en el referéndum.

Comienza a quedar claro ante el país que ni el reformismo colonial ni la anexión están en la agenda de Estados Unidos por la sencilla razón de que no tienen ya interés objetivo en retener a Puerto Rico. Es en estos tiempos que comienza a ser posible la plena rehabilitación de la descolonización y la independencia como la alternativa de futuro. Las otras alternativas siempre fueron falsas y engañosas. Ahora el país entero se va dando cuenta de ello. La historia – impulsada por la reciedumbre y la tenacidad de nuestra nacionalidad puertorriqueña – ha derrotado a nuestros adversarios.

Pero para llegar a la libertad aún falta el tramo final. Los resultados electorales del 2020 comienzan a apuntar a un re-alineamiento de fuerzas y de opinión pública en el país. No podía ser de otra manera. La historia ha comenzado a pasar factura a los que desde el gobierno llevaron al país a la ruina, tanto azules como rojos.

El país se empieza a distanciar de proyectos políticos que no tienen futuro ni podrán tenerlo como es el caso tanto de la anexión como estado o de un ELA “desarrollado”. Que el candidato a la gobernación del PIP multiplique su apoyo por un factor de siete, que el PNP y el PPD apenas obtengan cada cual una tercera parte de los votos, y que nuevas fuerzas políticas desligadas del bipartidismo tradicional tengan aumentos sin precedentes constituye sin duda una señal de los tiempos.

Nos toca en el PIP arreciar la lucha por ampliar no sólo el entendimiento del país sobre el ideal de independencia sino sobre los mecanismos de autodeterminación que nos van a conducir a ella. Nos toca recabar el apoyo de todos – incluyendo a los que aún no son independentistas – para un proyecto político que obligue al Congreso a tener que cumplir su responsabilidad descolonizadora.

Mientras no se confronte al Congreso, ellos preferirán ignorar el problema y su inclinación será por la posposición indefinida. Para forzarlo se requiere un gobierno en Puerto Rico comprometido con dar la batalla sin tregua ni pausa. Esa tarea no la va a hacer nunca ni un gobierno Popular ni un gobierno PNP porque saben que sus propuestas de estatus político están agotadas y han sido ya, en efecto, rechazadas por el Congreso.

Armados con una propuesta de Patria Nueva renovada y fortalecida redoblemos nuestro compromiso con la independencia y con construir e impulsar los procesos de descolonización que la harán posible. Luego de más de un siglo de tormentas, borrascas y contratiempos los cielos se despejan y los vientos de la historia al fin hinchan las velas de la nación puertorriqueña que navega hacia la libertad.

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