Tiranía mundial imperialista intenta confiscar la libertad de expresión Por Eduardo Febbro y Osvaldo Nemirovsci | Diario Página/12, Argentina

El cierre de las cuentas de Donald Trump en Twitter, Facebook, YouTube, entre otras redes sociales, ha sido denunciado por muchos sectores de todas las tendencias ideológicas. Como cabe esperar, entre los críticos de la decisión abundan los seguidores del presidente estadounidense, si bien estos no son los únicos que han hecho sonar voces de alarma. La canciller Ángela Merkel –a quien nadie describiría como cercana a Trump– se refirió a la medida como “problemática” por limitar “el derecho fundamental a la libre expresión” de su colega norteamericano. Mientras que el activista ruso Alexei Navalny recurrió al mismo Twitter para denunciarla como “un acto inaceptable de censura”, en un ejemplo de la preocupación que la medida ha generado entre algunos defensores de la libertad de expresión, especialmente en países donde la misma no está garantizada.

El cinismo de Twitter y Facebook

Por Eduardo Febbro

Las redes sociales como Twitter y Facebook lanzaron la gran limpieza de muchas de sus cuentas, empezando por la del mismo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más otras 7 mil cuentas suplementarias afiliadas a la galaxia conspiracionista de extrema derecha pro Trump, entre ellas, la del grupo Qanon.

Luego de haber abierto las puertas a lo más ruin y bajo de la política, las redes alegan ahora que se trata de impedir un nuevo episodio violento como el de la invasión del Capitolio alentada por Trump, y ello ante la fecha inminente de la investidura de Joe Biden. Según Twitter, existían planes para un nuevo ataque del Capitolio previsto para el próximo 17 de enero.

«Yo Supremo»

Algunos aprobaron esta medida, otros, en cambio, la consideraron un acto de censura. En Europa, la canciller alemana Angela Merkel calificó de “problemática” esta decisión. En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio el hecho de que la base de la suspensión de las cuentas no sea un marco legal de regulación, sino que “lo impactante es que sea Twitter quien decidió cerrar”. En suma, que sea la elite tecnológica la que haga y deshaga a su antojo y cuando le conviene, fuera de toda referencia a una norma nacional o internacional elaborada por los Estados y sus representantes electos.

La práctica de “Yo el Supremo” por parte de las empresas globales de Estados Unidos ni es nueva ni cambiará con este atentado a la esencia democrática. Jean–Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa (izquierda), recordó que “el comportamiento de Trump no puede servir como pretexto para que los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se arroguen el poder de controlar el debate público”. Es exactamente lo que ha ocurrido con el Pinocho–Presidente y Twitter.

Por otra parte, Washington aplica desde hace mucho una suerte de extraterritorialidad. La ley estadounidense se utiliza por encima de la nacional, sea cual fuere el país donde se resida. Las condiciones de utilización de Google, Facebook Apple e, incluso, la de las franquicias de las empresas de Estados Unidos, remiten a la ley de la empresa o a la legislación de la sede central. A su vez, la industria digital se benefició, hasta ahora, con la inmunidad jurídica que le ofrecía el artículo 230 del Communications Decency Act.

Por más que Trump sea un Pinocho siniestro y, gracias a su ejército digital, haya protagonizado el primer golpe de Estado de la era moderna en una democracia Occidental, hay algo de cínico en estas reacciones. Poco o nada dicen las regulaciones europeas cuando se trata de proteger a los usuarios de internet del espionaje masivo del que son objeto a cada milisegundo de sus vidas. La fortuna de esas empresas proviene, esencialmente, de la conversión de los datos robados en capital.

No obstante, el debate tiene cabida, es una necesidad y plantea otros interrogantes: ¿por qué sería “problemático” el cierre de la cuenta de Twitter de un presidente que preparó en tres fases un golpe de Estado (denunciar el fraude antes de la elección, afirmar luego que le robaron la elección y, al final, aceitar una insurrección cívica) y no la de una cuenta islamista, de extrema derecha o de extrema izquierda? En Francia, las leyes dieron lugar a que personalidades de la extrema derecha como Hervé Ryssen o Alain Soral vieran sus cuentas de YouTube y Facebook suspendidas.

La hipocresía europea

La Unión Europea defiende su metodología porque lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para estas cuestiones de la libertad digital. Existe, de hecho, una legislación europea que está en curso de aprobación. Se trata del DSA, Digital Services Act, impulsada por Thierry Breton, el Comisario Europeo del Mercado Interno. El campo de aplicación del DSA atañe únicamente a los países de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando Trump convocó a sus partidarios a invadir el Capitolio lo hizo dirigiéndose a su pueblo y no a Europa. En este caso, el DSA no habría servido para nada.

Hubiese sido muy distinto cuando Trump invitó a los franceses a sublevarse contra su presidente. Thierry Breton ha sido el que mejor planteó la encrucijada. En un artículo publicado por el portal Político, el Comisario europeo escribió que la toma del “Capitolio es el 11 de septiembre de las redes sociales”. Breton agrega la paradoja que late en toda esta situación porque, hasta ahora, las redes sociales miraban hacia otra parte, como si el Brexit, Trump y otras barbaries digitales no las concernieran. A este respeto, Breton anota que, al cerrar la cuenta de Trump: “las plataformas admiten su responsabilidad. Ya no pueden seguir ocultando su responsabilidad ante la sociedad con el argumento según la cual sólo ofrecen un servicio de hosting”.

El Digital Services Act europeo se basa en un principio y una serie de reglas: el principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también lo es en la esfera digital. Las reglas fijadas por los 27 países de la UE consisten en forzar a las plataformas a que apliquen las leyes nacionales, así como también las directivas europeas. Deberán, por consiguiente, retirar los contenidos terroristas, las incitaciones a la violencia y todo contenido ilegal (pedopornografia, armas, etc.).

Entre enero de 2017 y enero de 2021, el mandatario estadounidense se despachó con 23,234 tweets. La plataforma le permitió insultar, agredir, rebajar a sus adversarios, burlarse de otros presidentes, proferir insultos raciales, respaldar a las ultraderechas violentas que lo veneran, anticipar los comunicados oficiales, gobernar por Internet, difundir un montaje en el que Trump golpeaba a un periodista que llevaba una máscara de la cadena CNN y hasta llamar al levantamiento contra Emmanuel Macron.

Salvo para los apóstoles digitales, no hacían faltas pruebas para demostrar que la libertad de expresión no la manipulan los “medios del sistema” o los otros sino las plataformas sociales. Allí sale y entra toda la porquería que el mercado admite. Las redes autorizaron a Trump a diseñar un golpe y, como fue muy lejos y corrió sangre en el Capitolio, se convirtieron repentinamente en guardianes de la galaxia.

La liberta privatizada

Las sociedades son vergonzosamente vulnerables ante las tentaciones y barbaries de los espacios digitales. Trump no ha sido la excepción presidencial sino la confirmación de las capacidades de ese monstruo con millones de cabezas que se expande sin que, hasta ahora, nadie haya sido capaz de encontrar un antídoto.

Resulta contradictorio, pero, así como nadie se ocupó del derecho a difundir o a evitar la propagación de basura tampoco se le garantizaron los derechos a Trump sobre su cuenta. Ellos son los amos del mundo, sin la más lejana sombra de una supervisión democrática.

El botón de la libertad está en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales, no en la calle o las Asambleas.

El sábado pasado, Twitter suprimió un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, donde afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra el Covid–19.

El disparatado y horroroso episodio de Trump nos demuestra que, ante lo peor, la libertad está en manos privadas. Depende de tres palabras y una sigla, que son las obligaciones a las que los tentáculos digitales someten a los usuarios: CGU,” Condiciones Generales de Utilización”.

Ahora las plataformas digitales dictan justicia

Por Osvaldo Nemirovsci (*)

Hoy censuran a un líder violento y antidemocrático lo cual construye cierto aval social y una propensión a simpatizar con la medida. Pero mañana pueden hacerlo con líderes democráticos y pacíficos. La acción a medir es la de censurar.

La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que quieras. Toda clase de ideas, opiniones y puntos de vista deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos.

Se pueden tener las más calificadas aprensiones sobre Donald Trump. Y muy probablemente las peores consideraciones sobre su gobierno y su personalidad sean correctas. Es más, no estaría mal como enseñanza histórica para el futuro, que le inicien Juicio Político en virtud de la Enmienda 25 de su Constitución Nacional y lo remuevan del cargo. Algunos destacados miembros de la vida política, militar y social de Estados Unidos creen, aunque solo falten 11 días para que deje su cargo, que es muy peligroso que todavía posea el poder sobre el uso del arsenal nuclear estadounidense y que todavía pueda causar mucho daño a las instituciones formales del país.

Allá ellos, los dirigentes de ese país y su forma de resolver los conflictos derivados de la pugna política. En este caso fuertemente encuadrados en actitudes violentas, antidemocráticas, cuasi golpistas y mesiánicas de su propio presidente.

Todo esto lo colocamos en un lugar del análisis, pero en otro observamos con cierto escozor y consideramos también como peligroso que empresas privadas, como las grandes plataformas digitales Twitter y Facebook, se autoadjudiquen calidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump, impidiendo el acceso del presidente a sus redes, y por ende privando a millones de norteamericanos de conocer, mediante esos importantes y masivos instrumentos, lo que piensa su principal referente.

No es cierto, como algunos afirman, que a Trump lo dejaron sin voz. Esto aplica a las redes, pero Trump puede hablar, escribir y grabar audios para miles de periódicos, canales de TV, radios, revistas, blogs e incluso otros formatos audiovisuales (en caso que no lo censuren) como You Tube y Whatsapp. Pero lo cierto es que, en los espacios de distribución de información más importantes del mundo, y donde el mismo Trump construyó su vinculación directa con el electorado de su país, ha sido censurado.

Es lógico preguntarse ante esto si lo que están haciendo Face y Guasap los coloca ante su definitivo rol de medios de comunicación de nuevo tipo y los aleja del pretendido sentido neutro de meros intermediarios de contenidos. Acá, en este caso, parecen opinar sobre lo que postea Trump, es claro que se meten con los contenidos y es visible que eligen censurar. O sea que consideran a una opinión (tal vez crispante, bestial, violenta) pero opinión al fin, como un delito. Pero no son jueces para hacerlo y sientan un  precedente extraordinariamente amenazador  en el campo de las libertades públicas y los derechos humanos.

Si lo que Trump dice es opinión, es inviolable su derecho a expresarlo y si lo que dice es un delito, será la justicia, y no una empresa privada, la que debe decidir. Así de simple.

Se puede argumentar que la censura a Trump en las redes no viola la libertad de expresión sino que castiga el acto de impulsar acciones violentas o el aliento a generar violencia concreta y eso ya no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Agregamos esto como para entender otra mirada sobre el tema.

La Corte Suprema norteamericana hace una sutil pero necesaria distinción en lo que llama “fighting words” (palabras de pelea) y sostiene el criterio que la libertad de expresión puede limitarse ante la incitación al odio y no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas.

Pero la mayoría de los especialistas acuerda que la libertad de expresión no tiene límites: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión,” dice el artículo 19 de la Declaración universal de Derechos Humanos.

Existe cierta jurisprudencia constituciona en EE.UU., que es tomada por cortes europeas e incluso ha sido fijada por el Tribunal Europeo de DD.HH. que se dio en llamar “el libre mercado de las ideas” siendo este espacio la garantía “imprescindible” para que pueda haber un debate amplio y completo.

En un fallo del Tribunal europeo conocido como Sentencia 235/2007 “Caso Librería Europa” la corte falló que “nuestro ordenamiento constitucional no permite tipificar como delito la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”

Puede haber interpretaciones diversas sobre lo que significa la libertad de expresión, pero nadie pone en duda que es uno de los derechos humanos más preciados. Por eso es preocupante que tamaña dimensión legal sea manejada por empresas privadas ya que eso es riesgoso para los pactos democráticos de las sociedades. Más allá de Trump.

(*) Osvaldo Nemirovsci, diputado argentino, Presidente Comisión de Comunicaciones e Informática 2003/2007; coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital 2009/2015.