Protesta agraria vapulea acuerdo con Europa-Mercosur Berna, Suiza. Sergio Ferrari, Radio La Primerísima

Protesta agraria vapulea acuerdo con Europa-Mercosur Berna, Suiza. Sergio Ferrari, Radio La Primerísima

La protesta campesina generalizada las últimas semanas en Europa ya logró, entre otras reivindicaciones, la casi segura suspensión del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual cuenta con más detractores que simpatías en las dos orillas del Atlántico.

El miércoles 7 de febrero, las posturas críticas que venían circulando sobre dicho acuerdo de libre comercio se hicieron patentes en las declaraciones de Maros Sefcovic, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) para el Pacto Verde Europeo y las Relaciones Interinstitucionales. En la actualidad, según Sefcovic, no se puede concretar este Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, bloque regional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela forma parte del mismo pero se encuentra suspendida, en tanto que Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam son Estados asociados y Bolivia solicitó su admisión.

“Me gustaría confirmar que, a juicio de la Comisión Europea, no se cumplen las condiciones para la conclusión del acuerdo con el Mercosur”, afirmó este alto funcionario en el marco de una sesión plenaria del Parlamento Europeo para analizar el impacto de las crecientes protestas del sector rural en muchos de los países del continente. Por su parte, Hadja Lahbib, ministra belga de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior (Bélgica preside actualmente el Consejo de la UE), sostuvo que los acuerdos comerciales deben permitir que los agricultores de los 27 Estados que integran ese bloque regional puedan “exportar a nuevos mercados y diversificarse, pero no en su propio detrimento”.

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea viene negociándose desde la década del 90. Aunque el 28 de junio de 2019 se logró un acuerdo anunciado por Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron y Angela Merkel, la versión final del mismo no se pulió, adoptó ni ratificó por los Estados involucrados y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. Sectores progresistas de América Latina denunciaron entonces el “secretismo” del proceso de discusión de dicho Acuerdo y la falta total de transparencia en su elaboración. Incluso los parlamentos de los Estados miembros no habían sido informados sobre sus contenidos.

Periódicamente ha habido propuestas, principalmente de parte de la Unión Europea, de acelerar su ratificación; sin embargo, la reciente movilización campesina en todo el continente decretó su “muerte temporal”. En caso de que entrara en vigor, este Acuerdo sería uno de los más importantes del mundo: 780 millones de personas involucradas y volúmenes comerciales de entre 40 y 45 mil millones de euros en concepto de importaciones y exportaciones.

Varios países europeos que no integran la Unión Europea, como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, pero que sí conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), han estado negociando en paralelo un acuerdo con el Mercosur. Tampoco éste entraría en vigor si no avanza el tratado principal de los países sudamericanos con la UE.

Stop a los tratados de libre comercio

Una de las reivindicaciones promovidas por las recientes manifestaciones agropecuarias es la eliminación de los acuerdos de libre comercio debido a que los mismos podrían abrir la puerta a productos agroalimentarios que no cumplen con los estándares acordados en la UE. Según los campesinos del Viejo Mundo, se trata de una competencia desleal debido a que los estándares latinoamericanos son menos exigentes y, por lo tanto, abaratan los costos de producción.

El 29 de enero la Confederación Campesina de Francia presentó públicamente las 20 principales reivindicaciones que fundamentan su participación en las protestas. Las dos primeras consisten, en efecto, en “La suspensión inmediata de todas las negociaciones de acuerdos de libre comercio, incluida la negociación con el Mercosur”, así como en “La ruptura con la competencia desleal, consecuencia directa del libre comercio, mediante el establecimiento de herramientas de protección económica y social para los agricultores: la regulación de los mercados agrícolas para estabilizar y asegurar los precios agrícolas”.

Para la poderosa Confederación gala, la principal preocupación de sus agricultores en el propio terreno cotidiano es ganarse la vida dignamente con su profesión y por ello señala que “Las políticas orientadas a producir más no se corresponden con los problemas actuales”. E insiste que es fundamental contar con “políticas coherentes para asegurar la continuidad laboral de numerosos-as agricultores-as, garantizar el relevo generacional y construir nuestra soberanía alimentaria en el contexto de la crisis climática y ambiental”. Además, recuerda que la causa de la profunda crisis resultado del malestar agrícola es la remuneración del trabajo campesino e insiste en que se debe “encontrar soluciones concretas para todos los agricultores, no acentuar las desigualdades dentro del mundo agrícola”.

Para la Confederación, algunas responsabilidades son nacionales; otras, europeas, y otras están ligadas al eventual impacto negativo de los tratados liberalizadores suscritos con otras regiones del mundo.

Ese mismo día de enero, la Coordinación Europea de la Vía Campesina había exigido enfáticamente que se suspendan las negociaciones del Acuerdo UE-Mercosur. Al convocar la gran movilización del sector rural para el 1 de febrero frente a la sede misma de las instituciones de la UE, en Bruselas, la Vía Campesina, principal plataforma internacional del campesinado, exigió un cese inmediato de las negociaciones sobre acuerdos de libre comercio y la suspensión de aquellos vinculados a la agricultura. Para esta organización, esto significa cesar las negociaciones con el Mercosur, no ratificar el acuerdo UE-Nueva Zelanda y frenar las negociaciones en curso con Chile, Kenia, México, India y Australia.

Sociedad civil alza su voz

“La suspensión por parte de la UE de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con el Mercosur es algo positivo, y Suiza y la Asociación Europea de Libre Comercio deberían seguir este ejemplo”, declaró a este corresponsal Isolda Agazzi, experta en Relaciones Comerciales de la Alliance Sud (Alianza Sur). Dicha plataforma reúne a las principales Organizaciones No Gubernamentales de la cooperación suiza para el desarrollo.

Según Agazzi, “la liberalización de los productos agrícolas conduciría a una aberración ecológica contraria a los esfuerzos para proteger el clima. Este Acuerdo es anacrónico y obsoleto. No tiene razón de ser ni de existir”.

Desde hace años Alliance Sud, que integra la Coalición Suiza sobre el Mercosur, se ha opuesto a estos acuerdos. Ya en 2021 los había definido como “un disparate climático” y evaluaba que los mismos “conducirán a un aumento del 15% en las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del comercio agrícola”.

Dicha Coalición señaló entonces que el acuerdo “tendrá un impacto negativo tanto en la situación medioambiental y de derechos humanos en los países latinoamericanos como en la agricultura en Suiza”. Además, que contribuirá a la destrucción progresiva de los bosques tropicales y al uso de pesticidas peligrosos, algunos de los cuales están prohibidos en los propios estados de la AELC. Y que también provocará un aumento de las importaciones de carne “cuya producción no cumple en absoluto con los estándares suizos en materia de bienestar animal y contradice las expectativas legítimas de los consumidores”.

Por su parte Greenpeace, que también se opone radicalmente al Acuerdo Mercosur-Unión Europea, recuerda que “a menudo [este acuerdo] es presentado como un acuerdo de “coches por vacas” porque tiene como objetivo promover las exportaciones europeas de automóviles, aunque también apunta a promover las de textiles y alimentos (queso, leche en polvo, etc.). Lo que Europa importe de los países del Mercosur será, fundamentalmente, carne (de res, pollo, etc.) y etanol. Según Greenpeace, “este acuerdo es fuertemente criticado por los agricultores europeos, quienes denuncian una competencia desleal con diferentes estándares medioambientales, sociales o sanitarios, así como por las asociaciones ecologistas, las cuales señalan un impacto negativo sobre los bosques y un fortalecimiento de la agroindustria”.

Cuestionamiento de las dos orillas

No faltan las voces latinoamericanas que consideran que la resistencia europea al Tratado representa una nueva vuelta de tuerca neocolonial de parte de Europa y que anticipan que dicha posición pretende vampirizar las relaciones entre el Viejo Mundo y América Latina.

La Fundación Rosa Luxemburg de España publicó a mediados de 2022 una “Aproximación Crítica al Acuerdo UE-Mercosur” en la que sostiene que “el tratado supone abundar en las mismas matrices [que las actuales]: Mercosur acentuaría su papel como exportador de materias primas agropecuarias y Europa le vendería coches y otros productos industriales, desarticulando así  el tejido industrial interno de la región [latinoamericana]”. Y concluye que, “a grandes rasgos, ganan las multinacionales de un lado y el otro, que pueden producir de manera deslocalizada, a gran escala y a bajo precio, pero a un alto coste humano y ambiental”.


El torbellino agrario que las últimas semanas ganó las rutas y las calles de una mayoría de las capitales de Europa Occidental se ha convertido en una de las protestas continentales más “globales” de los últimos años. Con reivindicaciones amplias y diversas –por momentos hasta contradictorias–, con acento de izquierda o de derecha, según los casos y los países o regiones, pero de todos modos de un impacto político innegable. La dirigencia europea ha debido escuchar la protesta y hacer concesiones. El Tratado con el Mercosur es uno de los primeros baluartes que cae, acorralado por la movilización popular, cuestionado desde las dos orillas atlánticas por su falta de transparencia y debilitado por recelos de uno y otro sector agropecuario temerosos de que les hagan goles en contra que no imaginaban.