Sindicatos e indígenas llaman a paralizar Panamá el jueves Ciudad de Panamá. Agencias

Los sindicatos y el movimiento indígena de Panamá han convocado para el jueves un cierre total del país, una medida que se han visto obligados a tomar por el carácter sordo y mudo de las autoridades y de los empresarios ante el problema minero.

Amplios sectores sociales de Panamá exigen que sea derogado el contrato ley 406 entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar por 20 años prorrogables la mina Cobre Panamá, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo en un cuestionado proceso exprés.

Panamá entra en su cuarta semana de protestas que han ido en aumento debido a la falta de voluntad del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo quien se niega a convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea de Diputados para presentar derogar el contrato ley 406.

Pero ya ambos poderes públicos, acusados de haber firmado el contrato pese al amplio rechazo expresado en manifestaciones que se venían registrando desde inicios de este año, descartaron la vía de la derogatoria y esperarán por el fallo del Supremo, que ya ha admitido recursos de inconstitucionalidad contra la mina, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.

Los pueblos originarios mantienen las barricadas en los puntos adyacentes a la comarca Ngäbe Buglé.

La vía judicial también es apoyada por grupos ambientalistas que tienen años luchando contra la mina, y que han instalado un campamento frente a la Corte Suprema, y por las patronales.

Las protestas, que incluyeron las mayores manifestaciones pacíficas en décadas en Panamá, han dejado cuatro muertos por arrollamiento y disparos en los bloqueos de vías, mientras que más de un millar de personas fueron arrestadas por la Policía, que ha sido acusada de uso excesivo de la fuerza.

La Policía ha realizado vastos operativos represivos contra los manifestantes, producto de los cuales ha detenido a 1,082 personas, de las cuales 134 son menores de edad.

Los docentes han reiterado el rechazo a la Ley 406, además que ante el llamado realizado por el Ministerio de Educación de retornar clases han expresado que pone en riesgo a miles de estudiantes debido al estado de incertidumbre e inseguridad para acudir a los centros educativos.

Sectores campesinos de la provincia de Veraguas mantienen los bloqueos en puntos estratégicos de tránsito pero cediendo a vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.

En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá.

En días pasados se dieron las honras fúnebres del educador Tomas Milton Cedeño en la provincia de Chiriquí atropellado en las manifestaciones en Horconcito.

También se celebraron los actos de despedida al educador Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodríguez Mendoza asesinados con arma de fuego por el ciudadano panameño norteamericano Kenneth Darlington, en el distrito de Chame, provincia de Panamá. El homicida de 77 años se mantiene recluido en la Policía de La Chorrera a la espera de la audiencia de apelación en los próximos días.

También se registró el fallecimiento por atropello de Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, cuando protestaban en la comunidad de Los Viveros, corregimiento de Buena Vista, provincia de Colón el pasado 26 de octubre.

Manifestaciones continúan

“No a la minería, Sí al agro”, rezaba una de las pancartas de la nutrida marcha que recorrió este martes David, la capital de Chiriquí, la provincia más golpeada por el bloqueo de la principal carretera de Panamá en rechazo a un contrato minero, una protesta que está sumiendo al país en una crisis.

Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, es la principal productora de verduras y legumbres de Panamá, pero el bloqueo de la carretera Panamericana desde hace más de tres semanas impide la llegada de combustibles o la salida de las cosechas.

Es así que mientras en esa región del norte panameño hay filas kilométricas para echar combustible o comprar bombonas de gas, en las estanterías de la capital y otras ciudades del país han desaparecido alimentos frescos como lechugas, repollos, pepinos, plátanos o bananas.

La Defensoría del Pueblo solicitó este martes al Gobierno “que restablezca de manera inmediata las garantías fundamentales que de facto hoy no puede gozar la población tales como: a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada; así como el derecho a la protesta pacífica”.