Costarricenses rechazan proyecto Empleo Público y crédito FMI San José. Prensa Latina
Integrantes de agrupaciones sindicales, políticas, sociales y populares rechazarán este jueves por cuarto día consecutivo, el proyecto de ley de Empleo Público y la negociación del Gobierno de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como en los tres días previos, los manifestantes estarán frente a la Asamblea Legislativa, en esta capital, porque los diputados analizan la mencionada propuesta legal, criticada por buena parte de la sociedad tica, pero en la que insiste el Gobierno.
Tal vez quien mejor resume el por qué de la oposición a esa iniciativa es la Asociación Nacional de Educadores, sindicato que en su perfil de Facebook, afirma que lo hacen porque impone un Salario Global y congela los salarios del sector público y ataca las Convenciones Colectivas.
Asimismo, prosigue, va de la evaluación del desempeño a despidos, es decir impone completar un nuevo formulario sobre las funciones que desempeñan los empleados públicos, lo que representa una carga laboral más y degrada la calidad de los servicios públicos.
En cuanto a la negociación de préstamo por mil 750 millones de dólares del FMI, sus oponentes aseguran que el país no necesita esos recursos para reducir el déficit fiscal, pues existen otras fuentes locales de donde obtener ese dinero, y estiman tal crédito solo endeudará aún más a Costa Rica.
Al rechazo de las agrupaciones mencionadas, se sumaron este miércoles el Consejo Nacional de Rectores (Cenare) y, sobre todo, dos miembros del grupo de garantes de la ética del gobierno del presidente Carlos Alvarado.
Los integrantes del Cenare entregaron una carta a Alvarado, en la cual expresan la oposición de las universidades públicas, a este proyecto, dadas las implicaciones en materia jurídica, por cuanto contiene vicios de inconstitucionalidad.
A los rectores de las universidades públicas del país les preocupa el control unilateral y el congelamiento de los salarios, y consideran que la legislación no puede gestar un ente autónomo, como lo pretende el proyecto, mientras alertan sobre una polarización en el país y dificultades para lograr la tan esperada reactivación económica.
Por su parte, Margarita Bolaños y José Manuel Arroyo, integrantes Grupo de Garantes de la Administración Alvarado (2018-2022) respaldan la autonomía de las universidades y, por tanto, que sean excluidas del proyecto de ley de Empleo Público.
Además, apuntan, no podemos ignorar en este debate la existencia de una arista ética, puesto que durante la campaña electoral pasada, el actual presidente fue claro al señalar que la cuestión del empleo público no podía reducirse a un tema eminentemente fiscalista, -como lo está siendo-, y que había que dar un tratamiento integral.
‘Encontramos pues, en este punto, un incumplimiento de orden moral a los compromisos asumidos para con el electorado nacional’, concluyen los garantes mencionados.
