Critican campaña contra ley que defiende a consumidores Managua. Por Jaime Mejía/Radio La Primerísima
La campaña de desprestigio de los bancos y la empresa privada hacia la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias se basa en puras especulaciones, mintiendo que perderán sus corresponsalías internacionales y amenazando que Nicaragua será incluida en una lista negra por promover actividades del lavado de activos, opinó el abogado Carlos Vladimir Rosales, experto en derechos del consumidor.
“Las reformas se refieren a una obligación que tienen que tener ahora los bancos o cualquiera (entidad) que esté dentro del sistema financiero a no poder cancelarte un servicio sin tener una explicación mayor o una explicación legal en base a la legislación nicaragüense y no a ninguna legislación extranjera que no aplique en Nicaragua, porque bien podría aplicar o estamos claros que todo convenio que ha sido ratificado por Nicaragua es parte de nuestra legislación, entonces ellos (bancos y Cosep) no pueden informar ahorita de que los pueden sancionar porque no estamos cumpliendo con las políticas que Nicaragua es firmante de lavados de activos, y eso no es cierto, tenemos un sistema de detección de lavados de activos muy bueno, la UAF (Unidad de Análisis Financiero) hace un trabajo muy excelente, eso no se está vulnerando como para decir que las reformas van a afectar realmente”, aseguró el especialista en entrevista a La Primerísima.
Indicó que la Asociación de Bancos Privados está lanzando esas especulaciones para crear zozobra en la población y de esa forma no los obliguen a operar bajo un marco jurídico que establece cuales son las obligaciones de los proveedores de servicios financieros.
“Ellos se han adelantado a cualquier hecho que les pudieran notificar su banco de referencia, ahora no solo los bancos norteamericanos son bancos de referencia, en el mundo hay una cantidad de bancos de referencia que se utilizarían para el envió de remesas, para las transacciones internacionales que están hablando todos los días que podrían verse afectadas”, señaló Rosales.
Asimismo, dijo que la banca comercial estaba acostumbrada a operar a su gusto y antojo y hacer lo que quisiera con sus clientes, situación que debe cambiar con la reforma a la Ley 842 en la Asamblea Nacional.
“Porque nos encontrábamos con que los proveedores de servicios financieros se encontraban en un privilegio que no tenía nada más, absolutamente irrisorio, en la medida en que podían cancelar, aprobar o desaprobar una solicitud de un servicio a lo cual ellos han puesto a disposición de las personas sin mayor explicación alegando políticas internas”, lamentó el especialista.
En ese sentido, recordó que hoy en día poder acceder a un servicio financiero forma parte de los derechos humanos, no tanto como créditos sino tener una cuenta de ahorro, al igual que recibir y enviar remesas.
