Curas y obispos españoles abusaron de más de 440 mil niños y jóvenes Madrid. Agencias

Un impactante informe de la oficina del Defensor del Pueblo revela que más de 445,000 personas en España podrían haber sido víctimas de abusos en el ámbito religioso, con casi 236,000 de ellos directamente a manos de sacerdotes. El documento arroja luz sobre esta preocupante situación y también llama a la acción para reparar a las víctimas que han sido abandonadas durante mucho tiempo.

El informe, que recopila los testimonios de 487 víctimas, fue presentado en el Congreso español por el socialista Ángel Gabilondo, quien lidera la oficina encargada de velar por los derechos de los ciudadanos en España, conocida como Defensor del Pueblo. Este extenso reporte de 777 páginas también incluye los resultados de una encuesta que muestra datos inquietantes sobre la magnitud de los abusos.

Según el informe, el 84% de las víctimas entrevistadas fueron hombres, al igual que la gran mayoría de sus agresores. Sorprendentemente, solo un pequeño porcentaje de los acusados ha enfrentado juicios por parte de las autoridades civiles, y la mayoría de ellos continuaron en sus cargos, fueron trasladados o enfrentaron juicios bajo el derecho canónico.

La encuesta, realizada a 8,013 personas mayores de edad, revela que un 1.13% de los españoles ha sufrido abusos en el ámbito religioso, y un 0.6% de estos abusos fueron perpetrados por sacerdotes o religiosos. Si bien el informe no cuantifica el número total de víctimas, muestra que un 11.7% de los españoles ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años.

Gabilondo, en conferencia de prensa, calificó la respuesta de la Iglesia como “insuficiente y dilatoria” y criticó prácticas comunes como el traslado de personas abusadoras a otras parroquias, instituciones educativas o incluso a otros países. Lamentó que durante mucho tiempo estuvo caracterizada por la negación y la minimización del problema.

“Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes es un ejemplo de malas prácticas. Con el paso del tiempo y la aparición de casos, la presión de las víctimas, de los medios y una mayor conciencia ha provocado que estas reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo”, señaló.

El informe no se limita a las críticas a la Iglesia, también señala que las autoridades públicas carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y responder a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia. Solamente a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección.

Algunas víctimas se vieron sometidas a negación, ocultamiento y, en algunos casos a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabiliza de los abusos sufridos. “Hay gente que se ha suicidado (…), gente que no ha recompuesto su vida jamás”, dijo Gabilondo.

Además, la comisión de expertos entrevistó a 487 víctimas, quienes subrayaron “los problemas emocionales” que sufrieron a lo largo de sus vidas, expuso Gabilondo. Consideró que el caso medio millar de testimonios directos que recogió su oficina, “revela el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas”.

Además, entre las recomendaciones se incluye que la iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran.

Durante su comparecencia, Gabilondo comentó que “no todos los obispos han colaborado. Alguno nos ha reñido”.

“Jamás voy a ser una persona normal. Jamás voy a dejar de hacer terapia ni de medicarme”, dijo una víctima, Teresa Conde. Para quien el informe es una “luz” que debe conducir a las autoridades civiles a garantizar “que por lo menos esto no se repita”.

Hoy profesora de Filosofía de 57 años, Conde fue abusada por años por un fraile amigo cercano de su familia, a partir de sus 14 años. Ocurrió cuando iba a un colegio religioso en Salamanca (noroeste), a principios de la década de 1980.

Entre las recomendaciones, el informe propone la celebración de “un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020”.

El informe no solo da voz a las víctimas, sino que también hace un llamado a la creación de un fondo estatal de compensación para ellas que Gabilondo considera “imprescindible” y aboga por la participación activa de la Iglesia en este fondo. Además, sugiere que la Iglesia debe brindar apoyo a las víctimas y sus familiares en su proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento cuando sea necesario.