Declara ante Fiscalía expresidenta de facto de Bolivia La Paz. Prensa Latina
La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez declarará este miércoles en la cárcel de Miraflores en el marco de proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima.
La exmandataria, quien se encuentra detenida desde el 17 de marzo de modo preventivo por seis meses acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, fue citada por la Fiscalía con el fin de ‘presentar su confesión informativa, en calidad de investigada’ dentro del proceso llamado golpe de Estado.
En su contra el Ministerio Público aceptó el pasado 23 de marzo los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), violación de la libertad de expresión en la cuarentena por la Covid-19 y violación de los derechos humanos de bolivianos impedidos de ingresar al país desde Chile en 2020.
El primero se refiere a un préstamo de más de 300 millones de dólares, solicitado al FMI sin el aval legislativo correspondiente, y que representó el pago de más 24 millones de dólares sin haberse utilizado el monto.
La segunda denuncia vincula la presunta vulneración de la libertad de expresión, pues con el Decreto Supremo 4200 se usó la Covid-19 de pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de miles de personas.
La otra solicitud admitida provino de quejas de nacionales, quienes durante semanas fueron impedidos de retornar a su patria y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia.
También están incluidos en la indagación sobre los sucesos de noviembre de 2019 el exministro de Economía José Luis Parada Rivero y el expresidente del Banco Central de Bolivia Guillermo Aponte.
La Fiscalía tiene 30 días hábiles para formular el requerimiento acusatorio o el rechazo de la proposición y, si da curso al proceso, el análisis pasa al Legislativo, donde se argumentará el juicio de responsabilidades.
La prisión de Áñez y exautoridades de su Gobierno generó una serie de reacciones contrarias a la búsqueda de justicia por fuerzas opositoras, cuando como resultado de la ruptura constitucional y las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz) murieron 36 personas, hubo 800 heridos y más de mil detenidos.
