Diputado califica de correcta suspensión de personalidad jurídica a cinco universidades Managua. Radio La Primerísima

El diputado Walmaro Gutiérrez, presidente de la comisión de producción, economía y presupuesto de la Asamblea Nacional expresó que la cancelación de Personerías Jurídicas a 5 universidades es una medida correcta, acertada y ajustada a derecho, para iniciar una nueva historia en el desarrollo y calidad en la educación universitaria en Nicaragua.

En una entrevista con la cadena Telesur, Gutiérrez dijo que la Asamblea de la República de Nicaragua recibió una iniciativa de Ley con una remisión por parte de Ministerio de Gobernación (MIGOB) que es la entidad encargada de darle seguimiento y análisis a las buenas prácticas de los organismos no gubernamentales, aprobados por la Asamblea Nacional, advirtiendo a este poder del Estado que habían algunos organismos no gubernamentales de carácter educativos, específicamente universitarios que había incurrido por más de 10 años, en una práctica completamente reñida con la Ley y el derecho.

Detalló que, la Ley 147, una Ley que existe desde el año 1992, para el tiempo del periodo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, estipula una serie de disposiciones, que son de mandatario cumplimiento para todos los organismos no gubernamentales, incluyendo los de carácter educativo.

“En este caso existen pruebas fehacientes de que estos organismos no gubernamentales de carácter educativos, no cumplieron con diferentes disposiciones que establece la ley de la materia, por ejemplo la presentación de sus estados contables, la memoria de las donaciones que reciben, la conformación de las juntas directivas, incluso hay muchas juntas directivas de esos organismos no gubernamentales cancelados de que están acéfalos desde hace muchísimos años”, informó.

Expresó que la Asamblea Nacional revisó la documentación del caso, vio que prestó mérito todos los planteamientos hechos por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) y procedió como en derecho corresponde, “porque así funciona un Estado de Derecho, cuando los ciudadanos, personas naturales o jurídicas cometemos alguna infracción a la Ley, tenemos una sanción y en este caso la Ley 147 deja claramente establecido de que, esas disposiciones infringidas son una causal directa para la cancelación inmediata y definitiva de la personalidad jurídica de estos organismos no gubernamentales”.

El parlamentario recordó que “estas universidades que nacieron bajo el amparo de la Ley de Organismos No Gubernamentales Sin Fines de Lucro, terminaron siendo una suerte de híbrido, porque por un lado son organismos no gubernamentales sin fines de lucros creadas por la Asamblea Nacional; pero en la práctica se había convertido en sociedades mercantiles, porque comerciaban con la educación universitaria”. Mencionó los cobros estratosféricos para que los chavalos pudiesen estudiar y graduarse en las universidades.

Gobierno garantiza 6% constitucional

Walmaro, apuntó que aproximadamente un promedio de 130 a 167 millones de dólares, base anual es lo que el Estado de la República de Nicaragua les otorgan a las universidades subvencionadas con el 6% “y aún así, algunas de estas universidades hacían prácticas de latrocinio en contra de los estudiantes”.

En la entrevista a TeleSur, también dio a conocer que en 2018 muchos de esos centros universitarios, lejos de ser templos del saber, terminaron utilizándose como casas de violencia “donde hubieron reductos de personas violentas que desde las mismas universidades, salían a infringir delitos y cometer delitos en contra de las personas y en contra de la propiedad pública y en contra de la propiedad privada”.

Señaló que desde todo punto de vista, esas universidades ya estaban completamente reñida con su objetivo original, que era darle el pan del saber a las y los nicaragüenses que querían una carrera universitaria, “todos esos señalamiento se hicieron en su momento, pero definitivamente esos señalamientos fueron desoído por estas instituciones y el Ministerio de Gobernación (Migob) en base a la constitución y en base a la Ley, lo que hace es suspender la personalidad jurídica y mandar la solicitud de cancelación a la Asamblea Nacional”.

Explicó que, si la Asamblea no hubiese aprobado la cancelación, hubiese estado reñida con la Ley, “porque estamos viendo personas jurídicas de carácter educativo que sencillamente no cumplen la ley y se verían sin ningún tipo de sanción. Por lo tanto nosotros creemos que fue una medida correcta y ajustada a derecho”.

Apuntó que, se le garantiza a los muchachos y muchachas que esta decisión no le afecta desde ningún tipo de vista la continuidad educativa de sus estudios, “es más con una reducción y re adecuación de aranceles, porque ahora los aranceles que les va a tocar pagar no serán como los aranceles que les pagaban a estos mercaderes de la educación, sino que van estar directamente vinculados a los costos reales de su educación universitaria y va a ser protegidos por el Estado a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU)”.

Reiteró que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha garantizado de manera fiel y respetuosa la transferencia del 6% para mantener estas universidades.

“Si usted hace una sumatoria desde el año 2007 hasta el año 2022 a las universidades del Consejo Nacional de Universidades a las que les damos transferencia de las universidades, se les han transferido 2 mil 677.4 millones de dólares en estos 16 años. Sin embargo, ¿En qué se ha traducido, se han reducido los cobros en los aranceles a los estudiantes? Falso, ¿En que ha mejorado el índice de adecuación? Falso, ¿Han habido mejoras en sus instalaciones? Falso. Lo que ha sucedido es que, una francachela de 4,5, 7 o 10 personas que manejaban como negocio doméstico las universidades estaban siendo manejadas como centros de comercios, donde la educación dejó de ser un derecho, para convertirse en una mercancía que se negocia al mejor postor”, agregó.

Walmaro Gutiérrez, también dijo que con esta decisión se está cercenando una práctica deformante que había estado desarrollándose en el sector educativo universitario de nuestro país.

“A partir de hoy y para adelante va a ser un parteaguas, donde se va a contar la historia del desarrollo universitario en calidad en nuestro país, a partir de un antes y un después de esta correcta, acertada y totalmente legal decisión que está tomando la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua”.

Compartió que las dos resoluciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) deja claro que la continuidad educativa de los jóvenes nicaragüenses con calidad y asegurando la reducción significativa de los aranceles es un compromiso de Estado de Nicaragua y de gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, “es más yo tengo información que los estudiantes siguen asistiendo a los lugares, centros y recintos donde toda la vida han estudiado y hasta donde tengo entendido, continuarán estudiando.”

Resaltó que la diferencia es que, “esos centros educativos ya no van estar manejados por mercaderes de la educación, mercaderes del saber, sino que estarán manejados por funcionarios nombrados por el Consejo Nacional de Universidades, para que esas instituciones académicas universitarias, continúen desarrollándose sin ningún obstáculo y sin ningún problema, para garantizar que nuestros estudiantes en estas universidades, culminen con éxito y con calidad y a bajo aranceles sus planes de estudios universitarios. Se acabó eso de que para graduarse tenía que pagar de 900 a 1 mil dólares el curso de titulación, con esas otras barbaridades que le hacían a los estudiantes”.

En otro tema, mencionó que es lamentable que medios internacionales se den a la tarea de deformar la realidad de lo que sucede en el país, “ha sucedido con la educación en este momento y ha sucedido con otros elementos que han querido y han tratado de tergiversar; sin embargo, gracias a Dios contamos con cadenas hermanas como TeleSur que nos permite este espacio y hablar ante la población y ante la comunidad internacional, la realidad de lo que está sucediendo”.

En síntesis, reiteró que lo que sucede es que, “la Asamblea Nacional y el Estado nicaragüense está cortando el negocio al grupúsculo que han estado mercadeando por todos estos años con un derecho que es una restitución de derechos hacia las y los nicaragüenses y no podemos permitir que ese derecho se siga manejando como una mercancía tratable al mejor postor”.