Imputan nuevos delitos en investigación contra expresidenta de facto en Bolivia La Paz. Prensa Latina

La Fiscalía de Bolivia añadió los presuntos delitos de genocidio y asesinato contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) en la pesquisa sobre la masacre de Sacaba (Cochabamba), confirmó este martes el Ministerio Público.

Una comisión formada por cuatro fiscales firmó el documento de ampliación de la investigación, que lleva la fecha de este 6 de marzo.

“Señor juez, en previsión del Art. 279 (control jurisdiccional) del Código de Procedimiento Penal, y en mérito al memorial de solicitud de ampliación y demás elementos de convicción incluidos en el cuaderno de investigaciones, se tiene la necesidad de ampliar investigaciones en contra de la siguiente persona: Jeanine Áñez Chávez”, sostiene el memorial.

El crimen de Sacaba, calificado de masacre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el golpe de Estado de 2019, ocurrió el 15 de noviembre de ese año, 72 horas después de que Áñez se autoproclamara mandataria con el apoyo de opositores políticos, policías, militares y la jerarquía católica.

Una fuerza policial-militar pertrechada con calibre de guerra intervino una marcha de cocaleros y otros sectores sociales en Sacaba, con saldo de 11 muertos, decenas de heridos por arma de fuego.

Se sentían respaldados por el Decreto Supremo 4078 (conocido como “de la muerte”), rubricado por Áñez y su gabinete, y que los eximía de responsabilidad penal en la represión contra quienes reclamaban el retorno de la democracia.

Apenas cuatro días después, en Senkata, El Alto, ocurrió una matanza similar, por la cual recientemente la Fiscalía también amplió el proceso penal contra la exgobernante de facto por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.

Áñez se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores, donde cumple una condena de 10 años por las ilícitas en las cuales incurrió para autoproclamarse titular del Senado y desde ahí colocarse inconstitucionalmente a la cabeza del Estado.

La dirigencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz hizo aprobar a finales de 2022 en un cabildo, durante la gestión de Rómulo Calvo, promover un revocatorio contra el presidente, Luis Arce, en caso de que no emita un decreto con una amnistía para 180 supuestos “presos políticos”, entre ellos Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros procesados por el golpe de Estado y los crímenes posteriores.

Sin embargo, Arce fue tajante en su respuesta: “nosotros no vamos a interferir en el trabajo de la Justicia”, aseguró el mandatario en entrevista a la cadena Telesur, y reiteró que su Gobierno no teme a un revocatorio, en caso de prosperar la iniciativa de los cívicos cruceños.