Líder comunista en Costa Rica revela sometimiento oficial al FMI San José. Prensa Latina

El objetivo principal de la política de sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) busca encadenar la vida económica y social al modelo neoliberal, aseguró este sábado el líder comunista tico Humberto Vargas.

Asimismo, poner a Costa Rica al servicio del capital financiero internacional y someter de modo absoluto la vida social y política de este país, apunta Vargas, secretario general del Partido Vanguardia Popular (PVP, comunista), en un editorial divulgado en el periódico Libertad, órgano de esa fuerza política.

Desde septiembre pasado y pese al rechazo inicial que obligó al presidente Carlos Alvarado a retirar una primera propuesta, desde diciembre anterior el gobierno de Costa Rica insiste en un acuerdo con el FMI para recibir un crédito por mil 750 millones de dólares, algo que organizaciones sociales, populares y sindicales reprueban de plano.

En su editorial, Vargas afirma que las consecuencias más graves de este sometimiento al FMI las sufrirán los trabajadores asalariados, los campesinos y todos los pobres, así como golpeará muy seriamente además a la burguesía media y a los pequeños empresarios.

Indica que estas capas sociales también resentirán las consecuencias de la profundización de la brecha social, pues la desigualdad es la consecuencia más brutal del dominio de la gran burguesía y del imperialismo.

El líder comunista tico recuerda que los costarricenses son parte de un mundo donde el uno por ciento más rico de la población concentra más riqueza que el 99 por ciento restante, y califica de inadmisible esta realidad.

Vargas estima que ‘el gobierno actual es un gobierno tuerto, para decir lo menos. Con el ojo bueno mira al mundo de los ricos criollos y sin ningún tapujo ético ahora nos quiere someter a los dictados del poder salvaje del FMI. Con el ojo ciego apenas las sombras de las penurias de los trabajadores y de todos los pobres. Y es que le tienen sin cuidado’.

Rebelarse -sostiene- es una necesidad política y un mandato ético, ya que -asevera- nadie está legitimado para obligar a los pobres a aceptar esta situación, y, por supuesto, mucho menos el presidente Alvarado y sus adláteres.