Medidas coercitivas dañan economía nacional Managua. Radio La Primerísima

Actividades y funcionarios nicaragüenses denunciaron ante el Tribunal Internacional de los Pueblos las agresiones de los Estados Unidos con Nicaragua a lo largo de la historia.

En su intervención el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, señaló cada uno de los efectos de las medidas coercitivas ilegales a la economía nacional y el proceso de desarrollo socioeconómico desde 1981 hasta la fecha.

A continuación, palabras textuales:

 

Buenos días.

Hoy 03 de junio del 2023, desde Nicaragua Libre y Soberana, asistimos a la XIV Audiencia País del Tribunal Popular Internacional sobre el Imperialismo Estadounidense: Sanciones, Bloqueos y Medias Coercitivas Económicas.

 

Saludamos a todos los participantes en esta audiencia para continuar apoyando el derecho de los pueblos y las naciones a construir sus propias sociedades libres del terror de la guerra y la violencia imperialista. En ese contexto, acudimos a este Tribunal a ACUSAR al imperialismo, en todas sus manifestaciones y expresiones y en ese sentido, apoyamos la posición general de este Tribunal de que las sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas económicas constituyen y están constituidas por estructuras del imperialismo, diseñadas para mantener el orden capitalista neocolonial y el empoderamiento masivo de los monopolios y la industria militar occidental.

¿Cuáles son los fundamentos históricos, jurídicos, morales, de derechos humanos que respaldan nuestra acusación que traemos a este Tribunal?

En primer lugar y particularmente nuestro país, Nicaragua Libre y Soberana, tiene toda una historia de intervenciones de Estados Unidos y ha sido el país centroamericano más intervenido por Estados Unidos en el siglo XX. Lo primero que hay que señalar es la invasión de William Walker y sus 300 mercenarios estadounidenses en 1855, y su autoproclamación como Presidente de Nicaragua; la que fue derrotada por el General José Dolores Estrada con sus 180 hombres y los flecheros indígenas de Matagalpa en la heroica Batalla de San Jacinto, donde surge la emblemática figura de Andrés Castro abatiendo a un mercenario con una piedra.

Luego, el 1 de diciembre de 1909, se dio la imposición de la Nota Knox al Presidente liberal José Santos Zelaya, lo que se tradujo en un Golpe de Estado.

En el marco de la llamada Revolución Libero-Conservadora, el 1° de septiembre de 1912 desembarcaron en Corinto aproximadamente 1,500 marines a petición de Adolfo Díaz. En este contexto surge la lucha del General Benjamín Zeledón, heredándonos un ejemplo de patriotismo y dignidad nacional, al rechazar las propuestas de rendición de las tropas invasoras.

Nuevamente, en 1927 se da otra intervención con el desembarco en Corinto de 3,900 soldados, 215 oficiales y 865 marinos, dando paso a la lucha y gesta libertaria del General Augusto C. Sandino con su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN), dejando un imborrable legado por la libertad  y la soberanía de Nicaragua, expulsando a las tropas norteamericanas en 1933, siendo la primera derrota militar de los Estados Unidos en la Región.

No obstante, los Estados Unidos se encargaron de crear la tenebrosa Guardia Nacional, que llevó al poder a Anastasio Somoza García, quien ejecutó el plan estadounidense de asesinar al General Sandino, y que devino en la tiranía más sangrienta de América Latina, la que mantuvo sometido y violentado al pueblo nicaragüense por 45 años, hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979; donde encontramos el país que dejó el somocismo: un país empobrecido, desigual, atrasado, dependiente, destruido y saqueado, expresado en lo siguiente:

• Había un reducido número de ricos terratenientes y una gran masa de campesinos sin tierra: El 2% de las fincas ocupaban el 40% de toda la tierra arable, mientras el 50% de las fincas ocupaban solamente el 3.4%de la tierra arable.

• La distribución de la riqueza era totalmente injusta: En 1970, el 5% de la población nicaragüense recibía el 28% del ingreso nacional, mientras que el 50% de la población recibía solamente el 15% del ingreso, y los niveles intermedios recibían el restante.

• Había raquíticos índices de calidad de vida:− Las escuelas secundarias se encontraban ubicadas en las ciudades, y en vista de que la mayoría de las clases desposeídas se encontraban en el sector rural, las escuelas servían a las clases medias y alta. Por eso, el analfabetismo era tan alto (50.3%).

− Entre 1971-1975, el 57% de los niños nicaragüenses menores de 5 años padecían algún grado de desnutrición. Las tasas de mortalidad general eran de 13.9 por 1,000 personas y la mortalidad infantil era de 120 por 1,000 nacimientos.

• Existía un país ocupado, oprimido y asesinado: Para una población de 2.3 millones, había una Guardia Nacional que llegó a 15 mil hombres, los que bombardearon y acribillaron de forma indiscriminada ciudades enteras.

• Aproximadamente la mitad de la población nicaragüense vivía en un estado de pobreza absoluta. No obstante, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, inició un amplio proceso de apertura de espacios y accesos políticos, sociales, económicos y culturales para la mayoría de la población. Sin embargo, como esto era un “mal ejemplo para la Región”, los Estados Unidos organizaron y financiaron a la Contrarrevolución, imponiendo una cruenta guerra de agresión durante una década, que cobró la vida de más de 60 mil nicaragüenses, lo que limitó el avance del proyecto de justicia social que había emprendido el FSLN.

Pero, además de la guerra, Estados Unidos implementó un bloqueo económico contra Nicaragua. Por ejemplo, en 1983 la proporción de las exportaciones a Estados Unidos eran del 17% y en 1984 habían bajado a 7.9%. Adicionalmente, el Primero de mayo de 1985, Ronald Reagan anunció en Bonn, en vísperas de la Cumbre de los Siete, su decisión de decretar sanciones económicas / embargo a Nicaragua, el que inició con el bloqueo norteamericano a un préstamo de $58 millones con el BID.

En este marco, en su histórica vocación de diálogos por la Paz, el FSLN participó entre 1987-1990 en las Pláticas Diplomáticas de Manzanillo, con el Grupo de Contadora, y fue firmante de los Acuerdos de Esquipulas I y II y los de Sapoá.

Además, como fiel creyente del derecho internacional, el Gobierno Sandinista interpuso una demanda contra los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, bajo el título “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”. Los textos del fallo de la Corte, emitido el 27 de junio de 1986 Nicaragua, dictaminó en favor de Nicaragua (tal como se describe en los numerales 13 y 14 de dicha sentencia), lo que demuestra que la razón estaba del lado del Gobierno Sandinista. En 1989, el costo de los daños económicos causados por la guerra se estimó en 17 mil millones de dólares (aproximadamente 50 mil millones en la actualidad), en concepto de destrucción de infraestructuras (puentes, torres de transmisión de electricidad, represas, centros de salud, de educación y producción agrícola, entre otros), y sus consecuencias económicas.

No obstante, los Estados Unidos se negaron a respetar la decisión de la Corte bajo el argumento de que ésta no tenía jurisdicción sobre el caso. Posteriormente, retiraron su Declaración sobre la Cláusula Opcional, que establecía la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, lo que deja en evidencia el “doble rasero” de los Estados Unidos respecto al derecho internacional.

Esta deuda económica, legal y moral de los Estados Unidos para con Nicaragua, no puede ser borrada, ni puede ser olvidada. Y no puede ser borrada ni puede ser olvidada, porque en medio de las adversidades el Modelo Sandinista durante los años 80 avanzó en lo siguiente:

• Construcción de un Gobierno Popular por primera vez en la historia, con amplia participación del pueblo en la toma de decisiones.

• Un Nuevo Ejército y una Nueva Policía al servicio del pueblo.
• Conformación de las Empresas Área Propiedad del Pueblo.
• Redefinición de la distribución de la Riqueza (Equitativa).
• Instauración de la educación pública para la liberación social y cultural, con una drástica reducción del analfabetismo.

• Instalación del modelo preventivo de Salud Pública, con participación del pueblo.

• Entrega de tierras para el campesinado con la Reforma Agraria.
• Entrega de Viviendas y lotes para los pobladores urbanos.
• Universalización de la Seguridad Social.
• Avances en la emancipación de la Mujer contra el machismo y la discriminación.

• Creación de espacios para el protagonismo de los jóvenes.
• Establecimiento, por primera vez, de una Democracia Representativa

y Electoral en Nicaragua, con un nuevo marco-jurídico-constitucional, con las primeras elecciones libres y plurales en la Historia de Nicaragua en 1984, y una nueva Constitución Revolucionaria en 1987.

• La Victoria de Nicaragua en el Derecho Internacional, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia condenando a los Estados Unidos por las agresiones a Nicaragua.

• Realización de elecciones anticipadas y el aporte trascendental del FSLN a la consolidación democrática en Nicaragua, con el traspaso pacífico del Gobierno en 1990. Lo que ocurrió posteriormente entre 1990 y 2006 y para ser más preciso, entre el 25 de febrero de 1990 y el 9 de enero de 2007 (16 años, 10 meses y 14 días), 3 partidos políticos libero-conservadores gobernaron consecutivamente el país, asumiendo el Neoliberalismo como su modelo de desarrollo. Un modelo que tiene como finalidad la acumulación sin fin de la riqueza material por unos pocos, en detrimento de las grandes mayorías, siendo su “criterio de éxito” la tasa de crecimiento; priorizando lo económico por encima de lo social y lo político; y el cortoplacismo, por encima del interés de las futuras generaciones.

Podríamos afirmar que es una etapa del oscurantismo neoliberal, que incrementó de manera galopante la pobreza y las desigualdades en el país.

Es a partir del 2007, con el triunfo del Frente Sandinista a la cabeza del Presidente Daniel Ortega, que se inicia el impulso de una serie de medidas para financiar proyectos de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano. En esa línea de medidas, se prioriza la estabilidad macroeconómica, el acceso gratuito a salud y educación, se da un nuevo enfoque a la producción, donde la prioridad pasó de las grandes empresas y grandes productores a pequeños y medianos productores y pequeños negocios, los que han venido siendo capitalizados para convertirlos en agentes económicos.

Se impulsa el protagonismo de la juventud y las mujeres para que tengan un rol en lo social y en la economía; por ejemplo, el 95% de los Bonos Productivos Alimentarios y el 100% de créditos del Programa Usura Cero son entregados a mujeres.

Se apuntala la lucha contra la Pobreza, la que se redujo entre 2005 y 2017 de 48.3% a 24.9% en pobreza general y 17.2% a 6.9% en pobreza extrema.

Se expande el Programa de Inversión Pública y se contrataron financiamientos para el desarrollo por aproximadamente US $8 mil millones. Hemos pasado de tener viejos hospitales privatizados a la mayor Red de infraestructura hospitalaria pública y gratuita de Centroamérica.

Hemos casi duplicado la red de carreteras y la hemos mantenido en buen estado, lo que nos ubica con la mejor red vial de Centroamérica. Hemos construido, mejorado y ampliado más de 33,000 aulas decentes y dignas, y hemos garantizado la merienda escolar a 1.2 millones de niñ@s.

Hemos electrificado la mitad del país, con más de 600 mil nuevas viviendas con electricidad de calidad y continuidad. Además, hemos cambiado la matriz de generación eléctrica pasando de 25% con fuentes renovables en2006 a 74.18% en 2021.

Las exportaciones han pasado de alrededor de US $1,000 millones en 2006 a aproximadamente US $8,000 millones en 2022.

En el caso de las Zonas Francas se sigue creciendo y se superó la batalla que existía entre empresarios y trabajadores por el salario, alcanzando en 2009 un acuerdo tripartito (Gobierno-Empresarios-Trabajadores), que ha permitido incrementos de más o menos 8% anual en los salarios, con estabilidad y atracción de más inversión.

Se ha cambiado la matriz productiva, alcanzando alrededor del 90% de seguridad y soberanía alimentaria, con buena estabilidad de precios y suficiente comida.

En esa senda robusta del crecimiento y desarrollo del país, desde que se pronosticaba en 2006 el regreso del FSLN, inició la implementación de la estrategia para su derrocamiento, en las urnas o por cualquier vía. No siendo posible la primera, se comenzaron a realizar plantones, amplia difusión de campañas de manipulación y desinformación por medio de fake news, capacitación y organización de supuestos “líderes juveniles”, etc.; con el objetivo de lograr el “calentamiento de calles”, una etapa clave del Manual de Gene Sharp. En los últimos tiempos, lo intentaron protestando irracionalmente por un incendio en la reserva Indio Maíz y luego con la necesaria reforma al INSS.

Utilizando como pretexto esa Reforma (que fue derogada pocos días después), la oligarquía capitalista nicaragüense, un importante sector de la Iglesia Católica, partidos políticos minoritarios y medios de comunicación de extrema derecha, junto a grupos políticos disfrazados de Organizaciones No Gubernamentales asociados a la delincuencia y el crimen organizado, fueron los puntales del Intento Fallido de Golpe de Estado ocurrido entre abril y julio 2018, donde el Pueblo nicaragüense fue sometido a 3 meses continuos de terror, ejecutando:

1. a) Violaciones al derecho a la libre circulación de la población.
2. b) Alta inseguridad Ciudadana.
3. c) Obstrucción de vías públicas y obstaculización del transporte de carga y de pasajeros a nivel nacional e internacional, con la paralización del comercio.

1. d) Destrucción, robos, incendios y saqueos a infraestructura productiva y de servicios públicos y privados.

1. e) Secuestros, Extorsiones, Violaciones, Torturas y Asesinato. Este intento de Golpe de Estado fue financiado desde el exterior, fundamentalmente por los Estados Unidos a través de USAID y la NED, contando también con presiones de la Unión Europea, algunos Gobiernos como los organizados en el extinto “Grupo de Lima” y organismos internacionales aliados de los Estados Unidos como la OEA y la CIDH.

Los actos terroristas desatados en ese periodo alteraron la Paz, la Seguridad y la Estabilidad Económica, dejando como resultado 198 personas fallecidas, de las cuales 22 eran miembros de la Policía Nacional (20 Hombres y 2 Mujeres), con 1,240 personas heridas con armas de fuego (401 eran miembros de la Policía Nacional), lo que dejó al descubierto que eso no fue ninguna protesta pacífica, sino un intento de derrocamiento por la vía violenta del Gobierno legal y legítimamente constituido.

Las Pérdidas englobadas en la economía nacional producto solo del Intento Fallido de Golpe de Estado es de aproximadamente US $17 mil millones para el periodo 2018-2023 (más de 3 veces el PIB real de 2022), lo que es equivalente al impacto de 28 Huracanes ETA e IOTA, 11 Pandemias o 3 Huracanes Mitch, y solo comparado con el Terremoto de 1972.

Estas pérdidas provocaron 3 años consecutivos de caída del Producto Interno Bruto, siendo de -3.4% en 2018, -2.9% en 2019 y -1.8% en 2020, lo que interrumpió temporalmente el crecimiento que tuvo el país entre 2010- 2017 (5.1% en promedio anual), siendo éste el periodo continuo de mejor desempeño económico en la historia de Nicaragua.

Derrotado por el pueblo el golpe de Estado fallido, se inicia una política agresiva del imperialismo, de la Unión Europea y de algunos países del Consejo de Seguridad de la ONU, para iniciar un proceso interminable de imposición de sanciones, bloqueos y medidas coercitivas económicas unilaterales; acompañadas de una campaña mediática de desinformación.

En este Tribunal en que acusamos al imperialismo, partimos de la premisa jurídica que ningún país o grupo de países pueden atribuirse la potestad de violentar la soberanía y el legítimo derecho al desarrollo de los pueblos, bajo ningún mecanismo, incluyendo el financiamiento para la desestabilización política, las sanciones a funcionarios de Gobiernos, las mentiras/fake news, el bloqueo comercial, la presión a organismos y a la banca multilateral para restringir el acceso a recursos financieros. Estas medidas afectan directamente a los Ciudadanos, sobre todo a los más pobres, distanciando a los países en desarrollo de sus metas de reducir la pobreza general y erradicar la pobreza extrema.

El pueblo nicaragüense ha sido y sigue siendo afectado por las medidas restrictivas y coercitivas orientadas a afectar el desarrollo político, económico y social del país. La estrategia de los Estados Unidos y sus aliados, ha venido oscilando entre el intervencionismo en la administración de las instituciones y el chantaje y la extorsión institucional, para alcanzar sus fines de política exterior, expresadas originalmente en la “Doctrina Monroe” y el “Destino Manifiesto”.

Entre las medidas unilaterales, arbitrarias, ilegítimas, inhumanas e injustas, que han aplicado a la Nicaragua Libre y Soberana, están:

• La Ley 115-335 de 2018, del 115 Congreso de los Estados Unidos (aún vigente), denominada por su nombre corto como “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua”, orientada a oponerse a que el Gobierno de Nicaragua acceda a préstamos u otro tipo de asistencia financiera o técnica de instituciones internacionales, entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

• La Ley Global Magnitsky, aplicada por los Estados Unidos contra Nicaragua desde 2018 (aún vigente), imponiendo sanciones arbitrarias contra más de 60 funcionarios públicos e instituciones del Estado y del Gobierno de Nicaragua. Por su parte, la Unión Europea ha sancionado a 21 funcionarios y a 3 instituciones; el Reino Unido impuso sanciones contra 8 funcionarios y Canadá aplicó sanciones a 11 funcionarios.

Estas medidas, lo que pretenden en realidad, es romper la estructura institucional del país para reducir la capacidad de generar bienes y servicios públicos que satisfacen las necesidades humanas de la población nicaragüense.

• Estados Unidos está presionando a Nicaragua con posibles reducciones a los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DRCAFTA), en el marco de la Ley RENACER, promulgada por el Presidente Biden en noviembre 2021, indicando la revisión de la participación de los productos nicaragüenses en el libre comercio entre los países.

• Los Estados Unidos y sus aliados han aplicado restricciones al ingreso de inversiones extranjeras en Nicaragua, mediante acciones intimidantes y desinformativas, para limitar que empresas y/o inversionistas extranjeros, principalmente de origen estadounidense, inviertan en Nicaragua.

• Al menos 26 Proyectos (del BID, BM, EXIMBANK Corea y BEI), se han visto afectados por las medidas coercitivas, los que engloban un monto el US $1,418.3 millones, como efecto de haber pasado de una contratación promedio de préstamos de US $819.44 en el periodo 2014-2017 a US $291.09 en el periodo 2018-2021. Entre los sectores afectados por estas medidas están: Desarrollo Productivo en la Costa Caribe, Alimentación escolar en poblaciones vulnerables; Desarrollo Integral de la niñez; Acceso a agua potable en zonas rurales; y Cadenas productivas y reconversión productiva.

• Los Estados Unidos vetaron en el Banco Mundial un estudio en el corredor seco que tendría como resultado un financiamiento por aproximadamente US $80 millones, afectando directamente a 800 mil personas que viven en esta zona; pero, además, faltaron a sus lemas del compromiso con la lucha contra la Pobreza y de compartir prosperidad; y también al compromiso fundacional que no se puede afectar los derechos humanos de las personas. Aún con eso, no hemos detenido los esfuerzos en el corredor seco.

• Los Estados Unidos, junto al extinto Grupo de Lima, paralizaron en el BID proyectos importantes que estaban en cartera para ser financiados a Nicaragua, como la carretera La Esperanza-Wapí o el Muelle de Bilwi (un muelle de madera que fue destruido en 2020 por los Huracanes y que es un bien público importante para las comunidades de la Costa Caribe). La maniobra de Estados Unidos en el BID se ha basado en no actualizar la Estrategia-País (la que expiró en 2017), y no han trabajado una nueva por el veto de Estados Unidos, cuyo impacto es que más de US $1,000 millones no llegaron a la población, a pesar de que hemos sido de los mejores clientes de este Banco. Entre 2010- 2017 se contrataron con el BID un monto de US $1,124 millones y entre 2018-2022 solo se han contratado US $43 millones.

Con estos recursos habríamos construido 265 nuevos kilómetros de red vial, 4 Hospitales con valor aproximado de US $62 millones cada uno y el mejoramiento de sistemas de agua potable en 2 cabeceras departamentales.

En 2021, Nicaragua exportó al mundo 456,310 toneladas métricas de azúcar (el 50% se destinaron al mercado de los Estados Unidos, que era la cuota inicial que Estados Unidos otorgaba a Nicaragua bajo la cuota OMC). A partir de 2023, Nicaragua no ha podido exportar 22,114 toneladas métricas de azúcar a Estados Unidos. En virtud de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de la OMC (1995), los Estados Unidos se comprometieron a una asignación total del contingente arancelario aplicable al azúcar en bruto fijado en más de 1.11 millones de toneladas para 40 países (entre ellos Nicaragua). El 21 de julio 2022, los Estados Unidos publicaron en el Registro Federal la asignación de la cuota OMC 2022-2023, en la cual fue excluida Nicaragua.

Las medidas coercitivas y las sanciones en realidad afectan directamente a la población, sobre todo a los más pobres. Nicaragua es respetuosa del derecho internacional y exige reciprocidad. Aboga por un mundo multipolar justo, equitativo y solidario, que reduzca la pobreza y las desigualdades en todo el mundo. Seguiremos defendiendo firmemente la Paz y continuaremos implementando nuestro Modelo de Desarrollo Cristiano y Solidario, para el bienestar de nuestras Familias y Comunidades.

Por ello, demandamos el cese inmediato de toda sanción y medida coercitiva económica, sean éstas unilateral, bilateral o multilateral, aplicada a cualquier país en el Mundo y reivindicamos el derecho de todos los pueblos a decidir su futuro sin injerencias de ninguna índole. Hay muchos desafíos que debe superar la Humanidad en su conjunto, especialmente la Pobreza y el Cambio Climático, por lo que no cabe más seguir pretendiendo a toda costa mantener una hegemonía en decadencia, que solo trae sufrimiento y perjuicios a los habitantes del planeta, tomando en cuenta que las sanciones y medidas coercitivas económicas:

• Son un medio para disciplinar y controlar la soberanía de los pueblos y bloquear el surgimiento de un Orden Mundial multipolar.

• Son una forma de violencia feroz.
• Son un arma de los Estados Unidos y demás países que la utilizan, para castigar a las naciones que se niegan someterse a Estados Unidos y Europa.

• Son una nueva modalidad de la guerra imperialista, que mata y vulnera de manera exponencial a la vida humana.

• Son un método nefasto e inmoral para desestabilizar las economías de los países a quienes se les aplica.

En el anterior contexto, entre 2007 y 2022 podemos expresar que el Modelo Sandinista ha venido obteniendo importantes logros en diferentes ámbitos:

En el sector eléctrico, hemos llevado la energía eléctrica a las zonas y comunidades más alejadas del país, alcanzando más del 99.2% de cobertura a nivel nacional.

Nicaragua tiene la mejor Red Hospitalaria Pública y Gratuita de Centroamérica. Entre 2007-2022 hemos construido, reparado, ampliado, mejorado o equipado 1,250 unidades de salud. Al cierre de 2022 habíamos vacunado casi 6.2 millones de personas con al menos una dosis (96.45% de la población igual o mayor a 2 años), y más de 5.9 millones de personas cuentan con esquema completo y/o reforzamientos (92.98% de la población).

Hemos garantizado el acceso gratuito y universal a la educación garantizando la matrícula de 1.8 millones de estudiantes en preescolar, primaria, secundaria, educación de jóvenes y adultos, educación especial y en alfabetización; y entregamos 1.2 millones de meriendas. Además, hemos incrementado de 41 carreras técnicas en 2016 a más de 60 carreras en 2022.

Estamos recuperando el dinamismo del sector turístico, alcanzando 817,915 turistas en 2022 (267.7% más que 2021). Hemos construido o habilitado más de 1,350 espacios municipales para el disfrute de tod@s, y continuaremos construyendo más de 1,500 obras de infraestructura recreativa municipal (incluyendo parques temáticos, naturales y sitios de recreación comunitarios e infantiles), invirtiendo más de C$1,600 millones.

Las estrategias de seguridad soberana y ciudadana y del muro de contención, se basan en la fuerte articulación entre los pobladores de barrios y comunidades y las instituciones del orden público para garantizar su propia seguridad. Es decir, es un modelo básicamente comunitario, donde las Asambleas Comunitarias juegan un rol esencial, lo que ha permitido reducir la tasa de homicidios de 13.4 por 100 mil habitantes en 2005 a 7.0 en 2022.

En materia de Seguridad Social, hemos defendido y sostenido las pensiones a jubilados y las prestaciones de salud a tod@s los asegurados. Luego de las afectaciones provocadas por el Intento Fallido de Golpe de Estado y gracias a la participación activa de trabajadores y empresarios patrióticos (sobre todo de las PYMES), apoyados por las políticas fiscales y presupuestarias del Gobierno, el INSS ha cerrado en 2022 con 806,583 Asegurados Activos (+6.7% respecto al cierre 2018); y se atendieron 322,371 Pensiones (+20.9% respecto a 2018).

Hemos entregado más de 600,000 documentos de propiedad, garantizando la seguridad jurídica de la propiedad. Hemos realizado visitas de presencia directa con más de 2.5 millones de familias protagonistas, para fortalecer el resguardo de la paz y en temas que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos de tod@s.

Hemos garantizado atención sanitaria, alimentaria y de albergues a todas las familias afectadas por fenómenos naturales.

Hemos incrementado en casi el doble la red vial el país, y somos el país #1 con las mejores carreteras en Centroamérica.

Hemos incrementado la cobertura de agua potable en las áreas urbanas de 65% a inicios de 2007 hasta 93% en 2022, y la cobertura de alcantarillado sanitario pasó de 33% a 50%, atendiéndose casi 1.6 millones de nicaragüenses con agua potable y casi 1.5 millones de personas con alcantarillado sanitario. La cobertura de agua potable en el área rural pasó de 26.7% a 55% entre 2007-2022, atendiéndose más de 524 mil personas con nuevos ser-vicios de agua potable, a través de más de 86 mil nuevas conexiones domiciliares. En el mismo periodo, la cobertura de saneamiento pasó de 36.1% a 49.7%, atendiéndose más de 401 mil personas.

En los últimos 16 años, la implementación de 10 Políticas Agropecuarias, 20 Estrategias Socioproductivas y los Programas y Proyectos con sus respectivas metas y acciones, han influenciado el incremento de la producción en 103.7%: Sector agrícola 125.9% y Sector pecuario 81.6%.

Estimados miembros del Tribunal Popular Internacional sobre el Imperialismo Estadounidense y grupos de activistas y académicos, internacionalistas, miembros de movimientos antiimperialistas y pacifistas, a quienes nos estamos dirigiendo: el Pueblo de Nicaragua y su dirigencia política está convencida que la única forma de derrotar a esa política ilegal de sanciones y medidas coercitivas económicas, implementadas mayoritariamente por los Estados Unidos y la Unión Europea, pasa por construir un consenso internacional en torno a la ilegalidad de esas decisiones y medidas unilaterales, bilaterales o multilaterales; y la necesidad urgente de emprender acciones legales contra ésta actitud espuria, violatorias del Derecho Internacional y de la dignidad humana.

Cerramos expresando que la mejor actitud de los pueblos es condenar, como en efecto estamos solicitando en este Tribunal, se condene de manera firme y sin apelación alguna, al imperialismo y sus adláteres, por el daño causado en su política de sanciones y de medidas coercitivas económicas que han implementado; demandándoles una justa reparación de los daños causados.

Muchas gracias.