Biden sigue los pasos de Obama y Trump Por Geraldine Colotti | Resumen Latinoamericano

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El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

En una carta al Congreso de los Estados Unidos, explicó la prórroga del decreto. “La sección 202(d) de la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. 1622(d)) establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración, el Presidente publique en el Registro Federal y transmita al Congreso un aviso que establezca que la emergencia continuará en efecto después de la fecha de aniversario”.

“De acuerdo con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará en efecto más allá del 8 de marzo de 2021″, continuó.

Y argumentó la decisión: “La situación en Venezuela sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, he determinado que es necesario continuar la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 con respecto a la situación en Venezuela”.

Europa, el mayordomo

Como buen mayordomo, la Unión Europea abrió la puerta al terrateniente norteamericano, anunciando su llegada a través de la segunda ronda de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, aplicada la semana pasada. Y ahora aquí vienen las de Biden, que prorroga por un año más la orden ejecutiva emitida por Obama el 8 de marzo de 2015.

En esa fecha, el demócrata Obama declaró a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos”, allanando el camino para todo lo que vendría después: un asedio permanente y multifacético que comenzó, como en la época de Allende, con “hacer gritar a la economía”, continuó con persecución diplomática y culminó en verdaderas operaciones de piratería internacional, acompañadas de intentos desestabilizadores de la extrema derecha a nivel interno. El sufrimiento que han causado al pueblo venezolano lo atestiguan los informes de los expertos independientes de la ONU, Alfred de Zayas y Alena Douha.

Douhan recordó que las medidas unilaterales deben considerarse legales solo si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o si se utilizan como contramedidas, si no violan ninguna obligación que el Estado tiene que cumplir y, sobre todo, “si no violan los derechos humanos fundamentales “. Al ver que se han producido todas estas violaciones contra Venezuela, llamó a Estados Unidos y a la Unión Europea, principales culpables del sufrimiento infligido al pueblo venezolano, a levantar las sanciones. En vano, evidentemente.

Douha, que se reunió con representantes y organizaciones de la sociedad venezolana de todas las posiciones, confirma la información entregada en los últimos años por el gobierno bolivariano a todos los órganos pertinentes, incluida la Corte Penal Internacional, a la que ha presentado una denuncia contra Trump. El bloqueo económico-financiero, que pudo constatar la experta, ha causado graves daños al desarrollo del país, “con un efecto devastador para toda la población”.

Obama inició la agresión

Estados Unidos, bajo la presión interna de los lobbies anticubanos y anti-venezolanos en Florida, comenzó a imponer sanciones a Venezuela en 2005. En 2014, funcionarios bolivarianos fueron acusados de reprimir las protestas de “manifestantes pacíficos” que estaban devastando el país, y de golpear la libertad de expresión. En 2015, llegó la decisión de Obama, declarando a Venezuela una emergencia nacional.

En 2017, fueron golpeados el gobierno, las instituciones y la compañía petrolera estatal, PDVSA, a quienes se les impidió realizar transacciones y tener acceso a los mercados financieros de Estados Unidos. En 2018, luego de las elecciones presidenciales y de la reconfirmación de Maduro al frente del país, se produjo un mayor endurecimiento de las “sanciones”, motivado por criterios de descarada injerencia (“mala gestión económica”) y explicaciones grotescas como acusar a Maduro de querer “socavar” la democracia ejerciendo el voto popular.

La UE también ha cumplido su papel desde 2017, imponiendo, entre otras cosas, una prohibición de viajar a varios funcionarios venezolanos y un congelamiento de los activos, por considerarlos responsables de “socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”. Medidas que, como señaló la experta de la ONU, también afectan al pueblo, ya que impiden que sus legítimos representantes desempeñen las funciones requeridas en los organismos internacionales. En la misma línea, se han producido otros países vasallos de EE.UU. como Canadá, México (antes del gobierno de Amlo), Suiza, Panamá y los 14 miembros del llamado Grupo de Lima.

Gracias a todos ellos, un títere insignificante incapaz de articular un discurso como es Juan Guaidó pudo embolsarse más de 2.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos. “¿En qué paraíso fiscal, en qué bolsillo han terminado?”, Preguntó el presidente Maduro durante una reunión del Consejo de Ministros para discutir las 34 leyes aprobadas por el Parlamento con mayoría chavista.

Un ejercicio democrático contra el que se ha vuelto a lanzar la injerencia de EE.UU. y la UE, que incluso llegó a sancionar a los diputados de la oposición moderada venezolana, elegidos en el decreto legislativo del 6 de diciembre. El gobierno bolivariano reaccionó expulsando a la embajadora de la UE, y la representante venezolana en Bruselas, Claudia Salerno, quedó golpeada por el principio diplomático de la “reciprocidad”. En su defensa han salido partidos, organizaciones y movimientos que participan en la Red Europea en solidaridad con la revolución bolivariana. La Red rechazó y condenó la injerencia unilateral y las medidas coercitivas, recordando el informe de Alena Douha.

Pero contra Douha y de Zayas se ha lanzado una campaña internacional para desacreditarlos. Para la extrema derecha venezolana y la hipócrita Unión Europea que la apoya, sólo deben considerarse “independientes” comisiones como la que montaron sus favoritos con un abogado pinoquetista chileno acusado de encubrir violaciones de derechos humanos. Las únicas elecciones “libres” que Estados Unidos y la UE quisieran imponer en Venezuela son aquellas en las que ganan sus representantes, preferiblemente sin competidores.

Y, por ello, las sanciones de Biden, que había anticipado “no tener prisa” por un posible cambio de marcha con Venezuela, fueron acompañadas del habitual informe de la habitual ONG de derechos humanos. En este caso, estamos hablando de Freedom House, según el cual, de 73 países Venezuela y Nicaragua se encuentran respectivamente en el quinto y sexto lugar por retrocesos de la democracia.

Maduro, acompañado por el canciller Jorge Arreaza, sostuvo una reunión virtual con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien se le renovó el permiso para permanecer en el país. Pero la derecha sigue exigiendo que se bloquee el oxígeno para el pueblo venezolano. Agencias de prensa internacionales han difundido la noticia de la llamada telefónica de Guaidó tanto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, como con el canciller canadiense, Marc Garneau.

Luego, se deleitaron con las declaraciones insulsas de Guaidó sobre las mujeres y el 8 de marzo. Olvída, el títere estadounidense, quien en vísperas del 8 de marzo de 2019, pocos meses después de su autoproclamación, él y sus financistas organizaron el mortal sabotaje eléctrico contra el pueblo venezolano, y que las más afectadas por las sanciones son precisamente las mujeres.

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