¿Cuándo habrá justicia para las mujeres maya en Guatemala? Russia Today

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“Sufrimos en carne propia la violación sexual y queremos que no se repita lo que nos pasó”, fueron las palabras de Paulina Ixpatá Alvarado, una de las 36 sobrevivientes a la violencia perpetrada por parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), un grupo paramilitar bajo las órdenes del Ejército de Guatemala durante los convulsos años de conflicto armado (1960-1996).

A Paulina, indígena de la etnia achí de Guatemala, la violaron varios hombres de las PAC, la raptaron por casi un mes en un destacamento y le contagiaron una enfermedad que hoy la obliga a depender de un tratamiento. “Estoy viviendo solo con medicamentos. Y después de eso, hace nueve años me quitaron mi matriz por causa de ese daño que me causaron. Es por eso que tenemos valor para seguir buscando justicia”, le contó al medio local La Hora, el pasado miércoles.

De acuerdo a la Fiscalía, los acusados violaron sistemáticamente a ese grupo de mujeres, entre los años 1981 y 1985 –el período más cruento de la Guerra Civil en el país centroamericano, bajo el régimen de facto del general José Efraín Ríos Montt –, y perpetraron esos crímenes en el cuartel militar de Rabinal en el departamento de Alta Verapaz, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Han pasado 40 años desde que ocurrieron los hechos y dos de las víctimas que decidieron emprender el largo camino a la justicia murieron antes de obtener un veredicto. La esperanza de quienes siguen con vida es que la actual jueza del caso, Yassmin Barrios, ofrezca las garantías del debido proceso y puedan establecerse las responsabilidades.

De momento, hay cinco personas acusadas: Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino. No obstante, el pasado 4 de enero, el tribunal suspendió el inicio del juicio oral y público en contra de los procesados, que enfrentan cargos por violencia sexual y crímenes de lesa humanidad, ya que uno de los imputados no contaba con un abogado defensor.

A pesar de que las brutalidades y la violencia sexual de las PAC han sido ampliamente documentadas por informes como el elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en 2018, la entonces jueza de la causa, Claudette Domínguez, desestimó los pruebas y testimonios aportados por las sobrevivientes y liberó a los imputados. Sin embargo, gracias a una apelación, la magistrada fue recusada y el caso pasó a manos del Tribunal Mayor Riesgo A.

¿Qué fue lo que pasó?

El fallido golpe de Estado contra Ydígoras Fuentes el 13 de noviembre de 1960 fue el germen de una guerra civil de 36 años entre el Estado y diversos grupos subversivos, un conflicto armado que dejó al menos 200.000 muertos y desaparecidos, atribuidos en su mayoría al gobierno y las Patrullas de Autodefensa Civil, según refiere el CEH.

El período más sangriento fue entre 1981 y 1983, cuando se reportó la mayor parte de las muertes y desapariciones, derivadas de la doctrina de “tierra arrasada” que aplicó el régimen de Ríos Montt, quien contaba con el pleno respaldo del Gobierno de EEUU

“El golpe que llevó a Ríos Montt al poder el 23 de marzo nos brinda la oportunidad de romper el largo congelamiento en nuestras relaciones con Guatemala y para ayudar a prevenir una toma de poder extremista”, se puede leer en uno de los documentos desclasificados por EEUU en 2018. Para Washington resultaba estratégico el apoyo a la dictadura en el país centroamericano, ya que el Gobierno de Ronald Reagan intentaba frenar la supuesta “amenaza comunista” en la región.

En la década de los 80, el régimen del dictador se ensañó especialmente contra las comunidades rurales e indígenas, acusándolas de colaborar con la guerrilla, lo que para la Comisión de Esclarecimiento Histórico constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado, bajo la definición de la Convención Internacional de 1948.

En ese contexto, las mujeres fueron víctimas recurrentes de asesinatos, violaciones y brutalidad por parte de las PAC. “Yo tenía siete meses de embarazo cuando me violaron, yo les dije como cien veces que me perdonaran porque yo era una mujer embarazada… pero yo perdí a mi bebé. No lo logré. Ese es el dolor que yo cargo en mi corazón, tanto dolor, tanto sufrimiento, entonces, lo que esperamos es la justicia”, contó ayer por su parte Antonia Xitumul.

Los testimonios de las víctimas y los perpetradores, recogidas en el informe de la CEH, dan cuenta del salvajismo y la crueldad con que los miembros del PAC –a las órdenes del Ejército de Guatemala–, actuaron contra las mujeres indígenas en esa época.

Los testigos clave que fueron entrevistados para la elaboración del informe final del CEH constataron que la orden de violar a las mujeres provenía muchas veces de los altos mandos militares.

“En algunas ocasiones [la violación de las mujeres] fue ordenada por los mandos superiores en forma previa a la entrada en las comunidades, con instrucciones precisas acerca de la forma de perpetrarlas. El oficial tiene sus grupitos de asesinos y les dice cómo tienen que matar: ‘Hoy van a degollar’ o ‘a guindar con alambres’, ‘hoy violan a todas las mujeres’. Muchas veces las órdenes las dan antes (…) También mandaban a ‘hacer percha’ con las mujeres (…), por una sola pasan 20 o 30 soldados. Si caía bien la mujer, la dejaban ir, a otras las mataba el último que ‘pasaba’ con ellas”, se lee en uno de los cientos de testimonios recopilados en ese documento.

Las mujeres maya achí llevan casi cuatro décadas arrastrando el dolor, con las huellas en sus cuerpos. Ellas saben que los implicados son muchos más que los cinco que están siendo procesados, pero es un primer paso en la búsqueda de justicia.

“Muchas no han denunciado por vergüenza”, reconoció ayer Xitumul, pero ella, “con la cara levantada”, sigue acudiendo a tribunales desde hace más de 10 años para que la tragedia no quede impune, junto al resto de las mujeres. Por eso, insiste: “Decimos la verdad, nosotras no estamos inventando las cosas”.

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