La deuda: causa real de la migración Por Anaïs Carton y Alain Fabart | Attac France/Viento Sur Nº 177. Traducción de Faustino Eguberri

La deuda: causa real de la migración Por Anaïs Carton y Alain Fabart | Attac France/Viento Sur Nº 177. Traducción de Faustino Eguberri
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Cuando hablamos de las causas de la migración forzada, ¿de qué estamos hablando? Aunque la decisión que se toma al iniciar la migración sea individual, está motivada por una situación apremiante de carácter colectivo, económico, social, medioambiental, cultural o de otra índole. Las migraciones forzadas, que no se desean libremente ni se preparan racionalmente, son, por tanto, el resultado de una situación impulsada por determinados acontecimientos (conflicto, opresión, crisis económica, desastre ambiental, etc.). Lo que preside la salida al exilio, que se experimenta como ineludible, es un conjunto complejo de parámetros sociales, económicos y políticos que la hacen indispensable.

La circunstancia que se presenta como causa de esta migración es en realidad solo un indicador de su necesidad, el detonante de una decisión que, en sí misma, es fruto de la evolución de una situación bajo presión, valorada como tal colectivamente (familia, otros familiares afectados, comunidad, aldea, grupo social, etc.), y no solo individualmente. Puede ser la guerra, un peligro inminente, la represión, la amenaza económica, social o cultural, una práctica familiar condenada o cualquier causa identificable en la Convención de Ginebra que otorgue el derecho a una solicitud de asilo, pero también puede ser una degradación ambiental paralizante para la supervivencia del grupo, una hambruna, un endeudamiento ilegítimo, en definitiva, una situación que genera una ruptura de la vida en el país.

La complejidad de las situaciones de migración forzada

La persona migrante se lleva entonces –y lleva en su interior– el peso de una historia pasada y presente, de un imperativo de salvaguarda, de un potencial de renacimiento, de una expectativa de (sobre)vida, de un proyecto más implícito que explícito, llevado por una interculturalidad esencial para el viaje y que será su fundamento: la del país de partida, la de los países que hay que atravesar y en ocasiones afrontar, la del país de destino en el que será necesario integrarse (idioma, códigos, derechos, vida social), aunque la elección de este país ya se haya hecho debido a relaciones familiares o comunitarias preexistentes. La migración forzada forma así un todo complejo dentro del cual el individuo tendrá que navegar hacia y en un nuevo mundo, tan imaginado como esperado, si es posible portador de emancipación y autonomía cuando el que se deja bajo coacción ya no lo es. Esta característica la convierte en una migración específica de la historia reciente, engendrada por una particular situación geopolítica internacional, la del mundo neocolonial de hoy bajo el dominio de las finanzas.

Por tanto, es esta situación, con sus entresijos, la que debemos comprender mejor; tanto más en la medida que estas migraciones forzadas vienen creciendo con mucha fuerza desde hace una década. De hecho, los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR), que agregan a todas las personas desarraigadas en el mundo, las personas migrantes forzadas internacionales y las desplazadas internas forzadas, estiman su tasa de crecimiento entre 2010 y 2020 en un 82% (excluidos las y los desplazados ambientales y movimientos espontáneos entre el campo y las ciudades), siendo sus puntos de concentración fundamentales los viajes de los países del Sur a los del Norte a través del Mediterráneo, los movimientos internos Sur-Sur en África, los movimientos Este-Oeste en los Balcanes y Europa central, los itinerarios Sur-Norte en América Latina y Central y algunos otros ejes de migraciones transnacionales.

Por ejemplo, el análisis de los recorridos migratorios individuales, desarrollado por Camille Schmoll sobre las migraciones femeninas en su libro Les damnées de la mer (La Découverte, 2020), muestra que son en sí mismos un proceso complejo, con múltiples datos, que generan tragedias, pero también autonomización y emancipación, prolongando en el trayecto emprendido las penurias vividas en el país de partida que empujaban hacia el exilio bajo coacción y después las actuales en la nueva vida en los países anfitriones. En todas partes está operando un mismo proceso complejo, que prohíbe clasificar la migración en perfiles estándar individualizables y, a la inversa, requiere posicionarlos a lo largo de un continuum que articula razones individuales y familiares, políticas y económicas, de género y no de género, sociales y culturales, ambientales y climáticas (Camille, 2020: 58).

Esta complejidad, conformada por mil hilos que se entrecruzan e influyen entre sí, no excluye la existencia de una causalidad más fundamental de estas migraciones forzadas, que las pone en movimiento agravando la situación y las causas circunstanciales, personales o públicas. Por ello, identificarla, nombrarla, caracterizarla permite señalar las responsabilidades socioeconómicas y políticas del cambio brutal que constituye la necesidad de migrar debido a una coacción vivida como intolerable.

Tal causalidad más fundamental existe hoy, vinculando todas las formas de migración forzada entre sí dentro de una lógica sistémica mayor, subyacente a los eventos coyunturales y las decisiones de partida tomadas en una situación invivible.

No vine aquí para ser francés –nos dice un adulto muy joven que llegó ilegalmente con 16 años al que estamos ayudando a acceder a sus derechos después de un viaje largo y muy difícil–, ya no podía quedarme en nuestro país y vivir allí, me obligaron a irme, me ayudaron, vine a probar suerte, ir a la escuela y tener un oficio; aunque vuestro país de los derechos humanos no sea aún más que un país de sueños, tal vez algún día vuelva a casa, iré hasta el final de mis sueños.

Cuando la tierra tiembla, algo está moviéndose en las profundidades. Yendo más allá de la simplista visión neoclásica y liberal, claramente falsa, que pretende que la decisión de migrar sea una decisión racional de un individuo voluntario plenamente informado, actuando con pleno conocimiento en un mercado de intercambios internacional transparente, nos gustaría descifrar aquí la lógica sistémica en marcha analizando sus componentes, especialmente el de las formas de endeudamiento que sufren las personas migrantes, y sus consecuencias en cuanto a las responsabilidades a asignar.

¿De qué deudas estamos hablando?

En el presente análisis, el término deuda, asimilado en el vocabulario corriente a un simple monto contable a devolver, se refiere de hecho a una práctica social de dependencia por endeudamiento, pudiendo aceptarse el préstamo a devolver como una forma de ayuda mutua equitativa o, por el contrario, impuesto con una exigencia de devolución ilegítima o incluso odiosa, según la situación y las condiciones de su concesión. En los dos últimos casos, el endeudamiento otorga a las y los prestamistas el poder de control social, incluso de dominación, sobre personas vulnerables que tienen una necesidad ineludible del préstamo. Deuda significa entonces dependencia financiera y económica, de la que solo se puede salir a través de la autonomización y la emancipación, que implica la búsqueda de otro entorno de vida, la búsqueda de un refugio necesario si la imposición física o moral impuesta por la deuda se vuelve intolerable. Esta es la esencia de lo que aquí se resume bajo el término deuda.

Esto es lo que intenta visibilizar la exposición itinerante presentada desde diciembre de 2020 en la iglesia del beguinaje (los beguinajes medievales alojaban comunidades de mujeres devotas, tanto religiosas como laicas, que no estaban comprometidas por votos de tipo monástico, y vivían de forma autónoma, ya que no dependían de ninguna jerarquía religiosa o laica) de Bruselas por el CADTM Bélgica bajo el título “Deuda y migración: echar abajo el mundo de la deuda” (exposición realizada del 10/12/2020 al 31/01/21 en la iglesia del Beguinaje en Bruselas), cuyo argumento desarrollamos a continuación. Título de la exposición deliberadamente simbólico, ya que evoca una reversión mundial de la correlación de fuerzas que lleva consigo una deuda impuesta, ilegítima u odiosa. Echar abajo el mundo de la deuda es entonces echar abajo el mundo de la dependencia y el dominio impuesto por el endeudamiento que genera las migraciones forzadas y sustituirlo por el de la emancipación y la adquisición de autonomía por medio de la ayuda mutua y la hospitalidad solidaria.

Varios artículos desarrollaron esta problemática en el número especial de abril de 2021 de la revista del CADTM Autres voix de la planète, cuyas referencias se mencionan a continuación y que se puede solicitar en el sitio web de la organización.

Un post publicado en enero directamente en este sitio (“Deuda y migración: echar abajo el mundo de la deuda”, Anaïs Carton 4/1/2021), analiza el contenido del último informe de la oficina del Comisionado de la ONU responsable de examinar los efectos de la deuda externa en los derechos humanos. El experto independiente de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, arroja luz sobre fenómenos específicos que incluyen, en particular, el creciente recurso a la deuda para financiar la migración y, a cambio, las exigencias de reembolso que generan una violencia que incluye violaciones de derechos humanos.

Esto también lo confirman las encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “Deuda de las personas migrantes en África occidental y central”, realizadas en 2020 en Burkina Faso y Guinea (resumidas en el apartado 4 de este artículo).

Después de esta observación de que la migración forzada suele ir acompañada de endeudamiento privado para su implementación, conviene recordar ahora que las razones que obligan a la migración en sí son en gran parte consecuencia de las crisis económicas que el endeudamiento público de los países del Sur engendra en ellos, con las que coincide (empobrecimiento económico, inestabilidad política, desgarro del tejido social, etc.). Es decir, el endeudamiento público y el privado actúan de forma complementaria en la génesis de las migraciones forzadas.

Una migración ligada a la deuda

En su exposición itinerante, el CADTM intenta demostrar que, a menudo, las y los migrantes se desplazan para tratar de escapar de la miseria económica creada en su país de origen por las políticas de austeridad ligadas al pago de la deuda impuesta por las instituciones financieras internacionales y los países del Norte. Para hacer visible esto, propone un mapeo de los contornos de la deuda en el mundo en relación con el de las migraciones internacionales forzadas.

A partir de la recopilación de diversos datos, este mapeo indica tanto el riesgo de endeudamiento público y privado de los Estados, los países en guerra, así como los países que se han beneficiado de la “Iniciativa para los países pobres muy endeudados”. También, de forma precisa, se refiere a los movimientos de población en términos de flujo en lo que respecta a la migración: el movimiento de personas que entran y salen de un territorio determinado (con Bélgica como ejemplo).

Las crisis de la deuda pueden ser causadas por deudas gubernamentales o por la carga de la deuda del sector privado, es decir, empresas, bancos y hogares. Estas deudas del sector privado pueden conducir a una crisis financiera más global que luego repercute en la población debilitada, en este caso en las y los migrantes a quienes empuja a exiliarse.

De ese modo, la cartografía realizada por el CADTM muestra que las y los migrantes provienen principalmente de países en riesgo de crisis de deuda. Estos países están ubicados en regiones fuertemente impactadas por siglos de colonialismo y, más tarde, por las políticas neoliberales impuestas por los países del Norte, que han provocado una pobreza crónica, desigualdades que desgarran el tejido social, conflictos y, como consecuencia, las migraciones:

A) Las potencias coloniales establecieron un sistema inhumano de explotación de la fuerza de trabajo de las poblaciones y los recursos naturales de los países colonizados y, para ello, recurrieron regularmente al mecanismo de la deuda. El Banco Mundial participó directamente en la contratación de determinadas deudas coloniales durante las décadas de 1950 y 1960. Parte de las deudas contraídas con este banco por las autoridades coloniales –para sus colonias– fueron luego transferidas, sin su consentimiento, a los países que lograron su independencia, como la República Democrática del Congo. Así, violando el derecho internacional, las antiguas colonias tenían que reembolsar a los Estados colonizadores las deudas que estos habían contraído para explotarlas. Estas deudas ilegítimas aún no se han cancelado.

Recordemos: el Tratado de Versalles de 1919 dispone, en su artículo 255, que Polonia está exenta de pagar “la fracción de la deuda que la Comisión de Reparaciones atribuirá a las medidas tomadas por los gobiernos alemán y prusiano para la colonización alemana de Polonia”. Una disposición similar se hizo en el tratado de paz de 1947 entre Italia y Francia, que declaró “inconcebible que Etiopía deba soportar el peso de las deudas contraídas por Italia para asegurar su dominio sobre el territorio etíope”. El artículo 16 de la Convención de Viena de 1978, que rige el derecho de los tratados, no dice lo contrario: “Un Estado de reciente independencia no está obligado a mantener un tratado en vigor ni a ser parte en él simplemente porque en la fecha de la sucesión de Estados, el tratado estaba en vigor en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados”.

B) Después de la larga lucha de las naciones excolonizadas para obtener oficialmente su independencia, como subraya el CADTM en el cuaderno de reivindicaciones comunes sobre la deuda, nos encontramos con un sistema de endeudamiento permanente de estas naciones establecido por acreedores externos, bien bilaterales (principalmente Estados miembros del Club de París), bien multilaterales (FMI, Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales), a veces con la complicidad de las autoridades locales.

La crisis de la deuda del Tercer Mundo, iniciada en la década de 1980, favoreció la imposición de políticas neoliberales, mediante las cuales los acreedores llevaron a cabo una reestructuración de la deuda con el objetivo de continuar con los reembolsos a cambio de aplicar los Planes de Ajuste Estructural (PAE). Estos planes, supuestamente utilizados para saldar deudas públicas, a menudo parcialmente ilegítimas, son la fuente de un constante deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones a través de la drástica reducción del gasto público para lograr el equilibrio presupuestario, de la liberalización de la economía, de la producción agrícola orientada a la exportación en detrimento de los cultivos destinados a la alimentación de las poblaciones locales, etc.; todas ellas medidas de austeridad que agravan las desigualdades y aumentan la pobreza.

Con el lanzamiento de la I-HIPC (iniciativa para países pobres muy endeudados) en 1996, el FMI solo canceló las deudas impagables e hizo que la deuda fuera apenas sostenible. Los países interesados debían reembolsar al máximo de sus posibilidades. A cambio de esta reducción, se reforzaron los PAE (privatizaciones, recortes presupuestarios, etc.). Por tanto, el objetivo del I-HIPC era garantizar el reembolso de la deuda al tiempo que se reforzaba la condicionalidad de la ayuda. Todo esto significa que, si bien las migraciones también tienen otras motivaciones, por ejemplo culturales, en lo fundamental están ligadas al modelo económico que resulta de la intervención de las instituciones financieras internacionales, a través de la intermediación de la deuda, en los países del Sur.

En la actualidad, el endeudamiento y los catastróficos planes de austeridad también están afectando a varios países del Norte. Por citar solo un ejemplo presentado en el contexto de la citada exposición, de los once millones de habitantes de Grecia, medio millón se convirtieron en migrantes económicos en la década de austeridad impuesta a partir de 2010 con el pretexto de que esto reduciría la deuda pública. Más aún, las y los migrantes no griegos que habían llegado a Grecia en décadas anteriores como migrantes internacionales tuvieron que volver a partir en un número mayor. De hecho, durante años, Grecia, como Italia y España, ha sido uno de los principales países fronterizos de tránsito migratorio, que supuestamente deben atender a las y los solicitantes de asilo a su llegada a Europa bajo las normas establecidas por el Convenio de Dublín.

Una vez más, tanto el peso de las políticas de ajuste estructural impuestas como contrapartida de los préstamos otorgados como las ayudas financieras y el endeudamiento influyeron en el problema migratorio. Incluso se extendió a otros países no europeos, ya que la Unión Europea (UE) buscó al mismo tiempo trasladar la gestión de sus fronteras exteriores al espacio Schengen más allá del Mediterráneo, a determinados países de salida [de la migración]. Así, si bien los Acuerdos de Schengen en 1985 abrieron las fronteras entre los países miembros, también pusieron la piedra angular para la construcción de la Europa fortaleza tal como la conocemos hoy. Desde 2016 se han firmado acuerdos que violan alegremente una serie de derechos humanos fundamentales entre países europeos y países como Libia o Turquía, para que estos últimos, en lugar de la UE y a cambio de financiación, se hagan cargo de las personas migrantes en las fronteras europeas.

En última instancia, se trata de una gestión de políticas fronterizas eminentemente ligadas a las demandas financieras de la agenda política neoliberal. Ese es el vínculo que, para entender el mundo, pretendía demostrar a través de mapas la citada exposición, y que queremos recordar aquí como trasfondo que explica en gran medida las migraciones internacionales forzadas.

El endeudamiento privado de los migrantes

Hay una multitud de situaciones de endeudamiento para cubrir los costes de la migración. En ocasiones, a nivel local, personas con problemas por préstamos usureros, microcréditos abusivos o situaciones económicas insostenibles intentan escapar de sus acreedores saliendo de su país para luego poder reembolsarlos. Además, durante sus viajes migratorios, a menudo sucede que las y los migrantes tengan que endeudarse en su país o con traficantes, o simplemente para sobrevivir.

El informe de la Oficina del Comisionado de la ONU, escrito por Juan Pablo Bohoslavsky, muestra que el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de los países de acogida conducirá a un aumento de los precios que las personas migrantes deberán pagar a quienes les ayuden en su peligroso viaje, sin que dichas políticas les disuadan de ello. Una vez en el país de llegada, también tendrán que enfrentarse a dificultades administrativas y financieras debido a las políticas de inmigración cada vez más restrictivas: pagar el alojamiento, encontrar trabajo, matricularse en una escuela, financiar la atención médica, pagar los impuestos del permiso de residencia, comer, viajar en transporte…, la mayoría de las veces sigue siendo una carrera de obstáculos sin una ayuda de las ONG.

Extracto de la investigación realizada por la OIM en 2020 “La deuda de los migrantes en África occidental y central, en Burkina Faso y en Guinea”, resumida por Alain Fabart en “La política migratoria, una cuestión en el corazón de la sociedad altermundista”.

► Las deudas migratorias son las más comunes y generan los niveles más altos de deuda. El 82% de las personas migrantes encuestadas contrajo este tipo de deuda por un monto promedio de 137.500 FCFA (248 USD) (208 euros) (…).

► La deuda de las personas migrantes se realiza principalmente en un entorno informal, con familiares, parientes y amistades, que son los principales prestamistas (…). Las modalidades de amortización son flexibles, irregulares (87% de los préstamos) y variando según el desarrollo del viaje (…). Pero se añaden a los efectos de austeridad sobre la población de las deudas multilaterales impuestas a los Estados.

► La deuda es financiera, pero también simbólica y moral (…). Crea una relación jerárquica de inferioridad que solo la distribución de los beneficios extraídos de una migración exitosa podrá reequilibrar (…). Incapaz de devolver el dinero adelantado, el o la migrante sufre una fuerte presión social que puede llegar hasta la marginación y la ruptura de los lazos sociales (…).

► Más que ser una persona afectada por la deuda, el o la migrante se define por ella a ojos del resto de la comunidad (…). El 15% de las y los encuestados declaró haber sido víctima de amenazas, violencia y abuso para saldar una deuda.

► Recomendación de la OIM: “Realizar campañas de sensibilización sobre el riesgo de contraer deuda privada”. Pero no se plantea nada sobre la necesidad de erradicar la dependencia de la deuda pública impuesta que, sin embargo, muy a menudo, está en el origen de las grandes brechas sociales y económicas que empujan localmente al exilio.

Generalmente, dicho endeudamiento pesa sobre el conjunto de la familia (en sentido amplio), la cual está sujeta al riesgo de numerosos abusos por parte de prestamistas, a veces no institucionales y carentes de escrúpulos, que otorgan préstamos sujetos a condiciones que aprovechan económicamente la situación y la vulnerabilidad de las personas migrantes. El tránsito por Libia es conocido por estos excesos y la violencia que les acompaña.

La deuda vinculada a la migración también afecta a las cuestiones de género. Como muestra Camille Schmoll en su libro Les damnées de la mer citado anteriormente, las mujeres forzadas al exilio la contraen tanto en los países de origen como en los de tránsito o llegada. La deuda y, a menudo, la servidumbre por deudas ocupa un lugar importante en la migración nacional e internacional de mujeres, en contextos que van desde el servicio doméstico hasta la esclavitud sexual. Las mujeres están así particularmente expuestas a estos inevitables mecanismos de endeudamiento y a la violencia inherente a ellos.

Finalmente, como explica Juan Pablo Bohoslavsky en su informe, las personas deben endeudarse para huir de Estados que no cumplen con su obligación de protegerlas y de promover y poner en práctica los derechos humanos básicos para una vida digna. Por tanto, la deuda privada está eminentemente vinculada al aumento de las desigualdades, a la no viabilidad de la deuda soberana y a las crisis financieras.

La deuda, tras los falsos argumentos

En lo que respecta a las migraciones forzadas, la llegada de nuevas personas a las sociedades occidentales suele despertar reflejos de miedo, incluso de rechazo, con ideas xenófobas, responsabilizando a las y los migrantes de las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran a su pesar. Muchas veces, estas preocupaciones se basan en prejuicios que deben ser deconstruidos para comprender la realidad y, de ese modo, identificar mejor las verdaderas responsabilidades: las de las políticas neoliberales que están en el origen de los mecanismos de la emigración y el patente fracaso de los Estados para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todos y todas.

Así, frente a los prejuicios que circulan, es importante recordar que las migraciones internacionales forzadas no son principalmente un fenómeno del Sur hacia el Norte. Las más comunes se encuentran entre los países del Sur. En 2017 representaron el 38% de la migración internacional. Los datos de las principales instituciones internacionales como la OIM son esenciales porque estas instituciones tienen enormes recursos para producir estadísticas. Sin embargo, tenemos una visión crítica de estos datos porque la propia ONU juega un papel importante en las políticas de control migratorio de los países occidentales, despolitizando las cifras al aislarlas del contexto que conduce al fenómeno migratorio.

Solo el 35% de las personas migrantes internacionales se desplaza de Sur a Norte, si bien en 2017 Europa y América del Norte fueron los principales polos de riqueza mundial (60,6%), en tanto que África representó solo el 0,8% y América Latina el 2,5%, quedando el resto distribuido entre los países de Asia y el Pacífico.

También es importante señalar que en 2019 Turquía, Colombia, Pakistán y Uganda, que en conjunto representaban el 1,6% de la economía mundial, acogieron a un tercio de las y los refugiados, el 86% de los cuales se dio en países conocidos como en desarrollo.

Esto significa que, contrariamente a lo que muchas veces se sugiere para justificar una política migratoria restrictiva y represiva, estamos muy lejos de acoger a toda la miseria del mundo. Así, la mayoría de las y los refugiados provienen solo de cinco países, los cuales se ubican en regiones fuertemente debilitadas por siglos de colonialismo, seguidas de décadas de políticas neoliberales de dominación económica debido a la tenaza de la deuda impuesta por los países del Norte y las instituciones financieras internacionales.

Por tanto, el endeudamiento coloca a los países del Sur en dependencia de sus acreedores, lo que permite a estos últimos asegurar sobre ellos un control social y político que se extiende al de las migraciones que pasan por ellos o se originan en ellos. Pero esto no les es suficiente y el control de sus políticas migratorias también se apoya en otras herramientas.

Por ejemplo, Frontex, la agencia europea de control de fronteras, es una de ellas, con un presupuesto anual que ha crecido de alrededor de 6 millones de euros en 2005 a cerca de 143 millones de euros en 2015 y a más de 450 millones de euros en 2020.

En los últimos años, también se han desarrollado otros instrumentos para reprimir la migración dentro de los propios Estados miembros, con la generalización de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para migrantes, el uso de nuevas tecnologías de vigilancia de fronteras, o la construcción de nuevos muros y barreras para impedir a las personas migrantes cruzar las líneas de demarcación (Ceuta, Calais, Hungría, Balcanes, México).

Entre enero de 2014 y diciembre de 2019, al menos 19.803 personas murieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Como sostiene el CADTM en el “Cuaderno de reivindicaciones comunes sobre la deuda”, las fortificaciones instaladas en los últimos años para evitar que las personas migrantes entren en la UE tienen toda la responsabilidad de esta tragedia. Stathis Kouvelakis indica que, desde la firma del acuerdo entre la UE y Turquía, si bien “el número de muertes por mes ha disminuido, el número de muertes en relación con el número de personas que llegan a suelo de la UE sigue aumentando, habiéndose duplicado desde 2016”. Esto es tanto más intolerable en la medida que la UE tiene la grave responsabilidad económica, política, material y moral de la creación de situaciones que llevan a cientos de miles de personas a abandonar sus países.

Nueva crisis de la deuda

Según el Banco Mundial, más de 500 millones de personas podrían caer en la pobreza como resultado de la crisis del coronavirus. Cabe señalar que, incluso antes de la llegada de la pandemia, 64 países gastaban más para pagar la deuda que para financiar el sector de la salud. Por ejemplo, la República Democrática del Congo dedica 2,5 veces más de sus recursos al pago de la deuda externa (11,3%) que al gasto en salud (4,4%).

Dado que este aumento de la pobreza se combina con una creciente dificultad para pagar la deuda pública, los países en situación de dependencia se ven obligados a recurrir a las medidas de ayuda de emergencia propuestas por el G20 y el FMI, cuyo impacto, sin embargo, será extremadamente débil. Cuarenta años después de la crisis de la deuda del Tercer Mundo por la aplicación de planes de ajuste estructural, la ayuda externa y las condiciones exigidas por los acreedores han mostrado sus límites y fallas. Cuando los países del Sur atraviesan una nueva crisis de deuda pública, los reembolsos exigidos están socavando sus economías y la capacidad de sus gobiernos para proteger los derechos económicos y sociales básicos de sus ciudadanos, lo que de hecho engendra nuevas oleadas de migración forzada.

Como hemos visto, los préstamos y el endeudamiento no resuelven el problema de la migración forzada, sino que lo agravan y lo alimentan. Y los países neocolonizadores del Norte prefieren dedicarse a una gestión criminal de las fronteras y a la renuncia al principio de solidaridad con las poblaciones de los países pobres.

Ante esto, es evidente que parte de las soluciones adecuadas a los problemas migratorios podrían y deberían provenir de un reequilibrio de todas las relaciones Norte-Sur. Sin ir muy allá, deben tomarse medidas mínimas para reducir las desigualdades, redistribuir la riqueza y, al menos, garantizar que las personas migrantes reciban una acogida digna que respete sus derechos humanos fundamentales. Para ello, la cancelación inmediata e incondicional de las deudas públicas ilegítimas aparece como un requisito primordial, ya que es una condición esencial para garantizar el respeto de estos derechos y la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones migrantes actuales.

Se han formulado propuestas complementarias claras para modificar real y profundamente las injustas relaciones entre los Estados europeos y los pueblos del Sur global (ver las iniciativas del CADTM “Recommons Europe” –Manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa y el “Pliego de reivindicaciones conjuntas sobre la deuda”–).

En concreto, avanzar en esta dirección, significa:

► Reducir las desigualdades para que todas las personas puedan vivir dignamente donde quieran.

► Establecer vías legales y seguras para la migración en todo el mundo y poner fin a la violencia en las fronteras. Facilitar marcos legales y administrativos para garantizar el movimiento de personas en condiciones seguras, de modo que la migración sea una opción, no una necesidad mortal.

► Eliminar los lugares de detención administrativa (que son lugares de confinamiento de las personas detenidas, aunque ninguna infracción penal las sancione) y los dispositivos militarizados, como muros, vallas de púas, sistemas de vigilancia, etc.

► Poner fin a la criminalización a través de leyes que discriminan a las personas migrantes y las categorizan como ilegales; poner fin, también, a las distinciones moralizadoras entre las y los buenos migrantes (con acceso al asilo, con acceso al mercado laboral) y los malos (llamados ilegales).

► Establecer auténticos sistemas de acogida de personas migrantes, que garanticen el acceso a los servicios públicos y luchen contra el racismo estructural. Ofrecer posibilidades de regularización a las y los migrantes irregulares que les permitan establecer o restaurar sus derechos.

(*) Anaïs Carton trabaja en el CADTM Bélgica; Alain Fabart es miembro de la Comisión de Migraciones de Attac/Francia

Enlace al artículo original en francés: Dettes et migrations contraintes : l’étroite imbrication entre exil forcé et domination subie par l’endettement

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