La extrema derecha legaliza el fraude electoral en EEUU Por Dalia González Delgado (*) | Cubadebate

En un 2021 que inició con el asalto al Capitolio y ha estado marcado por la pandemia, la crisis económica y el aumento de la violencia y el extremismo ideológico, un grupo de fenómenos en Estados Unidos no recibió toda la atención mediática que requiere. Tal es el caso de la redistribución de los distritos electorales, que podría definir la composición del Congreso para la próxima década.

Cuando falta menos de un año para que en noviembre de 2022 se realicen las elecciones de medio término, los republicanos se afilan los dientes para cambiar la composición de la Cámara de Representantes mediante el rediseño de mapas electorales.

Rediseño de los distritos electorales

Tanto los representantes en Estados Unidos como los legisladores estaduales se eligen en demarcaciones llamadas distritos. O sea, cada uno de los 435 puestos en la Cámara de Representantes se corresponde con un distrito electoral. Cada diez años se realiza un censo de población, y a partir de esos datos los gobiernos estaduales vuelven a trazar las líneas para que los distritos sean aproximadamente iguales en cantidad de habitantes.

El problema no es la redistribución en sí misma sino cómo se realiza. Gerrymandering describe al proceso de manipulación de las líneas divisorias de los distritos para beneficiar a ciertos candidatos o a un partido. Es un fenómeno tan decisivo que algunos expertos consideran que el Partido Republicano podría retomar el control de la Cámara en 2022 basándose únicamente en las ganancias de los distritos que están dibujando.

A pesar del dominio demócrata sobre la Casa Blanca y el Congreso, el proceso de redistribución de distritos se realiza a nivel local. Son las asambleas de los estados, con la firma del gobernador, las que determinan los nuevos mapas electorales, y ahí los republicanos tienen mayores ventajas, sobre todo en lugares clave como Texas, Carolina del Norte o Florida.

Las regulaciones federales establecen cuáles son los procedimientos y la distribución en términos numéricos de los asientos a la Cámara de Representantes, pero no regulaciones sobre cómo deben ser trazados los distritos. Esa decisión corresponde a cada uno de los estados.

Elbridge Gerry, uno de los llamados Padres Fundadores y vicepresidente durante el gobierno de James Madison, cuando era gobernador de Massachusetts en 1812 dirigió un proceso de rediseño para garantizar el predominio de su partido. La forma de uno de los distritos fue comparada con una salamandra (salamander, en inglés), y un periódico de la época acuñó el término de “Gerry-mander”.

El propósito del gerrymandering es garantizar que ciertos distritos sean seguros para los candidatos de algún partido, o dividir el voto del partido contrario. Se han identificado dos técnicas fundamentales para ejecutarlo: cracking y packing (algo así como agrietamiento y empaque).

El agrietamiento separa a grupos de personas con características similares –posibles votantes del mismo partido– en varios distritos, para así dividir su voto. Mientras, con el empaque reúnen a ciertos grupos de votantes en el menor número de distritos posible. Por ejemplo, en algunos estados agrupan a poblaciones de ciertas minorías, como negros o latinos, en un único distrito. Ese distrito probablemente elija a un candidato demócrata, pero así garantizan que en el resto la posible mayoría blanca de clase media terminará escogiendo a políticos republicanos.

Es un ejemplo algo simplificado para ilustrar un tema extremadamente complejo, que habla de cuán amañadas pueden llegar a estar las elecciones en Estados Unidos, a pesar de ser otra la imagen que venden al mundo. Técnicamente no es “fraude” o “corrupción” porque son mecanismos que han legalizado.

Las quejas de los demócratas

Pero ellos mismos reconocen que el gerrymandering es profundamente antidemocrático. Lo han dicho sus propios políticos, incluido por ejemplo el expresidente Barack Obama. De acuerdo con CNN, en diciembre pasado, durante un evento de recaudación de fondos, criticó los esfuerzos republicanos para “dibujar mapas del Congreso que ahogan la voz de la gente común”. Aunque enfatizó la importancia de la redistribución de distritos, acusó al Partido Republicano de querer “controlar las legislaturas estaduales y las delegaciones del Congreso antes de que se emita un solo voto. No es así como se supone que funciona la democracia”.

En palabras del Centro Brennan para la Justicia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, “en lugar de que los votantes elijan a sus representantes, el gerrymandering permite a los políticos elegir a sus votantes”. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico y el acceso a los datos de los usuarios en redes sociales permiten identificar con mayor facilidad las preferencias de los votantes.

Si bien ambos partidos pueden utilizar esos mecanismos, en las últimas décadas son los republicanos quienes han sacado mayores ventajas. Según el Centro Brennan, por ejemplo, en 2016 los republicanos tomaron el control de aproximadamente 17 escaños en el Congreso que no habrían ganado sin el gerrymandering. El más reciente proceso de redistribución de distritos comenzó a finales del verano de 2021 verano después de que se publicaran los resultados del censo de 2020, y debe concluir antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Al tener la mayoría en varias asambleas locales, los republicanos controlan el proceso de redistribución en 187 escaños al Congreso, en comparación con 75 para los demócratas, según cifras del New York Times. Esa ventaja, combinada con la baja popularidad de Biden y la tendencia a que el partido en la Casa Blanca pierda las elecciones de medio término del primer mandato presidencial, podría ayudar a predecir lo que ocurrirá en la Cámara de Representantes en 2022, donde los demócratas tienen ahora mismo una mayoría pequeña: 221 escaños frente a 212 republicanos.

Independientemente de qué partido sea responsable de la manipulación, el problema es que para muchos ciudadanos estadounidenses su voto no cuenta. En 2020, el New York Times consideró que solo 61 de las 435 elecciones a la Cámara de Representantes fueron contiendas que ellos califican como “campo de batalla”. El resto eran distritos “seguros”.

Las minorías raciales, las más afectadas

Aunque el gerrymandering puede afectar a todos los estadounidenses, sus costos más notables son para las minorías, especialmente comunidades de afroamericanos, quienes también sufren diversos mecanismos de supresión del voto. Para eso han acuñado la frase “gerrymandering racial”. Carolina del Norte es uno de los estados más conocidos por llevar a cabo procedimientos de esa naturaleza.

En 2017, una decisión de la Corte Suprema conocida como Cooper vs. Harris confirmó que dos distritos del Congreso en Carolina del Norte clasificaban como “gerrymandering racial” y eran anticonstitucionales. Los dos distritos en cuestión –el 1 y el 12– se dibujaron en 2011, con poca coherencia geográfica, y agruparon a más votantes negros para diluir el impacto de su voto en otras localidades.

Pero no en todos sus pronunciamientos al respecto la Corte ha tenido posturas que defienden los derechos de la ciudadanía. En 2019, con una composición de jueces mucho más conservadores, argumentó que depende del Congreso y los cuerpos legislativos estaduales –no la Corte Suprema– restringir el partidismo excesivo en la redistribución de los distritos.

En los últimos años, estados como Carolina del Norte, Pensilvania, Texas o Utah, han sido escenario de reclamos contra la manipulación de los distritos, con acciones que van desde protestas ciudadanas hasta demandas en diferentes instancias judiciales.

Los más recientes datos del censo confirman que Estados Unidos es un país cada vez más diverso. Crecen las comunidades latinas, asiáticas y multiétnicas, mientras que la población considerada blanca disminuye sostenidamente. Sin embargo, fenómenos como el gerrymandering hacen que no aumente la representación política de esas minorías en ascenso.

“Es posible que veamos un retroceso en la representación de las minorías, a pesar del crecimiento de la población, y esperamos que esta sea un área de litigio significativo durante la década”, dijo a CNBC Adam Podowitz-Thomas, estratega legal del Proyecto de Gerrymandering de Princeton.

El fenómeno electoral en Estados Unidos es muy complejo, y seguramente regresaremos sobre el tema en este espacio, porque explicar todo su engranaje desborda las posibilidades de un artículo. Pero con lo visto hasta aquí podemos adelantar dos conclusiones.

Por una parte, se vislumbra un escenario difícil para los demócratas de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Y más allá de eso, el sistema electoral en Estados Unidos, desde el diseño de los Padres Fundadores, tiene múltiples mecanismos destinados a disminuir el impacto de la voluntad popular; el gerrymandering es uno de ellos.

¿Qué es la supresión del voto y a quiénes afecta?

“Una persona, un voto”, ha sido la aspiración y un lema de lucha para muchos estadounidenses. Tiene sentido el reclamo, si pensamos en el enredado sistema de Colegio Electoral que diluye la voluntad de las mayorías, y como consecuencia de lo cual, por ejemplo, en 2016 Donald Trump ganó la presidencia a pesar de haber obtenido menos votos populares que Hillary Clinton.

Sucede que no todos los votos tienen el mismo peso en el resultado final. Y eso en el caso de quienes logren llegar a las urnas. El problema es más grave para quienes son privados de ese derecho, un fenómeno que se conoce como supresión del voto y que es tan antiguo en Estados Unidos como la existencia misma del país.

Las conmemoraciones por el aniversario del natalicio de Martin Luther King esta semana estuvieron marcadas por reclamos contra la supresión del voto. La familia del luchador por los derechos civiles, asesinado en 1968, encabezó el lunes la marcha anual en Washington D.C. que rinde homenaje a su legado. En esta ocasión los participantes exigieron al Congreso aprobar una legislación que protegería el derecho al voto ante las maniobras de determinados sectores que buscan limitar la participación electoral.

Los demócratas en el Capitolio, con el apoyo de un Joe Biden deseoso de cumplir alguna de sus promesas de campaña, están impulsando dos proyectos de legislación: la “Ley de Libertad para Votar” y la “Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis”, que buscan eliminar algunas de las restricciones vigentes. Ampliarían la votación anticipada y por correo, convertirían el día de las elecciones en un feriado nacional y pondrían freno al gerrymandering, que manipula los distritos electorales.

Pero en un contexto de polarización creciente y partidismo dentro del Congreso, esos proyectos han chocado con el rechazo de los republicanos. La noche del 19 de enero pasado, esas propuestas fueron bloqueadas en el Senado. Y no se trata aquí de buenos ni malos sino de costo o beneficio para ambas partes. Los mecanismos de supresión del voto afectan más a algunas minorías, negros, latinos, mujeres, pobres, que suelen respaldar mayoritariamente a candidatos demócratas.

Un poco de historia

Este fenómeno tiene una larga historia, que podemos rastrear, como decía, hasta el surgimiento mismo de Estados Unidos como país independiente. We the people, la frase con la que inicia la Constitución, nunca incluyó a todas las personas.

Inicialmente podían votar solo los hombres blancos con propiedades, en un sistema electoral diseñado para perpetuar en el poder a ciertos sectores, en aquel momento a las elites sureñas. El requisito de propiedad se fue eliminando gradualmente, pero pasaron muchos años antes de que los negros y las mujeres pudieran emitir un voto. Ni hablar de los indios, despojados de sus tierras, que solo fueron considerados ciudadanos estadounidenses en 1924.

El primer escollo es que Estados Unidos no tiene una ley federal electoral. Por lo tanto, la forma en que se realiza todo el proceso depende de las regulaciones en cada uno de los estados. Como aclara el historiador Eric Foner, la Constitución no otorga explícitamente a nadie el derecho al voto; los estados determinan la elegibilidad, y sus reglas y procedimientos varían enormemente. Con el tiempo, algunas enmiendas constitucionales han tratado de impedir que los estados limiten el sufragio.

Después de la Guerra Civil, la Enmienda 15, ratificada en 1870, prohibió que los estados negaran el derecho a votar por motivos raciales. Años más tarde, en 1920, la Enmienda 19 posibilitó el voto para las mujeres. Pero en un escenario donde las elecciones y sus reglamentos son locales, se han desarrollado múltiples formas para limitar la participación.

La Enmienda 15 fue burlada con las llamadas “Leyes Jim Crow”, que institucionalizaron la segregación racial y la supremacía blanca con aquello de “separados pero iguales”. Muchos estados, sobre todo sureños, comenzaron a exigir desde pruebas de alfabetización hasta el pago de un impuesto para que las personas pudieran votar; una manera velada de impedir que afroamericanos o pobres ejercieran su derecho constitucional. También hubo mecanismos menos sutiles, como miembros del Ku Klux Klan y otros grupos de odio que impedían, con intimidación o con violencia armada, que potenciales votantes afroamericanos llegaran a las urnas.

Después de una larga lucha y casi cien años de historia, en 1965 se aprobó la Ley de Derecho al Voto. A partir de entonces, los mecanismos de supresión del voto se han transformado pero persisten, con el mismo objetivo que tienen desde su surgimiento: mantener en el poder a ciertos grupos impidiendo la participación de otros.

Un fallo de la Corte Suprema en el año 2013 anuló una parte clave de la histórica ley del 65, pues liberó a los estados del sur de la supervisión federal sobre sus leyes electorales. Se había establecido esa supervisión para evitar que los estados que habían tenido leyes Jim Crow utilizaran otros mecanismos para suprimir el voto negro. Pero la Corte decidió que esa regulación era innecesaria.

Los métodos actuales

Para que tengan una idea de lo que eso significa en la práctica, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) compartió un listado con algunos de los métodos utilizados actualmente para impedir que ciertas personas puedan votar.

Una de las formas más comunes es restringir los términos y requisitos del registro electoral; exigir documentos para probar la ciudadanía o la identificación, o limitar el período de tiempo en el cual los votantes pueden registrarse. Por ejemplo, de acuerdo con la ACLU, en 2011 Kansas defendió una ley que exigía a los habitantes mostrar documentos de “prueba de ciudadanía” para poder registrarse para votar, tales como un pasaporte o un certificado de nacimiento. Como resultado, la ley bloqueó los registros de más de 30 000 personas.

Otros estados van más allá, y han impuesto requisitos absurdos y sanciones severas para intimidar a los votantes. En Georgia, es delito ofrecer alimentos y agua a los votantes que hacen fila en las urnas, filas que en ese estado son habitualmente largas para las comunidades de afroamericanos donde hay menos centros de votación.

En algunos estados, las personas condenadas por algún delito no pueden votar, lo cual también afecta más a negros o latinos, quienes constituyen la mayoría de la población penal en ese país. Las elecciones son en un día laborable y han reducido las posibilidades para el voto anticipado y por correo. Hay que mencionar también el efecto de la redistribución de distritos electorales y gerrymandering.

De acuerdo con datos de la ACLU, algunos grupos se ven más afectados. Por ejemplo, los condados con poblaciones minoritarias más grandes tienen menos lugares de votación y trabajadores electorales por votante; el 25% de los estadounidenses negros en edad de votar no tienen una identificación con foto como exigen en algunos lugares; el 18% de los votantes con discapacidades físicas reportaron dificultades para votar en persona en 2020.

Son solo algunos ejemplos para ilustrar de forma sintética un fenómeno extremadamente complejo en Estados Unidos, un país que cuestiona sistemas electorales ajenos e incluso sanciona por ellos, mientras impide a millones de sus ciudadanos ejercer su derecho al voto.

(*) Profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana.