¿Lula para qué? Por Roberto Amaral | Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL)

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En este artículo el autor espera que frente al conflicto permanente y el desgarro del tejido social creado bajo el gobierno Bolsonaro, se promueva un programa de cambio que tenga como objetivo ‘construir una sociedad libre de conflictos de clases’.

En una carta a Celso Furtado, en 1967, Florestan Fernandes observó que “en Brasil, desde la independencia, las reformas liberales siempre han necesitado la aprobación de los conservadores” (Celso Furtado, Correspondência intelectual). Yo diría que estas reformas, que no siempre son modernizadoras, siempre han implicado reconciliarse con el atraso, evitar reformas esenciales o caracterizar erróneamente su papel renovador. Porque la conciliación es un instrumento que sirve a los intereses del bloque dominante. En este sentido, nuestra historia es ejemplar.

El poder real en Brasil

El maestro de la revolución burguesa en Brasil recuerda que la ruptura con el estatuto colonial y la instalación de la monarquía constitucional, una transacción de las élites nobles (y la conciliación es siempre un narcotráfico en el que prevalece la voluntad de la casa grande), fue hecho sin tener en cuenta los principios o ideas liberales, comprometió que las fuerzas dominantes estaban en la preservación del latifundio y sus intereses asociados, como la defensa de la propiedad y la esclavitud, hermanas siamesas.

Es decir, el avance tendría que ser siempre mínimo, solo el milímetro necesario para enfriar las tensiones, evitando cualquier perturbación en la arquitectura de la organización del poder. Así, y a través de tales artes, las “reformas liberales” fueron llevadas a cabo por conservadores, como en la abolición de la esclavitud, garantizando a la clase dominante la preservación del statu quo ante, cuya esencia era la intocabilidad del régimen de propiedad de la tierra.

En 1822, el Brasil colonial se proyectaba sobre el estado independiente y el latifundio sobreviviría en la República de los Plantadores. El poder gobernante sigue siendo el mismo; las alteraciones, mínimas, superficiales, operan por reiteración y acomodación, nunca por ruptura.

El miedo al cambio es el condimento de la política conciliatoria a través de la cual la clase dominante ata el choque social en el ambiente de la casona, que lo manipula: “La conciliación debilitó a muchos dirigentes y no se hizo en beneficio del pueblo y del país, sino por la defensa de los intereses minoritarios, ya que atravesó diferencias personales y no resolvió los problemas prácticos–reales del pueblo” (José Honório Rodrigues, Conciliação e Reforma no Brasil), simplemente porque el pueblo no es sujeto histórico.

Los cambios, traficados por una clase dominante que se aferra a la convicción de la continuidad, casi siempre se suman al pasado, rara vez lo suprimen.

El afán conservador de los «progresistas»

Nuestra historia es profundamente conservadora. Fuimos los últimos en el proceso de independencia, los últimos en abolir la esclavitud, la última monarquía. Hablamos de la reforma agraria desde al menos la frustrada Asamblea Constituyente de 1823, con el texto de José Bonifácio.

Volvamos a Florestan y a la carta referenciada: “El país –añade el maestro– acoge mejor las reformas necesarias, siempre que pierdan su carácter ideológico (y pocas veces lo tienen, como solemos llegar tarde: cuando aceptamos una idea nueva, ya no es más ideología, sino una tradición envejecida que está en proceso de ser reemplazada en los países de origen) y se puede implementar con la certeza de que no alterarán significativamente la rutina preestablecida […]”. Es decir, cuando deja de ser una idea de fuerza, un proyecto, un programa.

Un buen ejemplo del compromiso de la casa grande por preservar el pasado lo ofrece la resistencia de la vieja prensa en su defensa del neoliberalismo, a pesar de su fracaso mundial, y el rotundo desastre de su introducción entre nosotros por parte del aprendiz de brujo que aún está en el Ministerio de Economía.

En la segunda mitad de la década del 40 del siglo pasado, todavía estábamos discutiendo si el país debía tomar la opción industrial. La planificación gubernamental solo fue admitida cuando perdió el aire y los colores de la cultura marxista.

La necesidad de un sello conservador traspasa los límites de las “ideas liberales” y entra ahora en el terreno de las propuestas políticas. Un tema candente, el carácter de un eventual gobierno de centro-izquierda –la discusión que concierne a los intereses del pueblo brasileño– no tiene espacio en la prensa brasileña, no conquista a los políticos y menos a los “especialistas”, porque sería colocarlos inevitablemente en el orden del día del debate sobre la arquitectura del poder, el nudo gordiano de la política.

Se exorciza este tema, así como el carácter de las composiciones del partido, y en el espacio vacío se discute, por ejemplo, quién debería ser el vicepresidente en la futura lista del ex presidente Lula. Y el líder en apuestas hoy, dicen los medios, es Geraldo Alckmin. La candidatura del ex gobernador paulista se presenta como el sello conservador indispensable para viabilizar la candidatura del PT, que, a pesar de las lecciones ofrecidas por dos gobiernos (2003/2011), aún necesitaría pasaporte para circular por la paulista avenida. Faria Lima.

Es decir, muestra de nuestro abismal atraso político-ideológico, el llamamiento a una candidatura socialdemócrata basada en una dilatada trayectoria política y en la experiencia de ocho años en el gobierno carece aún del nihil obstat de sus opositores ideológicos para dejar de lado los miedos de los conservadores, sin cuyo apoyo el centro-izquierda no podría gobernar.

Es difícil de creer que la mera presencia de Alckmin en la fórmula presidencial es suficiente para establecer el modus de la convivencia civilizada entre conservadores y Lula, teniendo en cuenta que la vicepresidencia sí sola no garantiza el titular de cualquier tipo de capacidad de interferir en el gobierno. Mucho menos para dictarte pautas. Es más razonable creer que Faria Lima querrá discutir su proyecto de gobierno con el candidato.

20 años después, el momento ya no es el mismo

Sin embargo, dadas las características y condiciones de la candidatura de Lula, lo que se puede esperar (y más que nada, desear) es que esta discusión en torno a un programa de gobierno y otros compromisos políticos, con Alckmin o cualquier otro nombre, con los partidos y otras instituciones de la sociedad, pueda hacerse de la forma más amplia y transparente posible.

A pesar de la vergonzosa obviedad, hay que repetir mil veces que la historia no se repite. El próximo 2022 no guarda el más remoto recuerdo de los años 2002, y las condiciones que aguardan el eventual tercer mandato de Lula nada tienen que ver con las condiciones históricas que presidieron sus dos mandatos en 2003. Además de los evidentes cambios en la coyuntura internacional.

El escenario brasileño que se desarrolla para 2023 es histórica y sustancialmente diferente. Ya no se trata de recuperar el pacto democrático de desarrollo de la Nueva República de Ulises y Tancredo, sino de restaurar la democracia y reconstruir la nación, como proyecto. Antes de sentar las bases del país que queremos, es necesario salvar –política, económica e ideológicamente– el país que tenemos, el que vamos a heredar de la pesadilla pocketnarista, la recurrencia del 1 de abril de 1964.

Es evidente que, al contrario de los tiempos de hoy, que militan en el conflicto y el desgarro del tejido social, es necesario construir un consenso en torno a la salvación nacional. Desde un programa mínimo de emergencia, limitado a contener la hemorragia, se debe construir un programa de gobierno a largo plazo con la sociedad, que, con miras al desarrollo, tenga como objetivo construir una sociedad libre de conflictos de clases.

Pero, sabemos, éste es todavía un proyecto muy lejos de lo que, en las condiciones actuales, nos puede ofrecer la promesa de un futuro gobierno de Lula, con Alckmin, Joaquim o Manuel.

(*) Roberto Amaral es periodista, escritor, docente y ministro de Ciencia y Tecnología en el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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