Venezuela inicia el 6 de diciembre una nueva etapa Misión Verdad

En el último tiempo, el ecosistema de partidos opositores ha sufrido cambios y transformaciones agresivas. Los fracasos políticos permanentes del denominado G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo), instancia que ha coordinado los destinos del antichavismo desde hace varios años, ha abierto fisuras irreparables en su capacidad de liderazgo y conducción.

El G4 ha constituido históricamente el núcleo principal del golpismo en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos apostó por esta coalición como un instrumento para el “cambio de régimen”, lo que le permitió erigirse como el principal factor de unidad del espectro opositor venezolano.

Estos partidos de alcance nacional asumieron un rol central en la definición de estrategias, tanto a nivel político, insurreccional como institucional.

El apoyo de los medios de comunicación, sus redes de contactos con políticos estadounidenses y europeos de alto perfil y el ingente financiamiento recibido para apuntalar su posición de liderazgo, construyó la imagen artificial de una representación orgánica de un amplio sector opositor que confió en sus directrices.

Esta imagen se ha visto cuestionada en los últimos años tras cada fracaso político en el terreno. Los partidos del G4 caminaron en una agenda unificada en función de los intereses estadounidenses, pero al paso del tiempo han ido perdiendo credibilidad en el antichavismo, a lo que debe sumarse grandes episodios de crisis internas y fracturas irreconciliables entre sus principales liderazgos.

La capacidad de unificar criterios y de sostener la confianza política en el tiempo se ha visto erosionada luego de los fracasos del último ciclo político que inició en el año 2014.

Las promesas de “golpe rápido” para sacar al chavismo del poder, la sobreestimación de que el empuje internacional sería suficiente o la falsa creencia de que una mezcla de “sanciones”, operaciones terroristas e intentos de golpes de Estado alcanzarían para lograr los objetivos planteados, han chocado contra la realidad generando una desbandada en la militancia del G4, proceso que se ha visto acompañado por el nacimiento de alternativas moderadas y electoralistas en el antichavismo, derivando lógicamente en la fragmentación del ecosistema de partidos: tres grandes sectores con apuestas diferentes se ven mutuamente como amenazas existenciales.

Hitos de un fracasado devenir

El camino de fracasos y errores políticos que ha derivado en el cuadro actual de fragmentación y divisiones profundas viene de tiempo atrás, lo que hace necesario reconstruir algunos de sus hitos más importantes.

El golpe blando de 2014, la guerra económica de 2015 y 2016 y la amenaza de aplicación de la Carta Democrática de la OEA, fueron las principales ofertas políticas del G4 para convencer al antichavismo de que esta era la ruta correcta para vencer al chavismo. Todas estas estrategias fracasaron y generaron una sensación de vacío y falta de credibilidad que abrirían las primeras fisuras.

En el año 2017, una nueva operación de golpe blando se posicionó como la ruta final. Esta opción también fracasa tras la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y el clima de descrédito aumenta ante un nuevo fracaso.

Ese mismo año se convocan a elecciones de gobernadores, evento en que participan actores opositores del G4, específicamente del partido Acción Democrática. Cinco de ellos ganan las elecciones y se juramentan frente a la ANC, con lo cual se fracturó la unidad en torno a los partidos golpistas.

En las elecciones presidenciales de 2018, actores opositores periféricos del G4, visiblemente molestos por ser excluidos de sus principales espacios de decisión y viéndose marginados de la definición de estrategias, deciden participar en los comicios para acumular capital político y electoral y desafiar a la coalición tradicional. La fractura se profundiza y el G4 pierde centralidad como el único actor de poder del antichavismo.

A principios de 2020, diputados de Primero Justicia desafían el intento de Juan Guaidó de renovar su posición como presidente del Parlamento y juramentan a un nuevo jefe en la Junta Directiva. Este episodio profundiza la crisis en el G4 a niveles inéditos, abriendo paso a una desbandada de militantes de todas las organizaciones que concluirá, a mediados de año, en procesos judiciales exigidos por esos propios militantes para desplazar a la capa dirigente de los principales partidos del G4.

La estrategia abstencionista de los restos del G4 frente a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 ha consolidado el posicionamiento de las alternativas moderadas que han decidido participar. El costo político de participar en unas elecciones gestionadas por un CNE, que ha recibido ataques a su credibilidad durante años, representa el principal efecto búmeran al que se enfrenta el debilitado G4.

En ese marco, los partidos periféricos y actores históricamente excluidos por la dictadura del G4 buscan conquistar el espacio vacío dejado por Guaidó para alcanzar posiciones de poder e influencia social e institucional que desplacen definitivamente a los partidos tradicionales del golpismo.

Estos partidos excluidos, aprovechando la crisis del G4, buscan erigirse como una nueva conducción política del antichavismo.

Las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 abren la oportunidad para que aquellos sectores participen sin cortapisas de estrategias foráneas en la escena política venezolana.

Consecuencias del 6D en el G4

El 6 de diciembre quedará sellada el acta de defunción del denominado G4, élite que ha socavado la soberanía nacional y ha desestabilizado integralmente la vida social y política de la República.

Asimismo, las elecciones parlamentarias representan el episodio final de la guerra intestina entre partidos antichavistas que inició en el año 2017 con la instalación de la ANC.

Es decir, que de las elecciones del 6 de diciembre nacerá un nuevo ecosistema de partidos políticos de Venezuela, nuevas instancias de representación social y electoral, donde encontrarán voz y acompañamiento miles de personas que apuestan por opciones coherentes y pacíficas en el marco constitucional de la República.

Y la estrategia antichavista, por otra parte, se convirtió en una violenta campaña de ataque y confrontación contra la autoridad electoral venezolana, que ha terminado en un efecto búmeran: los partidos golpistas no pueden medirse electoralmente porque convencieron a sus seguidores de la supuesta inutilidad de los procesos electorales. Un tiro al pie.

La legitimidad de las instituciones políticas venezolanas, es decir, de sus representantes en el Parlamento y otros espacios de dirección del Estado, proviene de la votación popular, no del financiamiento de la Casa Blanca o de la red de contactos con políticos y poderes económicos extranjeros.

En ese sentido, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre representan una oportunidad para recuperar la democracia, en su sentido más original: el debate de ideas y propuestas en un marco con reglas de juego básicas y respetadas.

Pero también representan una oportunidad para sacar del juego, con votos, a todas las franquicias políticas que han hecho de la guerra, la confrontación inútil y el bloqueo su principal oferta política.

Cabe concluir que el Parlamento nacional es la casa de deliberación y producción de leyes del pueblo. Por ende, no hay espacio posible de representación para quienes atentan contra su propia naturaleza.

Guaidó será enterrado por los votos

Desde el año 2007, mediante el financiamiento de organizaciones ligadas a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) como, por ejemplo, la serbia CANVAS, se ha venido configurando una nueva élite dirigente del antichavismo.

Se trata de una nueva capa de “líderes” extraídos de las clases medias y altas de la sociedad venezolana, radicada en universidades privadas e identificada con los valores estadounidenses, la cual hizo su aparición en la escena nacional durante las protestas violentas desatadas luego de la no renovación de la concesión al canal privado RCTV por orden legal del Estado venezolano, medio que por demás fue agente del golpe en la primera década del siglo XXI.

Esa nueva generación de líderes fue entrenada durante años en Serbia, México y Colombia para asumir un rol dirigencial. Fue preparada en tácticas de protestas, propaganda y creación de movimientos insurreccionales para derrocar gobiernos, replicando la experiencia de las denominadas “revoluciones de colores” en Serbia y países de Europa del Este, ubicados anteriormente en el área de influencia estratégica de la extinta Unión Soviética.

Freddy Guevara, Yon Goicoechea, Juan Guaidó y otros “dirigentes” serían los principales productos políticos de esa línea de ensamblaje gestionada por Estados Unidos.

En principio, se trataba de construir una generación de relevo a los partidos y líderes tradicionales que sobrevivieron al ocaso de la Cuarta República. Estados Unidos necesitaba jóvenes moldeables, sin experiencia, en los cuales introyectar un espíritu anticomunista, neoliberal y de revancha permanente frente al chavismo.

En síntesis, necesitaba una nueva generación de políticos dóciles que se viera a sí mismo como brazo ejecutor de los valores, planes y necesidades de Estados Unidos como potencia. Necesitaba de una generación de relevo con profundo odio hacia la soberanía nacional de Venezuela.

Justamente en esta generación se apoyó la operación de “cambio de régimen” que se desplegó en 2014, cuando estos “líderes” juveniles asumieron el papel de rectores del antichavismo no solo en la promoción de protestas violentas, sino a nivel institucional, consolidando posiciones de mando en la Asamblea Nacional a partir de 2016.

Parlamento antirrepublicano

Este nuevo estamento de políticas proestadounidenses dominó políticamente el Parlamento nacional desde la victoria antichavista en diciembre de 2015. Desde este espacio impulsaron una agenda destituyente, de fractura institucional por arriba, y de socavamiento de las conquistas sociales y culturales de la Revolución Bolivariana aguas abajo.

Canalizaron las primeras acciones de desestabilización económica que luego escalarían en un férreo bloqueo económico, financiero y comercial gestionado por el gobierno de los Estados Unidos.

Se posicionaron como una factoría extranjera, revestida como una casa de representación de los intereses comerciales y financieros de Estados Unidos en Venezuela.

La posición dominante de esta nueva casta política en la Asamblea Nacional favoreció no solamente el choque de poderes, sino que legitimó acciones armadas, grupos terroristas, intentos de golpe de Estado y un sinfín de operaciones dirigidas a debilitar el tejido político-institucional, económico y social de la República.

Por último, la Asamblea Nacional se constituyó como la base de un “Estado paralelo” artificial, enfocado en la usurpación de funciones en todas las esferas del Estado, lo que incluyó principalmente las representaciones diplomáticas, la gestión de empresas y activos internacionales, el manejo de cuentas públicas en el extranjero, la gestión de litigios contra la República y el perfeccionamiento de las estrategias de bloqueo económico.

El Parlamento fue inutilizado y, en consecuencia, la generación de políticos pro estadounidenses actuaron con el objetivo de destrozar al país para conseguir un atajo viable de asalto al poder político.

Los sepultureros

El 6 de diciembre, pero sobre todo sus consecuencias, es una oportunidad histórica para recuperar las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional, tras cinco años de ser utilizada como una factoría de intereses extranjeros por parte del antichavismo.

Con ello el “proyecto Guaidó” será enterrado con la fuerza de los votos de los venezolanos. La casta política antichavista que manejó el Parlamento nacional desde 2016 perderá su principal espacio de poder e influencia en la política venezolana, lo cual abre el umbral para la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional.

Esa misma casta ligada a Guaidó utilizó el poder legislativo para apoderarse ilegalmente de empresas venezolanas en el extranjero, las cuales se han transformado en nidos de corrupción, tráfico de influencias y daños financieros para el país.

Por si aquello fuera poco, la saliente cohorte de la Asamblea Nacional ha contribuido a la profundización de la crisis económica al solicitar, gestionar y coordinar un conjunto de medidas coercitivas unilaterales y bloqueos contra las áreas sensibles de la economía venezolana. La institucionalidad venezolana fue manipulada por esa élite para dañar profundamente a la República, atentando contra sí misma y la estabilidad en general de Venezuela.

No en balde aquéllos le temen a una medición electoral y no creen en la democracia que tanto promocionan. Ellos consideran que la fuente de legitimidad del Parlamento proviene de la Casa Blanca y no de los votos del pueblo venezolano. Para pensar y actuar en función de esa idea fueron formados y entrenados por la CIA desde 2007.

Con las elecciones parlamentarias se abre un nuevo capítulo de la política venezolana, y con suerte dará pie a una nueva generación de políticos más cercanos a los intereses venezolanos y menos atraído por los estadounidenses.