Venezuela expulsa a embajadora de Unión Europea por injerencista Fabrizio Casari/ La Primerísima

Setenta y dos horas. Este es el tiempo que el gobierno venezolano ha dado a Isabel Brilhante, jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas, para abandonar el país. La paciencia de los herederos de Bolívar y Chávez hacia una Unión Europea incapaz de hacer política y reacia a aprender las leyes de la diplomacia termina con una sonora expulsión. La medida venezolana se ha hecho necesaria tras las sanciones impuestas de forma ilegítima e ilegal por Bruselas contra 19 altos cargos del gobierno de Caracas.

Según Bruselas, los destinatarios de las sanciones han “colaborado en actos y decisiones que sacuden el Estado de Derecho desde sus cimientos y como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos). El tema de los derechos humanos se ha convertido ahora en la farsa con la que el decadente imperio, hijo de Abu Ghraid y Guantánamo, motiva su ansiedad por golpear a los opositores políticos. En cuanto a la UE, que no expresa una posición sino sólo una actitud, la motivación -al igual que la decisión- tiene un alto grado de hipocresía colonialista.

Las bases del Estado de Derecho, en Venezuela como en cualquier otro país del mundo, se consolidan con el acceso de los ciudadanos a las urnas y la libre expresión del voto. En Venezuela, gobierna el partido que ha ganado las elecciones. La UE rechazó la observación electoral de 2020 en Venezuela, diciendo desde antes de la votación que las elecciones eran “poco creíbles y transparentes”, como si fuera la UE la que pudiera decidir qué elecciones son libres y cuáles no, para establecer los parámetros adecuados para la democracia. Tal vez mientras se arrodilla ante los monarcas europeos y rinde homenaje a los regímenes fascistas de Hungría y Polonia.

Pero el plan de EE.UU. y de la UE no salió bien. En las elecciones de 2020, los partidos de la oposición -AD, Copei, CMC, Avanzada Progresista y El cambio- desobedecieron las instrucciones de Washingron y Bruselas de no participar en la votación para poder calificarla de “farsa” y se plantaron reclamando su autonomía para decidir su papel político e institucional. Obtuvieron cerca del 20% de los votos, lo que complicó mucho los planes coloniales.

Porque a pesar de las amenazas e incluso en presencia de una fuerte abstención, fruto del cansancio de un país asediado, las elecciones se habían celebrado y se habían anotado varios puntos a favor de los bolivarianos: la participación en la votación, aunque no fuera la más alta históricamente, había sido suficiente en deferencia a la Constitución; el porcentaje obtenido por la oposición aseguraba la legitimidad electoral y la credibilidad política a la votación; la nueva Asamblea privaba a Juan Guaidò del único cargo jamás obtenido (ilegítimamente, por otra parte) de Presidente de la Asamblea y dejaba a EEUU y a la UE sin nada en sus manos. Guaidò había sido defenestrado por la misma oposición que ahora tiene su propio representante al frente del Parlamento. Así que si reconocerlo como presidente interino hubiera resultado un fiasco total (57 países de los 193 representados en las Naciones Unidas), ahora esos mismos 57 habrían abandonado al falso presidente a su suerte. Y de hecho varios países, entre ellos Alemania e incluso Panamá, ya han dado la patada a Guaido. De este modo, el alboroto estadounidense y europeo ha llegado a su fin, y es aquí donde la irritación colonial liderada por los monárquicos españoles, que pueden contar con el apoyo de los campeones de la democracia en Hungría y Polonia, ha perdido toda la razón.

Las fantasías tardocoloniales de Bruselas

La escalada de agresividad europea hacia Venezuela viene de principios de la década de 2000, pero el pico de hostilidad se alcanzó en febrero de 2019, cuando la UE decidió no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. En una operación de farsa, violando las normas básicas del Derecho Internacional, un país extranjero decidió cuál era el presidente legítimo, designado no por los venezolanos sino vía Twitter por el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien propuso una versión moderna de William Walker. Juan Guaido, un político de poca monta de un partido minúsculo que fue proyectado al teatro de la política internacional más allá de su imaginación y ambición, fue elegido para el ridículo puesto. Guaidò, además de haber representado una de las caídas más bajas en la historia del Derecho Internacional desde la primera mitad del siglo XX hasta hoy, resultó ser un ladrón de fondos y amigo de los narcos colombianos. La UE pensó en reconocer a este campeón como presidente y, si no lo consiguió formalmente, fue sólo por la oposición del gobierno italiano (por el exclusivo mérito de las 5 estrellas) que impidió la votación unánime y por tanto la ignominia europea del reconocimiento de un presidente que nunca fue candidato y nunca fue elegido por nadie más que un twuitt de un ciudadano estadounidense.

Guaidò se ha convertido en el emblema del ridículo en todo el mundo, pero la UE sigue apoyándolo, aunque con creciente vergüenza. No porque crea que puede jugar un papel político (dado que la misma oposición al chavismo lo desprecia) sino porque necesita utilizarlo como justificación para aumentar progresivamente la presión sobre Caracas.

La idiotez europea hacia Venezuela se alimenta de la idiotez española, sin importar el tono del gobierno. Quien impute un papel político a España estaría cometiendo un error. Popular o Psoe, Vox o Podemos, poco importa: el gobierno español es una mezcla de nostalgia colonial y necesidades energéticas. Ninguna tentación de ejercer un papel político digno de ese nombre, sólo la convicción de que puede disponer de su papel de colonia fuera de tiempo con toda la arrogancia posible y, al mismo tiempo, obedecer las exigencias de venganza de Repsol, expulsada de Venezuela hace años por negarse a actualizar las regalías de las exportaciones de crudo. Además, el gobierno español no olvida cómo el Comandante Chávez hizo de la presencia de España en el continente poco más que un residuo postcolonial, habiendo vaciado de sentido el papel de Madrid en el Mercosur.

También hay un aspecto que se refiere al desprecio de Madrid por las leyes, normas e instituciones de los países latinoamericanos. De hecho, Madrid ha elegido a la parte fascista de la oposición venezolana como su interlocutor privilegiado. El golpista Leopoldo López fue refugiado primero en la embajada española en Caracas, donde se había refugiado el conejo nazi tras el fracaso del golpe, y luego llevado como un paquete a Madrid donde fue recibido con todos los honores. Esto plantea cuestiones inquietantes sobre el uso, cuando menos, despreocupado que Europa en general y España en particular asignan a sus embajadas, ahora cada vez más activas en los procesos de desestabilización de los países latinoamericanos progresistas.

Nos tomamos la libertad de preguntar: ¿qué hubiera pasado si Caracas hubiera ayudado a escapar a un dirigente de ETA y luego lo hubiera expatriado? ¿O si financiara y apoyara abiertamente las reivindicaciones vascas y catalanas? Estamos seguros de que se llamaría “complicidad con el terrorismo” o “injerencia indebida en los asuntos internos de España”, ¿no? Entonces, ¿por qué lo que se aplica a España no se aplica a todos los demás? ¿La más pútrida de las monarquías existentes en el planeta hace reclamaciones con el Derecho Internacional?

Como señaló Jorge Arreaza, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, ya son 55 las medidas sancionadoras que la Unión Europea está aplicando contra Venezuela y ello sin ni siquiera la pizca de un procedimiento creíble. Sin embargo, es creíble la expulsión del embajador europeo. Una decisión grave y dolorosa para Caracas, fruto de una maniática y arrogante hostilidad europea que si no se tolera ni siquiera frente a una potencia, mucho menos frente a un conglomerado de impotencia.